30/07/2010
MCA-UGT Extremadura denuncia "incumplimientos" de la jornada de verano en la construcción por "más de 130 empresas"
Así lo ha indicado MCA-UGT Extremadura en un comunicado de prensa, en el que además indica que "un alto porcentaje" de estas empresas "incumplidoras" ejecutan obras de distintas administraciones públicas y "es por tanto la Administración la que nombra a los coordinadores de Seguridad y Salud Laboral, responsables de la prevención de riesgos laborales".
Por ello, el sindicato apela a la "responsabilidad de la Administración en el cumplimiento de la normativa vigente, máxime cuando esta afecta a la seguridad de los trabajadores".
Añade que ante las altas temperaturas en la región y el incumplimiento de la reducción de la jornada de verano pactada en el convenio colectivo del sector de la construcción así como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que "obliga sin excusa al cumplimiento de dicho acuerdo", la federación sindical ha "procedido a denunciar" los "incumplimientos por parte de más de 130 empresas" de la comunidad autónoma.
En su comunicado MCA-UGT de la región cita "empresas como las UTE Altec-Balpia, Sacyr-Cavosa, Gea21-G&G o Joca-Construcciones Sarrió que están ejecutando las obras del AVE que dependen del Ministerio de Fomento, Balpia-Altec-C. Movilla, Corsan Corviam- Magenta, Joca-FCC o Sevilla Nevado- Sando que están ejecutando la autovía autonómica que une Plasencia con la frontera portuguesa y que promueve la Consejería de Fomento de la Junta, FCC que está realizando la obra de la Comisaría de Policía de Cáceres dependiente del Ministerio del Interior, Nuevo Hospital de Cáceres cuyo promotor es la Consejería de Sanidad de la Junta".
Según la federación sindical, estas empresas "están incumpliendo de forma consciente esta norma" que lo que pretende es proteger la salud de los trabajadores al reducir el tiempo de exposición a las altas temperaturas que se producen en verano en la región, explica.
MCA-UGT Extremdura insiste en "la responsabilidad que tiene la Administración Pública como propietaria de estas obras y como entidades que nombran a los coordinadores de Seguridad y Salud Laboral, que deben controlar que se cumplan las normas en lo relativo a la prevención de riesgos laborales y que podrían ser imputados incluso penalmente en caso que se produjera algún daño para cualquiera de los trabajadores, tanto de las empresas principales como de las múltiples subcontratas, que están ejecutando las obras públicas".
"Exigimos por tanto a todos los organismos implicados que tomen las medidas necesarias de una forma inmediata para proteger la salud de los trabajadores de la construcción en nuestra región", concluye el comunicado.