09/05/2017
Los concertados inician una avalancha de quejas contra el recorte de aulas
Padres abordan a Puig para entregarle las reivindicaciones de los afectados y para pedirle que «supervise» las medidas de Marzà
La presión de los colegios concertados que pierden aulas de Bachillerato continuará, de momento, por la vía administrativa. El próximo paso de la plataforma Libertad de Enseñanza 27.1 será impulsar una campaña para llenar de escritos de protesta el Síndic de Greuges con la ayuda de las comunidades educativas. Se expondrá la situación de cada uno, las quejas en cuanto a la tramitación del proceso y las consecuencias para las familias y el personal de las escuelas afectadas por la pérdida de 30 clases de 1º.
«La idea es plantear la situación de desamparo en la que nos encontramos, el trastorno a las familias y la desigualdad de oportunidades, en el sentido de que los afectados -los que suben de 4º de la ESO- no puedan continuar en el centro elegido respecto a otros que sí lo harán o que se lo podrán pagar», tal y como explicaron desde la entidad. Hay que recordar que hay colegios que conservan todas sus líneas y otros que, pese al recorte, podrán mantener las unidades que pierden los fondos públicos en régimen privado.
El Síndic ya se pronunció sobre el tema en una resolución sobre el ajuste de aulas concertadas aprobado el año pasado. Tras una queja de la Mesa por la Educación en Libertad instó a la conselleria a desterrar la idea de subsidiariedad a la hora de planificar, es decir, que no vinculara las supresiones con la disponibilidad de plazas en la red pública.
Fuentes de la organización, integrada por 17 de los 24 colegios a los que se les quitan unidades, indicaron que también se registrarán escritos similares ante Educación y Presidencia de la Generalitat.
Precisamente ayer un grupo de padres de Fcapa y representantes de los afectados interpelaron al jefe del Consell al respecto. La acción consistió en abordar a Ximo Puig aprovechando su asistencia a un acto en el Palacio de Congresos para entregarle el manifiesto de la multitudinaria manifestación del sábado. Fuentes presenciales explicaron que mostró un «talante dialogante» y que le pidieron una mayor «supervisión» de las políticas de la Conselleria de Educación. «Nos ha dicho que se dialogará», añadieron. Horas antes, Puig defendía que en el modelo educativo del Consell no existe «ningún tipo de discriminación» y que la reducción de aulas en Bachillerato se produce buscando la eficiencia, según recogió Efe.
Tras recibir la notificación sobre qué unidades concertadas se renuevan o no los centros tienen diez días hábiles para presentar sus alegaciones, y tras estudiar los escritos Educación deberá confirmar o rectificar la propuesta inicial, que ya será definitiva. Eso sí, no tiene un plazo marcado, por lo que puede llegar una vez iniciada la admisión. La plataforma ha pedido una resolución lo más rápida posible para facilitar la organización de las escuelas de cara a la matrícula. Además, están recibiendo comunicaciones de centros que pierden sus ciclos de Formación Profesional, pese a ser una etapa que no ha sufrido recortes según ha reiterado el Consell.
El último en defender esta idea fue Miguel Soler, el secretario autonómico de Educación, que participó en el programa Valencia en la Onda de Onda Cero. Aseveró que en FP el balance de aulas concertadas será positivo (+4) y que en la Básica aumentará en 9. Respecto a los Bachilleratos, señaló que no es obligatoria la concertación y que la reducción afecta a un 15% del total de la red, lo que a su juicio implica que la propuesta se enmarca dentro de una política pactista y alejada de posturas extremas. En el programa el portavoz de la plataforma Javier Sebastián le reprochó que la eliminación supone una «ruptura pedagógica» en la progresión del alumno afectado en su mismo colegio y le afeó que los nombres de los centros fueran filtrados antes de que se recibiera la notificación.
Sant Jaume de Moncada
En cuanto a la FP, uno de los colegios afectados por el recorte es el Sant Jaume Apòstol de Moncada, que perderá si nada cambia el primer curso del grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y el del ciclo superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. Se trata de estudios con demanda que llegan a llenar las aulas, de ahí que desde el centro se planteen «todas las acciones legales» posibles para frenar el ajuste.
las provincias
«La idea es plantear la situación de desamparo en la que nos encontramos, el trastorno a las familias y la desigualdad de oportunidades, en el sentido de que los afectados -los que suben de 4º de la ESO- no puedan continuar en el centro elegido respecto a otros que sí lo harán o que se lo podrán pagar», tal y como explicaron desde la entidad. Hay que recordar que hay colegios que conservan todas sus líneas y otros que, pese al recorte, podrán mantener las unidades que pierden los fondos públicos en régimen privado.
El Síndic ya se pronunció sobre el tema en una resolución sobre el ajuste de aulas concertadas aprobado el año pasado. Tras una queja de la Mesa por la Educación en Libertad instó a la conselleria a desterrar la idea de subsidiariedad a la hora de planificar, es decir, que no vinculara las supresiones con la disponibilidad de plazas en la red pública.
Fuentes de la organización, integrada por 17 de los 24 colegios a los que se les quitan unidades, indicaron que también se registrarán escritos similares ante Educación y Presidencia de la Generalitat.
Precisamente ayer un grupo de padres de Fcapa y representantes de los afectados interpelaron al jefe del Consell al respecto. La acción consistió en abordar a Ximo Puig aprovechando su asistencia a un acto en el Palacio de Congresos para entregarle el manifiesto de la multitudinaria manifestación del sábado. Fuentes presenciales explicaron que mostró un «talante dialogante» y que le pidieron una mayor «supervisión» de las políticas de la Conselleria de Educación. «Nos ha dicho que se dialogará», añadieron. Horas antes, Puig defendía que en el modelo educativo del Consell no existe «ningún tipo de discriminación» y que la reducción de aulas en Bachillerato se produce buscando la eficiencia, según recogió Efe.
Tras recibir la notificación sobre qué unidades concertadas se renuevan o no los centros tienen diez días hábiles para presentar sus alegaciones, y tras estudiar los escritos Educación deberá confirmar o rectificar la propuesta inicial, que ya será definitiva. Eso sí, no tiene un plazo marcado, por lo que puede llegar una vez iniciada la admisión. La plataforma ha pedido una resolución lo más rápida posible para facilitar la organización de las escuelas de cara a la matrícula. Además, están recibiendo comunicaciones de centros que pierden sus ciclos de Formación Profesional, pese a ser una etapa que no ha sufrido recortes según ha reiterado el Consell.
El último en defender esta idea fue Miguel Soler, el secretario autonómico de Educación, que participó en el programa Valencia en la Onda de Onda Cero. Aseveró que en FP el balance de aulas concertadas será positivo (+4) y que en la Básica aumentará en 9. Respecto a los Bachilleratos, señaló que no es obligatoria la concertación y que la reducción afecta a un 15% del total de la red, lo que a su juicio implica que la propuesta se enmarca dentro de una política pactista y alejada de posturas extremas. En el programa el portavoz de la plataforma Javier Sebastián le reprochó que la eliminación supone una «ruptura pedagógica» en la progresión del alumno afectado en su mismo colegio y le afeó que los nombres de los centros fueran filtrados antes de que se recibiera la notificación.
Sant Jaume de Moncada
En cuanto a la FP, uno de los colegios afectados por el recorte es el Sant Jaume Apòstol de Moncada, que perderá si nada cambia el primer curso del grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y el del ciclo superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. Se trata de estudios con demanda que llegan a llenar las aulas, de ahí que desde el centro se planteen «todas las acciones legales» posibles para frenar el ajuste.
las provincias
