07/05/2020
El Grupo de Investigación de Economía Pública de la UEx pide un buen diseño del Ingreso Mínimo Vital para ayudar a las familias en riesgo de exclusión
Es necesario vincular esta ayuda a incentivos laborales, señalan estos expertos
06/05/2020. La vulnerabilidad económica de la población española en riesgo de exclusión social no es una situación provocada por la pandemia del COVID-19. Estudios como el Informe Foessa, que analiza parámetros como la desigualdad social y la pobreza, ya constataban el año pasado la elevada fragmentación social y la falta de políticas sociales que contribuyan a mitigar este problema.
Pero es cierto que el panorama que esta crisis sanitaria ha dibujado sobre las familias más vulnerables ha aumentado las incertidumbres respecto al futuro de las personas más expuestas a perder las prestaciones del estado del bienestar. “Nos preocupa qué puede pasar con la gente que ya estaba en precario antes de la actual crisis sanitaria”, reconoce el profesor de la Universidad de Extremadura, Jesús Pérez Mayo. Es la parte de la sociedad que ya “vivía más al día”, sin margen para hacer frente a imprevistos, y que ahora se ha podido ver afectada por un ERTE o un futuro ERE. Sospecho que en términos económicos hay personas que “se podrán quedar por el camino”, señala Pérez Mayo desde el Grupo de Investigación de Economía Pública de la UEx.
Para el profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la institución extremeña es una necesidad en estos momentos coordinar la propuesta de Ingreso Mínimo Vital, llevada a cabo desde el ejecutivo central para paliar la pobreza de los hogares más vulnerables, con las iniciativas similares de cada una de las comunidades autónomas, algo que en el caso de Extremadura se conoce bajo el nombre de “Renta Básica”. Lo que preocupa a este experto de la UEx y a otros muchos colegas de Pérez Mayo es precisamente esa desigualdad normativa, y que esta “última red” de ayuda a los más vulnerables se ponga en marcha sin tener en cuenta las iniciativas regionales ya existentes. Nos preguntamos por ejemplo, si las ayudas centrales van a complementar las autonómicas o viceversa, apunta el profesor.
Además, a su juicio, la otra gran incógnita es saber si la prestación obtenida gracias al Ingreso Mínimo Vital irá vinculada a un marco de incentivación y compatibilidad laboral, puesto que normalmente estas personas trabajan en un escenario de precariedad, comenta Pérez Mayo. La mayor parte de estos especialistas en economía defienden un modelo de ayuda que guarde un equilibrio entre el trabajo que realiza el beneficiario, con el consiguiente salario, con las propias ayudas. Este sería el escenario más favorable para que las familias pudieran disfrutar de una liquidez suficiente y a la vez propiciar su permanencia o inclusión real en el mercado de trabajo, explica. El escenario económico en el que estamos inmersos es complicado y esta crisis nos debería servir para no repetir errores pasados. Debemos tomar el ejemplo de países europeos que lo están haciendo bien en este sentido”, matiza el investigador.
El otro aspecto sobre el que insisten los expertos a la hora de definir, gestionar e implementar el Ingreso Mínimo Vital de una manera eficaz es tener en cuenta la excepcionalidad y crudeza del momento actual y ofrecer a las familias que lo necesiten un proceso transparente “ágil y simple” para solicitar esta prestación, otorgándose de una manera casi inmediata. Si se produjeran casos de hogares a los que no le correspondiera la ayuda por rebasar los ingresos establecidos en el programa se les podría exigir su devolución en la posterior declaración de la renta, argumentan.
El Grupo de Investigación de Economía Pública la UEx está coordinado por el catedrático Francisco Pedraja Chaparro. Estudia líneas de investigación como pobreza y desigualdad, evaluación de políticas públicas, principalmente de educación y sanidad, o federalismo fiscal.
