26/04/2016
Derogar el derecho civil valenciano obligará a costearse notarios e informes psicosociales
Los matrimonios que deseen separación de bienes deberán obtener una capitulación notarial y los padres que pidan la custodia compartida, un documento técnico
La derogación de las normas valencianas de derecho civil que regulan relaciones de familia como el régimen económico de los matrimonios, la custodia de los hijos en caso de separación y las parejas de hecho y su estatus legal tendrá costes para los residentes en la Comunitat. Y no sólo porque su más que probable supresión origine inseguridad jurídica a los afectados y suponga la retirada a los valencianos de competencias para legislar en materia civil. La supresión de las leyes de familia que, posiblemente, dictamine el Tribunal Constitucional durante la primera semana de mayo también obligará a los valencianos a rascarse el bolsillo.
En concreto, y si finalmente el alto tribunal atiende los recursos del Gobierno central y declara inconstitucional la Ley 10/2007 de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, los nuevos matrimonios se contraerán, por defecto, bajo el régimen de gananciales, fórmula apenas empleada en la actualidad, en lugar de con la opción de separación de bienes, por la que se viene decantando la gran mayoría de las parejas que se casa. Este cambio en la legislación, por tanto, obligaría a los contrayentes que quieran la separación de bienes a recurrir a un notario para suscribir una capitulación, lo que supone un coste económico inexistente hasta ahora.
En el caso de que el TC también derogue la Ley 5/2011 de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, conocida como de custodia compartida, la problemática surge cuando no haya acuerdo entre los padres del menor. En concreto, según explicó el abogado especialistas en la materia, Ximo Ivars, «sin la ley, si un progenitor reclama la custodia compartida deberá justificar con un informe que es la mejor opción para los niños implicados, documento que hay que costearlo». En el caso de Valencia, y si se solicita al juzgado, este informe es gratuito, aunque hay que esperar unos seis meses, mientras en el resto de municipios que carecen de gabinete psicosocial «sí que hay que costearlo», añadió. Asimismo, Ivars señaló que, en estos casos, la decisión final queda a la discrecionalidad del juez, amparada en el artículo 92 del Código Civil. Además, para parejas separadas que cuenten con la custodia compartida después de un proceso contencioso se abriría la puerta a que consideren que su caso pueda ser revisable y planteen un nuevo pleito.
Sobre ello, la presidenta de la asociación Custodia compartida ya, Pilar Marco, se pregunta también si «se tirarán para atrás» las custodias compartidas amparadas en la ley que posiblemente derogue el Constitucional. Se cuestiona además sobre qué pasará con las parejas que se hayan divorciado en este tiempo. «¿Y si una parte recurre?», indicó.
En este punto, alertó de la posibilidad de que regresen problemas sociales derivados de los matrimonios en régimen de gananciales y de las custodias de los hijos para uno de los progenitores (normalmente la madre) en caso de divorcio. Puso como ejemplo un caso tipo que se reproduce de forma habitual: mujeres mayores de 50 años que no han podido desarrollar su carrera profesional al quedar al cuidado de los hijos y que se han quedado sin pensión alimenticia, al cumplir estos la mayoría de edad; y tienen que liquidar el usufructo del domicilio familiar en el que han vivido mientras los niños eran menores. «Estamos viendo verdaderas desgracias porque no les avisaron de que esto era pan para hoy y hambre para mañana», situaciones que podrían volver a reproducirse con la derogación de las citadas normas.
Marco explicó que, en las separaciones, los progenitores suelen adoptar posturas egoístas con el objetivo de pasar el mayor tiempo posible con sus hijos, «pero necesitamos una ley que nos diga que los niños nos necesitan a ambos». Por ello, no entiende la postura adoptada por el PSOE en contra de la custodia compartida. «Supone una liberación para las mujeres, les facilita que trabajen y su desarrollo personal; y obliga al hombre a que asuma su responsabilidad», resumió.
Por último, también depende de la decisión del TC la continuidad de la Ley 5/2012 de 15 de octubre, de Uniones de Hecho. Tanto Ivars como Marco coinciden en señalar que supone un desamparo y una inseguridad jurídica la desaparición de la norma para estas parejas; situación que se agrava todavía más en el caso de separaciones con hijos.
las provincias
En concreto, y si finalmente el alto tribunal atiende los recursos del Gobierno central y declara inconstitucional la Ley 10/2007 de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, los nuevos matrimonios se contraerán, por defecto, bajo el régimen de gananciales, fórmula apenas empleada en la actualidad, en lugar de con la opción de separación de bienes, por la que se viene decantando la gran mayoría de las parejas que se casa. Este cambio en la legislación, por tanto, obligaría a los contrayentes que quieran la separación de bienes a recurrir a un notario para suscribir una capitulación, lo que supone un coste económico inexistente hasta ahora.
En el caso de que el TC también derogue la Ley 5/2011 de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, conocida como de custodia compartida, la problemática surge cuando no haya acuerdo entre los padres del menor. En concreto, según explicó el abogado especialistas en la materia, Ximo Ivars, «sin la ley, si un progenitor reclama la custodia compartida deberá justificar con un informe que es la mejor opción para los niños implicados, documento que hay que costearlo». En el caso de Valencia, y si se solicita al juzgado, este informe es gratuito, aunque hay que esperar unos seis meses, mientras en el resto de municipios que carecen de gabinete psicosocial «sí que hay que costearlo», añadió. Asimismo, Ivars señaló que, en estos casos, la decisión final queda a la discrecionalidad del juez, amparada en el artículo 92 del Código Civil. Además, para parejas separadas que cuenten con la custodia compartida después de un proceso contencioso se abriría la puerta a que consideren que su caso pueda ser revisable y planteen un nuevo pleito.
Sobre ello, la presidenta de la asociación Custodia compartida ya, Pilar Marco, se pregunta también si «se tirarán para atrás» las custodias compartidas amparadas en la ley que posiblemente derogue el Constitucional. Se cuestiona además sobre qué pasará con las parejas que se hayan divorciado en este tiempo. «¿Y si una parte recurre?», indicó.
En este punto, alertó de la posibilidad de que regresen problemas sociales derivados de los matrimonios en régimen de gananciales y de las custodias de los hijos para uno de los progenitores (normalmente la madre) en caso de divorcio. Puso como ejemplo un caso tipo que se reproduce de forma habitual: mujeres mayores de 50 años que no han podido desarrollar su carrera profesional al quedar al cuidado de los hijos y que se han quedado sin pensión alimenticia, al cumplir estos la mayoría de edad; y tienen que liquidar el usufructo del domicilio familiar en el que han vivido mientras los niños eran menores. «Estamos viendo verdaderas desgracias porque no les avisaron de que esto era pan para hoy y hambre para mañana», situaciones que podrían volver a reproducirse con la derogación de las citadas normas.
Marco explicó que, en las separaciones, los progenitores suelen adoptar posturas egoístas con el objetivo de pasar el mayor tiempo posible con sus hijos, «pero necesitamos una ley que nos diga que los niños nos necesitan a ambos». Por ello, no entiende la postura adoptada por el PSOE en contra de la custodia compartida. «Supone una liberación para las mujeres, les facilita que trabajen y su desarrollo personal; y obliga al hombre a que asuma su responsabilidad», resumió.
Por último, también depende de la decisión del TC la continuidad de la Ley 5/2012 de 15 de octubre, de Uniones de Hecho. Tanto Ivars como Marco coinciden en señalar que supone un desamparo y una inseguridad jurídica la desaparición de la norma para estas parejas; situación que se agrava todavía más en el caso de separaciones con hijos.
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