07/07/2017
Nuevo varapalo del TSJ al Consell: ahora tumba los decretos contra el copago por sus errores
Cada vez que Ximo Puig y Mónica Oltra han hecho balance de su gestión al frente del Gobierno valenciano, han situado como dos de sus grandes éxitos los decretos aprobados al comienzo de legislatura para subvencionar el copago de la dependencia y el farmacéutico. Las medidas, con forma de decreto -el 239 y el 240 del año 2015- regulan la concesión de una subvención por parte del Consell tanto al colectivo de personas con discapacidad como a los pensionistas. El Gobierno del Botánico, con esa cantinela de 'rescatar personas', se apuntaba a subvencionar las prestaciones a estos dos colectivos -productos ortoprotésicos y tratamientos farmacológicos-, y de paso dejaba en evidencia el afán recaudatorio que, según decían, tenía el Ejecutivo central del PP. El TSJ valenciano acaba de dictar una sentencia por la que declara nulos estos dos decretos.
La Abogacía del Estado presentó recurso contra ambos y solicitó la nulidad al entender que al amparo del ejercicio de una competencia autonómica, la atención a personas en situación de desamparo, se pretendía dejar sin efecto la norma estatal que regula el copago farmacéutico y ortoprotésico, «lo cual implica una desviación de poder». El TSJ valenciano, en una sentencia con fecha del pasado 16 de junio y a la que ha tenido acceso este diario, rechaza esa desviación de poder, al considerar que existe una competencia autonómica que ampara una «actuación protectora» por parte de la administración autonómica «para atender unas necesidades que no están cubiertas por la Seguridad Social en el actual contexto normativo».
Pero lo que el alto tribunal sí que censura es la letra pequeña de los decretos. En concreto, la sentencia remarca que tanto el decreto que subvenciona el copago de la dependencia como el farmacéutico deben ayudar a personas que se encuentren «en situación real de necesidad». Y no ocurre así: el TSJ explica que del contenido de los dos decretos «no se extrae como consecuencia que las personas beneficiarias de las ayudas se hallen en todo caso ante una situación de necesidad, la cual deberá derivarse de los medios económicos que las mismas posean».
A juicio del alto tribunal, uno y otro decreto «deberían fijar los presupuestos económicos que deben poseer las personas con diversidad funcional y los pensionistas para acceder a la subvención. Al no haberlo hecho así -completa- «se incumple el mandato constitucional y se desvirtúa la finalidad de las subvenciones que aquellas normas establecen». En consecuencia, «procede por dichos motivos estimar el recurso contencioso-administrativo y declarar la nulidad de los decretos impugnados». El auto impone el pago de las costas procesales a las partes demandadas, la Generalitat y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana.
En la sentencia, el tribunal valenciano reconoce que la actividad prestacional puede desplegarse en tres zonas: la que corresponde al sistema de la Seguridad Social, la externa a éste y que corresponde a las Comunidades Autónomas, y una tercera, en la que confluyen ambas. Y constata que es una exigencia del Estado social de Derecho que quienes no tengan cubiertas sus necesidades mínimas por la modalidad no contributiva del sistema de la Seguridad Social «puedan acceder a otros beneficios o ayudas».
Ahora bien, se remarca, el Constitucional exige que en esos casos la CC AA aprecie «una situación real de necesidad en la población beneficiaria». Del contenido de la sentencia se extrae que la subvención es legítima y podría sostenerse, pero la redacción del decreto no aclara cuáles son esas situaciones reales de necesidad, y por ese motivo, el TSJ los anula.
Tumbar los decretos que subvencionaban el copago de la dependencia y el farmacéutico es, obviamente, una mala noticia para los colectivos afectados. Pero es además un varapalo de primera dimensión para el Ejecutivo valenciano. Tanto porque la anulación se produce como consecuencia de una carencia en la redacción del decreto -la especificación de los supuestos en los que los beneficiarios podrían obtener esas ayudas- como porque lo que se tumba son dos de los grandes conquistas exhibidas hasta la fecha por el Ejecutivo valenciano. Cuando el Gobierno central presentó su recurso, la titular de Sanidad, Carmen Montón, lamentó la «obsesión» del gobierno de Mariano Rajoy por defender los recortes sanitarios puestos en marcha por el PP «y enfrentarse a las medidas de recuperación de derechos sanitarios impulsadas por el Consell». «El Gobierno de Rajoy no solo se enfrenta al Consell, sino, lo que es mucho más grave, a las miles de personas que ahora ya pueden acceder a los tratamientos médicos prescritos por su médico que no iniciaban o no continuaban debido a los copagos», señaló Montón.
El correctivo que el TSJ le impone al Consell de Puig y Oltra en el ámbito sanitario con la anulación de estos dos decretos se suma al que el mismo tribunal acordó al dar luz verde, primero a la suspensión cautelar del decreto de pluriligüismo, y a continuación al recurso del Ejecutivo valenciano que trató de levantar esa suspensión cautelar.
