10/03/2016
Educación dejará que cualquier centro tenga jornada continua en septiembre
La conselleria endurece los requisitos para modificar el horario, que se autorizará para tres cursos y precisará del apoyo mayoritario de las familias
La Conselleria de Educación presentará mañana a los sindicatos la normativa que permitirá aplicar en septiembre la jornada continua de mañana a cualquier colegio público o concertado siempre que cumplan los requisitos fijados. Es el nuevo capítulo de una historia que se prolonga varios cursos, pues fueron muchos los amagos de los anteriores gestores populares en este sentido, aunque sólo se llegaron a concretar en un proyecto experimental autorizado en una treintena de escuelas. La idea era valorar cómo afectaba al rendimiento de los alumnos antes de generalizarla, un paso que nunca llegó.
El borrador plantea en realidad la posibilidad de impulsar un «plan específico de organización de la jornada escolar». Es decir, abre la puerta a la jornada continua aunque también a modelos mixtos, de manera que haya días en los que sólo se programen clases por la mañana y otros en los que se mantengan las vespertinas. Esta planificación deberá superar numerosos filtros, entre ellos, una votación en la que los padres y las madres deberán dar su apoyo mayoritario a la propuesta.
Según se desprende del borrador de la orden, se exigirá al menos el voto favorable del 55% del censo del colegio. Es un requisito algo más exigente que el aplicado en el proyecto experimental. En este se pedía una participación mínima del 51% del total y un respaldo del 85%. En un colegio de cien padres, por ejemplo, saldría adelante con 43 o 44 apoyos. Con el modelo planteado ahora serían necesarios 55.
A diferencia del plan experimental, también se exige el visto bueno del Ayuntamiento al plan horario, además del respaldo de dos tercios del Consejo Escolar del centro y del claustro docente. Y lógicamente deberá pronunciarse la Dirección General de Política Educativa y la inspección. La autorización final tendrá una vigencia de tres cursos académicos, y agotado el periodo la administración impulsará una evaluación externa para verificar «su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los resultados obtenidos por el alumnado». En caso de permitirse la renovación será necesario iniciar todo el proceso otra vez, votación de padres incluida.
El programa debe plantear mejoras en el ámbito pedagógico, de convivencia, de coeducación e igualdad de género y en cuanto a la conciliación familiar y el fomento de la salud. Se obligará a los centros interesados a mantener el centro abierto hasta las 17 horas, de manera que el periodo tras el fin de las clases y el comedor se cubra con actividades complementarias gratuitas y de participación voluntaria para las familias. Estas, según la orden, deberán ser «inclusivas, contribuir a la normalización del valenciano, atender a la diversidad y no fomentar el sexismo, la agrupación por sexos ni la perpetuación de roles o modelos de masculinidad/feminidad preestablecidos». La atención fuera del horario lectivo deberá estar garantizada mediante la participación del claustro, del Ampa, del ayuntamiento o de asociaciones sin ánimo de lucro, y será obligatorio mantener los servicios de comedor y transporte siempre que se estuvieran prestando antes del pedir el cambio. Por regla general, las clases deberán empezar a las nueve de la mañana.
Además, mientras duren las actividades será obligatorio que permanezcan en el centro un miembro del claustro y otro del equipo directivo. En cuanto al profesorado, todos deberán dedicar cuatro horas complementarias (incluidas en su jornada laboral) a tareas de coordinación en el propio centro durante al menos dos tardes a la semana.
El borrador plantea que el nuevo régimen horario sea una realidad ya el próximo curso, aunque será en junio cuando se conozcan las autorizaciones. No es un asunto baladí, pues los plazos previstos harán que haya familias que elijan centro durante la admisión sin conocer la modalidad definitiva.
