03/06/2016
Juristas contradicen a Sanidad y afirman que sí se pueden hacer prácticas en hospitales públicos
Los expertos recalcan que el Real Decreto no distingue entre universidades públicas y privadas
La opinión de expertos jurídicos y del Ministerio de Educación contradice los planteamientos que han llevado a las consellerias de Sanidad y Educación que veta a los alumnos de las universidades privadas a realizar prácticas de las carreras de Ciencias de la Salud en los hospitales públicos de la Comunitat. Especialistas en Derecho consultados por LAS PROVINCIAS explican que el Real Decreto 420/2015 al que el Consell anunció que se tiene que adaptar no excluye a las instituciones académicas privadas de la posibilidad de convenios para la realización de prácticas en centros sanitarios públicos en tanto que no establece distinciones.
El Ministerio de Educación aseguró que «no hay ningún impedimento para establecer convenios entre universidades privadas y hospitales públicos». A ello añadió que «en toda España» existen ejemplos de «prácticas de las privadas en hospitales públicos y «nunca ha habido ningún problema». El departamento del Gobierno sostiene que el Real Decreto establece «la posibilidad de convenio». Se apoya en el punto del anexo segundo en el que se afirma que «las universidades deberán contar al menos con un hospital y tres centros de atención primaria (de titularidad pública o privada) con base en un concierto en el caso de las universidades públicas o en un convenio en el de las universidades privadas».
Menciona también que se contempla que un «hospital universitario sólo podrá estar vinculado por concierto o convenio a una universidad para la impartición de una misma titulación» y que a continuación establece que «excepcionalmente, con la finalidad exclusiva de la realización de prácticas y con base en convenios específicos, podrá haber estudiantes de otras universidades». Ante ello, apuntaron que no se distingue entre «públicas y privadas».
Al criterio del ministerio se añade el de varios expertos jurídicos. Uno de los especialistas en asuntos de consultado por LAS PROVINCIAS apuntó que «el Real Decreto no distingue entre pública y privada». Y de ello se desprende que «no hay exclusión de la privada».
A esta opinión se añade la de un experto en Derecho Administrativo al apuntar que «en el RD no hay distinción entre público y privado». El comentario de este experto se detiene en la «excepcionalidad» que menciona la disposición final tercera y apunta que ello significa que «bajo fórmula de un convenio específico, podrá haber estudiantes en prácticas de una universidad privada». Reitera que ningún punto de la norma distingue entre público y privado, lo que le lleva a señalar que «donde la ley no establece una distinción, no hay porqué interpretarla».
A estas valoraciones se añaden las de otro experto en derecho que asegura que del texto se desprende «que los convenios son posibles» y cita el anexo segundo para a continuación afirmar que la «posibilidad de convenir existe».
Las consellerias de Educación y Sanidad cuando dieron a conocer el inicio del proceso de adaptación al mencionado Real Decreto denunciaron la existencia de «irregularidades» durante la etapa del anterior gobierno. Hablaron de la existencia de «convenios caducados» y de la presencia de funcionarios públicos que no cumplían la ley de incompatibilidades porque invertían horas de trabajo en el sistema público de salud para sus funciones como tutores de las prácticas de los estudiantes.
Los juristas consultados también ofrecieron su opinión sobre esta segunda consideración. Apuntaron que «el tutor en prácticas no tiene una relación laboral» y explicaron que «realizan esas funciones dentro del horario de la actividad asistencial». A esta valoración se sumó la de otro de los expertos apuntando que «la incompatibilidad de los funcionarios se tendría que estudiar caso por caso sin que pueda establecerse una incompatibilidad automática».
La Universidad Católica (UCV) anunció el miércoles que ha presentado alegaciones al considerar «posiblemente contraria a derecho la técnica jurídica elegida por la Conselleria de denunciar antes de asegurar el ejercicio del derecho de la UCV y de los estudiantes que cursan sus estudios en el sistema universitario valenciano». La UCV puso el acento en que la «denuncia del convenio se formaliza varios años antes de que expire la vigencia».