Pero el primer batacazo serio ante los tribunales se lo llevó el Gobierno valenciano en mayo de 2016, cuando el Tribunal Constitucional rechazó su recurso contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año por rechazar el llamado Fondo de Suficiencia Global
El Consell ha tenido problemas con los tribunales por las sentencias que han puesto en jaque la supuesta transparencia de su gestión -varias condenas por no dar documentos al PP- así como con la negativa a hacer pública la relación de puestos de trabajo de su sector público.
las provincias
La Abogacía del Estado presentó recurso contra ambos y solicitó la nulidad al entender que al amparo del ejercicio de una competencia autonómica, la atención a personas en situación de desamparo, se pretendía dejar sin efecto la norma estatal que regula el copago farmacéutico y ortoprotésico, «lo cual implica una desviación de poder». El TSJ valenciano, en una sentencia con fecha del pasado 16 de junio y a la que ha tenido acceso este diario, rechaza esa desviación de poder, al considerar que existe una competencia autonómica que ampara una «actuación protectora» por parte de la administración autonómica «para atender unas necesidades que no están cubiertas por la Seguridad Social en el actual contexto normativo».
Pero lo que el alto tribunal sí que censura es la letra pequeña de los decretos. En concreto, la sentencia remarca que tanto el decreto que subvenciona el copago de la dependencia como el farmacéutico deben ayudar a personas que se encuentren «en situación real de necesidad». Y no ocurre así: el TSJ explica que del contenido de los dos decretos «no se extrae como consecuencia que las personas beneficiarias de las ayudas se hallen en todo caso ante una situación de necesidad, la cual deberá derivarse de los medios económicos que las mismas posean».
A juicio del alto tribunal, uno y otro decreto «deberían fijar los presupuestos económicos que deben poseer las personas con diversidad funcional y los pensionistas para acceder a la subvención. Al no haberlo hecho así -completa- «se incumple el mandato constitucional y se desvirtúa la finalidad de las subvenciones que aquellas normas establecen». En consecuencia, «procede por dichos motivos estimar el recurso contencioso-administrativo y declarar la nulidad de los decretos impugnados». El auto impone el pago de las costas procesales a las partes demandadas, la Generalitat y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana.
En la sentencia, el tribunal valenciano reconoce que la actividad prestacional puede desplegarse en tres zonas: la que corresponde al sistema de la Seguridad Social, la externa a éste y que corresponde a las Comunidades Autónomas, y una tercera, en la que confluyen ambas. Y constata que es una exigencia del Estado social de Derecho que quienes no tengan cubiertas sus necesidades mínimas por la modalidad no contributiva del sistema de la Seguridad Social «puedan acceder a otros beneficios o ayudas».
Ahora bien, se remarca, el Constitucional exige que en esos casos la CC AA aprecie «una situación real de necesidad en la población beneficiaria». Del contenido de la sentencia se extrae que la subvención es legítima y podría sostenerse, pero la redacción del decreto no aclara cuáles son esas situaciones reales de necesidad, y por ese motivo, el TSJ los anula.
Tumbar los decretos que subvencionaban el copago de la dependencia y el farmacéutico es, obviamente, una mala noticia para los colectivos afectados. Pero es además un varapalo de primera dimensión para el Ejecutivo valenciano. Tanto porque la anulación se produce como consecuencia de una carencia en la redacción del decreto -la especificación de los supuestos en los que los beneficiarios podrían obtener esas ayudas- como porque lo que se tumba son dos de los grandes conquistas exhibidas hasta la fecha por el Ejecutivo valenciano. Cuando el Gobierno central presentó su recurso, la titular de Sanidad, Carmen Montón, lamentó la «obsesión» del gobierno de Mariano Rajoy por defender los recortes sanitarios puestos en marcha por el PP «y enfrentarse a las medidas de recuperación de derechos sanitarios impulsadas por el Consell». «El Gobierno de Rajoy no solo se enfrenta al Consell, sino, lo que es mucho más grave, a las miles de personas que ahora ya pueden acceder a los tratamientos médicos prescritos por su médico que no iniciaban o no continuaban debido a los copagos», señaló Montón.
El correctivo que el TSJ le impone al Consell de Puig y Oltra en el ámbito sanitario con la anulación de estos dos decretos se suma al que el mismo tribunal acordó al dar luz verde, primero a la suspensión cautelar del decreto de pluriligüismo, y a continuación al recurso del Ejecutivo valenciano que trató de levantar esa suspensión cautelar.
Pero el primer batacazo serio ante los tribunales se lo llevó el Gobierno valenciano en mayo de 2016, cuando el Tribunal Constitucional rechazó su recurso contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año por rechazar el llamado Fondo de Suficiencia Global
El Consell ha tenido problemas con los tribunales por las sentencias que han puesto en jaque la supuesta transparencia de su gestión -varias condenas por no dar documentos al PP- así como con la negativa a hacer pública la relación de puestos de trabajo de su sector público.
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