18/12/2015
Las grandes superficies pedirán al juez que suspenda la restricción de la libertad horaria
Las grandes superficies pedirán al juez la suspensión cautelar de la restricción de la libertad horaria comercial, inicialmente de la aprobada en Alicante, que adelantó ayer LAS PROVINCIAS, y también la de Valencia si finalmente sale adelante la propuesta del equipo de gobierno de Joan Ribó de restringir las aperturas en domingos y festivos, actualmente permitidas en cinco zonas de la ciudad, a un perímetro de 1.000 metros alrededor de la Lonja, dejando fuera el Mercado Central, la Plaza de la Reina y el área más allá de San Vicente Mártir, como la calle Colón y adyacentes.
En caso de ser aceptada, esa medida cautelar supondría que mientras los tribunales deciden seguirían vigentes los permisos de apertura aprobados en la legislatura anterior y la modificación de éstos «podría quedar suspendida hasta cuatro o cinco años, si se llega al Supremo».
Así lo señaló ayer el representante de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Carlos Alfonso, en la reunión del Consell Local del Comerç en la que se debatió la reducción que plantea el gobierno municipal con el argumento de que esa propuesta «se adapta a lo que estipula la ley estatal, que exige un mínimo de una zona que sea de gran afluencia turística», y se enmarca en su apuesta por fomentar la conciliación familiar-laboral y el empleo del comercio de proximidad.
21.000 firmas y 400 correos
Al comienzo de la sesión, el edil Carlos Galiana presentó a los miembros de este órgano consultivo 21.000 firmas y 400 correos electrónicos de trabajadores que aseguró haber recibido esta semana y leyó uno acerca de «una familia en la que los niños nunca pueden desayunar los fines de semana con sus padres y no pueden hacer nunca ningún tipo de actividad juntos», lo que suscitó críticas entre algunos participantes.
Frente al argumento municipal de que se acogen, como criterio objetivo, a ceñirse al único bien declarado Patrimonio de la Humanidad en la ciudad, las grandes superficies defienden la libertad horaria y proponen, por ejemplo, establecer perímetros en torno a los más de 40 Bienes de Interés Cultural (BIC) de Valencia, algo que descartó Galiana.
En esa situación, desde Anged subrayan su «voluntad de consensuar y negociar otras alternativas», pero advierten de que «si finalmente ésa es la única alternativa que dejan, como en Alicante», se verán «en la obligacion de recurrir a los tribunales» lo que consideran «una propuesta legal, pero dictada en fraude de ley porque pretende burlar la ley de horarios que, al establecer las Zonas de Gran Afluencia, permitía que las grandes superficies puedan abrir en epocas turisticas», según explica a este diario su portavoz en ese encuentro, en el que los mensajes en favor de buscar un consenso fueron mayoritarios. En él, el concejal citó al sector el próximo día 29 para llevar a cabo un «debate concluyente previo a la elevación de una propuesta definitiva a la Dirección General de Comercio», que podría validarla en menos de un mes para que entrase en vigor en enero.
El director general de Comercio, Natxo Costa, miembro de ese consejo y al que compete firmar la resolución que valida la decisión municipal, recogió el guante y garantizó que «si hay una postura consensuada, que cumpla los requisitos, se avalará desde la Conselleria».
Eso sí, recalcó en ese foro que tienen «plenas garantías» de que la reducción impulsada por el tripartito alicantino, y validada por su departamento, «es legal y ajustada a derecho» y se mostró seguro de que los tribunales les darán la razón e, incluso, de que no atenderán la petición de suspensión cautelar anunciada por las grandes superficies.
A falta de concretar propuestas de cara al día 29, los agentes del sector se inclinan por buscar soluciones negociadas que eviten frentes judiciales y preservar los puestos de trabajo, entre ellos Cámara Valencia, que confía en que «pueda haber una ampliación, si es sensata, porque hay voluntad de las partes».
las provincias
En caso de ser aceptada, esa medida cautelar supondría que mientras los tribunales deciden seguirían vigentes los permisos de apertura aprobados en la legislatura anterior y la modificación de éstos «podría quedar suspendida hasta cuatro o cinco años, si se llega al Supremo».
Así lo señaló ayer el representante de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Carlos Alfonso, en la reunión del Consell Local del Comerç en la que se debatió la reducción que plantea el gobierno municipal con el argumento de que esa propuesta «se adapta a lo que estipula la ley estatal, que exige un mínimo de una zona que sea de gran afluencia turística», y se enmarca en su apuesta por fomentar la conciliación familiar-laboral y el empleo del comercio de proximidad.
21.000 firmas y 400 correos
Al comienzo de la sesión, el edil Carlos Galiana presentó a los miembros de este órgano consultivo 21.000 firmas y 400 correos electrónicos de trabajadores que aseguró haber recibido esta semana y leyó uno acerca de «una familia en la que los niños nunca pueden desayunar los fines de semana con sus padres y no pueden hacer nunca ningún tipo de actividad juntos», lo que suscitó críticas entre algunos participantes.
Frente al argumento municipal de que se acogen, como criterio objetivo, a ceñirse al único bien declarado Patrimonio de la Humanidad en la ciudad, las grandes superficies defienden la libertad horaria y proponen, por ejemplo, establecer perímetros en torno a los más de 40 Bienes de Interés Cultural (BIC) de Valencia, algo que descartó Galiana.
En esa situación, desde Anged subrayan su «voluntad de consensuar y negociar otras alternativas», pero advierten de que «si finalmente ésa es la única alternativa que dejan, como en Alicante», se verán «en la obligacion de recurrir a los tribunales» lo que consideran «una propuesta legal, pero dictada en fraude de ley porque pretende burlar la ley de horarios que, al establecer las Zonas de Gran Afluencia, permitía que las grandes superficies puedan abrir en epocas turisticas», según explica a este diario su portavoz en ese encuentro, en el que los mensajes en favor de buscar un consenso fueron mayoritarios. En él, el concejal citó al sector el próximo día 29 para llevar a cabo un «debate concluyente previo a la elevación de una propuesta definitiva a la Dirección General de Comercio», que podría validarla en menos de un mes para que entrase en vigor en enero.
El director general de Comercio, Natxo Costa, miembro de ese consejo y al que compete firmar la resolución que valida la decisión municipal, recogió el guante y garantizó que «si hay una postura consensuada, que cumpla los requisitos, se avalará desde la Conselleria».
Eso sí, recalcó en ese foro que tienen «plenas garantías» de que la reducción impulsada por el tripartito alicantino, y validada por su departamento, «es legal y ajustada a derecho» y se mostró seguro de que los tribunales les darán la razón e, incluso, de que no atenderán la petición de suspensión cautelar anunciada por las grandes superficies.
A falta de concretar propuestas de cara al día 29, los agentes del sector se inclinan por buscar soluciones negociadas que eviten frentes judiciales y preservar los puestos de trabajo, entre ellos Cámara Valencia, que confía en que «pueda haber una ampliación, si es sensata, porque hay voluntad de las partes».
las provincias