El conseller de Educación, Vicent Marzà, reiteró ayer que la intención del Consell es «cumplir la ley» y las normas de carácter «estatal» que hay a este respecto. Insistió en que se garantizará que los estudiantes que ya tienen iniciadas sus prácticas puedan llevarlas a cabo. Recalcó que «queda clarísimo que lo único que hacemos es cumplir la ley».
las provincias
El Ministerio de Educación aseguró que «no hay ningún impedimento para establecer convenios entre universidades privadas y hospitales públicos». A ello añadió que «en toda España» existen ejemplos de «prácticas de las privadas en hospitales públicos y «nunca ha habido ningún problema». El departamento del Gobierno sostiene que el Real Decreto establece «la posibilidad de convenio». Se apoya en el punto del anexo segundo en el que se afirma que «las universidades deberán contar al menos con un hospital y tres centros de atención primaria (de titularidad pública o privada) con base en un concierto en el caso de las universidades públicas o en un convenio en el de las universidades privadas».
Menciona también que se contempla que un «hospital universitario sólo podrá estar vinculado por concierto o convenio a una universidad para la impartición de una misma titulación» y que a continuación establece que «excepcionalmente, con la finalidad exclusiva de la realización de prácticas y con base en convenios específicos, podrá haber estudiantes de otras universidades». Ante ello, apuntaron que no se distingue entre «públicas y privadas».
Al criterio del ministerio se añade el de varios expertos jurídicos. Uno de los especialistas en asuntos de consultado por LAS PROVINCIAS apuntó que «el Real Decreto no distingue entre pública y privada». Y de ello se desprende que «no hay exclusión de la privada».
A esta opinión se añade la de un experto en Derecho Administrativo al apuntar que «en el RD no hay distinción entre público y privado». El comentario de este experto se detiene en la «excepcionalidad» que menciona la disposición final tercera y apunta que ello significa que «bajo fórmula de un convenio específico, podrá haber estudiantes en prácticas de una universidad privada». Reitera que ningún punto de la norma distingue entre público y privado, lo que le lleva a señalar que «donde la ley no establece una distinción, no hay porqué interpretarla».
A estas valoraciones se añaden las de otro experto en derecho que asegura que del texto se desprende «que los convenios son posibles» y cita el anexo segundo para a continuación afirmar que la «posibilidad de convenir existe».
Las consellerias de Educación y Sanidad cuando dieron a conocer el inicio del proceso de adaptación al mencionado Real Decreto denunciaron la existencia de «irregularidades» durante la etapa del anterior gobierno. Hablaron de la existencia de «convenios caducados» y de la presencia de funcionarios públicos que no cumplían la ley de incompatibilidades porque invertían horas de trabajo en el sistema público de salud para sus funciones como tutores de las prácticas de los estudiantes.
Los juristas consultados también ofrecieron su opinión sobre esta segunda consideración. Apuntaron que «el tutor en prácticas no tiene una relación laboral» y explicaron que «realizan esas funciones dentro del horario de la actividad asistencial». A esta valoración se sumó la de otro de los expertos apuntando que «la incompatibilidad de los funcionarios se tendría que estudiar caso por caso sin que pueda establecerse una incompatibilidad automática».
La Universidad Católica (UCV) anunció el miércoles que ha presentado alegaciones al considerar «posiblemente contraria a derecho la técnica jurídica elegida por la Conselleria de denunciar antes de asegurar el ejercicio del derecho de la UCV y de los estudiantes que cursan sus estudios en el sistema universitario valenciano». La UCV puso el acento en que la «denuncia del convenio se formaliza varios años antes de que expire la vigencia».
El conseller de Educación, Vicent Marzà, reiteró ayer que la intención del Consell es «cumplir la ley» y las normas de carácter «estatal» que hay a este respecto. Insistió en que se garantizará que los estudiantes que ya tienen iniciadas sus prácticas puedan llevarlas a cabo. Recalcó que «queda clarísimo que lo único que hacemos es cumplir la ley».
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