18/08/2016
Diez arquitectos revisarán las fincas del centro para detectar deficiencias
Diez arquitectos se patearán las calles de Ciutat Vella los próximos meses, pero no como hizo hace siglos el padre Tosca para elaborar su valioso mapa, sino para elaborar fichas acerca de los edificios en peor estado de conservación. El Ayuntamiento ultima la firma de un convenio con el Colegio de Arquitectos para que esta institución realice la base de datos. El gasto ascenderá a 90.000 euros.
El objetivo del acuerdo es doble, indicaron ayer fuentes municipales. Por una parte ofrecer una alternativa laboral y un trabajo práctico a jóvenes recién titulados en arquitectura y adscritos al Colegio de Valencia. Por otra, evaluar técnicamente el estado de conservación de los inmuebles de Ciutat Vella que presenten deficiencias susceptibles de atención y seguimiento municipal.
La iniciativa ha partido del concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, que con el fin de incentivar el cumplimiento del deber de conservación y rehabilitación de los inmuebles. La legislación obliga a los propietarios de edificios mayores de 50 años a que realicen unas revisiones periódicas, las llamadas ITV, cuyas conclusiones deben entregar al Consistorio.
El problema es que ni la misma normativa ni ninguna ordenanza de Valencia prevé sanciones para aquellos que no realicen las mejoras. El Consistorio sólo puede forzar a que se hagan obras en caso por ejemplo de riesgo de desprendimiento de cascotes o cornisas.
De ahí que el convenio trate de facilitar la tramitación de órdenes para que los residentes acometan este tipo de obras, que en ocasiones cuentan con subvenciones públicas. El trabajo de los arquitectos consistirá por lo tanto en redactar las fichas y realizar un reportaje fotográfico. En el caso de que la inspección sea exterior tendrá una tarifa de 60 euros, mientras que si incluyen elementos comunes del interior o la cubierta, entonces el Consistorio pagará 90 euros al Colegio de Arquitectos por cada caso.
El servicio de Disciplina Urbanística tiene en estos momentos 650 expedientes referidos a intervenciones en Ciutat Vella, por lo que el convenio va más allá, para extenderse a todos los edificios posibles del distrito. Se buscarán en este ámbito patologías de distinta envergadura que aconsejen una intervención urgente.
La previsión es que trabajen una decena de arquitectos, aunque es probable que esta cifra varíe durante el desarrollo del convenio. Estos profesionales se repartirán los barrios de Ciutat Vella, para determinar cuáles son las zonas donde avanza más la degradación en las fincas.
Algunas de estas áreas son evidentes y están sujetas a planes urbanísticos por desarrollar. Es el caso del entorno de la muralla musulmana, donde la dificultad y retraso de unas expropiaciones ha demorado la rehabilitación de varios edificios.
Algo parecido ocurre en el barrio de Sant Bult, a espaldas de la plaza de Tetuán, donde abundan los solares junto a inmuebles restaurados y de gran valor patrimonial. El Consistorio también tiene algunos en cartera como una finca en la plaza Doctor Collado o la llamada Casa del Relojero, en la calle Micalet.
En ambos casos se ha anunciado la rehabilitación, la primera para viviendas y la segunda para un equipamiento cultural, aunque en el panorama de la degradación urbanística de Ciutat Vella predominan las propiedades privadas. En los últimos años, buena parte de los inmuebles que se han recuperado lo han sido para albergar apartamentos turísticos, ahora en plena polémica.
las provincias
El objetivo del acuerdo es doble, indicaron ayer fuentes municipales. Por una parte ofrecer una alternativa laboral y un trabajo práctico a jóvenes recién titulados en arquitectura y adscritos al Colegio de Valencia. Por otra, evaluar técnicamente el estado de conservación de los inmuebles de Ciutat Vella que presenten deficiencias susceptibles de atención y seguimiento municipal.
La iniciativa ha partido del concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, que con el fin de incentivar el cumplimiento del deber de conservación y rehabilitación de los inmuebles. La legislación obliga a los propietarios de edificios mayores de 50 años a que realicen unas revisiones periódicas, las llamadas ITV, cuyas conclusiones deben entregar al Consistorio.
El problema es que ni la misma normativa ni ninguna ordenanza de Valencia prevé sanciones para aquellos que no realicen las mejoras. El Consistorio sólo puede forzar a que se hagan obras en caso por ejemplo de riesgo de desprendimiento de cascotes o cornisas.
De ahí que el convenio trate de facilitar la tramitación de órdenes para que los residentes acometan este tipo de obras, que en ocasiones cuentan con subvenciones públicas. El trabajo de los arquitectos consistirá por lo tanto en redactar las fichas y realizar un reportaje fotográfico. En el caso de que la inspección sea exterior tendrá una tarifa de 60 euros, mientras que si incluyen elementos comunes del interior o la cubierta, entonces el Consistorio pagará 90 euros al Colegio de Arquitectos por cada caso.
El servicio de Disciplina Urbanística tiene en estos momentos 650 expedientes referidos a intervenciones en Ciutat Vella, por lo que el convenio va más allá, para extenderse a todos los edificios posibles del distrito. Se buscarán en este ámbito patologías de distinta envergadura que aconsejen una intervención urgente.
La previsión es que trabajen una decena de arquitectos, aunque es probable que esta cifra varíe durante el desarrollo del convenio. Estos profesionales se repartirán los barrios de Ciutat Vella, para determinar cuáles son las zonas donde avanza más la degradación en las fincas.
Algunas de estas áreas son evidentes y están sujetas a planes urbanísticos por desarrollar. Es el caso del entorno de la muralla musulmana, donde la dificultad y retraso de unas expropiaciones ha demorado la rehabilitación de varios edificios.
Algo parecido ocurre en el barrio de Sant Bult, a espaldas de la plaza de Tetuán, donde abundan los solares junto a inmuebles restaurados y de gran valor patrimonial. El Consistorio también tiene algunos en cartera como una finca en la plaza Doctor Collado o la llamada Casa del Relojero, en la calle Micalet.
En ambos casos se ha anunciado la rehabilitación, la primera para viviendas y la segunda para un equipamiento cultural, aunque en el panorama de la degradación urbanística de Ciutat Vella predominan las propiedades privadas. En los últimos años, buena parte de los inmuebles que se han recuperado lo han sido para albergar apartamentos turísticos, ahora en plena polémica.
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