Primeras críticas
Las primeras reacciones al borrador llegaron ayer de la mano del sindicato Anpe, que se ha distinguido por reivindicar la jornada continua. La organización consideró que es una normativa «intervencionista» y que «vulnera los derechos laborales de los docentes». Por ejemplo se criticó que no se permita una organización basada en la autonomía del centro al exigir el apoyo del ayuntamiento, y también la obligación de permanencia del profesorado durante al menos dos tardes. Además, cargó contra la exigencia de que el comedor termine como muy tarde a las tres de la tarde. El argumento es que si las clases finalizan a las dos, aquellos con doble turno difícilmente podrán cumplir el requisito.
las provincias
El borrador plantea en realidad la posibilidad de impulsar un «plan específico de organización de la jornada escolar». Es decir, abre la puerta a la jornada continua aunque también a modelos mixtos, de manera que haya días en los que sólo se programen clases por la mañana y otros en los que se mantengan las vespertinas. Esta planificación deberá superar numerosos filtros, entre ellos, una votación en la que los padres y las madres deberán dar su apoyo mayoritario a la propuesta.
Según se desprende del borrador de la orden, se exigirá al menos el voto favorable del 55% del censo del colegio. Es un requisito algo más exigente que el aplicado en el proyecto experimental. En este se pedía una participación mínima del 51% del total y un respaldo del 85%. En un colegio de cien padres, por ejemplo, saldría adelante con 43 o 44 apoyos. Con el modelo planteado ahora serían necesarios 55.
A diferencia del plan experimental, también se exige el visto bueno del Ayuntamiento al plan horario, además del respaldo de dos tercios del Consejo Escolar del centro y del claustro docente. Y lógicamente deberá pronunciarse la Dirección General de Política Educativa y la inspección. La autorización final tendrá una vigencia de tres cursos académicos, y agotado el periodo la administración impulsará una evaluación externa para verificar «su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los resultados obtenidos por el alumnado». En caso de permitirse la renovación será necesario iniciar todo el proceso otra vez, votación de padres incluida.
El programa debe plantear mejoras en el ámbito pedagógico, de convivencia, de coeducación e igualdad de género y en cuanto a la conciliación familiar y el fomento de la salud. Se obligará a los centros interesados a mantener el centro abierto hasta las 17 horas, de manera que el periodo tras el fin de las clases y el comedor se cubra con actividades complementarias gratuitas y de participación voluntaria para las familias. Estas, según la orden, deberán ser «inclusivas, contribuir a la normalización del valenciano, atender a la diversidad y no fomentar el sexismo, la agrupación por sexos ni la perpetuación de roles o modelos de masculinidad/feminidad preestablecidos». La atención fuera del horario lectivo deberá estar garantizada mediante la participación del claustro, del Ampa, del ayuntamiento o de asociaciones sin ánimo de lucro, y será obligatorio mantener los servicios de comedor y transporte siempre que se estuvieran prestando antes del pedir el cambio. Por regla general, las clases deberán empezar a las nueve de la mañana.
Además, mientras duren las actividades será obligatorio que permanezcan en el centro un miembro del claustro y otro del equipo directivo. En cuanto al profesorado, todos deberán dedicar cuatro horas complementarias (incluidas en su jornada laboral) a tareas de coordinación en el propio centro durante al menos dos tardes a la semana.
El borrador plantea que el nuevo régimen horario sea una realidad ya el próximo curso, aunque será en junio cuando se conozcan las autorizaciones. No es un asunto baladí, pues los plazos previstos harán que haya familias que elijan centro durante la admisión sin conocer la modalidad definitiva.
Primeras críticas
Las primeras reacciones al borrador llegaron ayer de la mano del sindicato Anpe, que se ha distinguido por reivindicar la jornada continua. La organización consideró que es una normativa «intervencionista» y que «vulnera los derechos laborales de los docentes». Por ejemplo se criticó que no se permita una organización basada en la autonomía del centro al exigir el apoyo del ayuntamiento, y también la obligación de permanencia del profesorado durante al menos dos tardes. Además, cargó contra la exigencia de que el comedor termine como muy tarde a las tres de la tarde. El argumento es que si las clases finalizan a las dos, aquellos con doble turno difícilmente podrán cumplir el requisito.
las provincias
