UN SISTEMA Y OTRO DESASTRE

En ésta semana la red de 24  clínicas IDENTAL repartidas por todo el territorio español y otras en el extranjero, cerró las puertas después de varios años funcionando en el estado español y a nivel internacional, dejando a miles de pacientes en una situación dramática, desde jóvenes a personas jubiladas. 

No es la primera vez que pasa, en ocasiones anteriores ya ocurrieron casos similares, y queremos suponer que el gobierno y los organismos públicos y privados tomaron medidas para prevenir e impedir que sucediese de nuevo, pero por lo visto las medidas tomadas no fueron eficaces ni fueron las más adecuadas, ni dieron una solución.

Ahora los afectados de IDENTAL se enfrentan a una compleja burocracia, de distintos organismos, con más o menos voluntad de dar una solución y de buscar medidas que realmente funcionen. Tanto a nivel autonómico como nacional, entre el Colegio de Odontólogos, Ministerios de Sanidad, Oficinas de Consumo, Gobiernos, Ministerio de Justicia, y otros, que por motivos de falta de medios, falta de voluntad, de previsión, de legislación o de iniciativa al final no han podido prevenir éste desastre a la salud pública, y ahora se ven desbordados.

Las personas afectadas por IDENTAL, tanto en los daños causados a su salud física y psicológica, como a su bolsillo, necesitan y buscan ayuda médica urgente, y después ya se verá como poner todo el sistema burocrático, sanitario, legislativo o penal en orden.

Sin olvidarse de los trabajadores, limpiadoras, profesionales y asistentes que no han percibido su sueldo y que han soportado unas pésimas condiciones laborales.

Por no dar nombres, se ha dicho y escrito la frase “lo barato sale caro”, pueden tener razón, pero la mayor parte de las personas que acudieron a IDENTAL lo hicieron porque su situación económica no les permitía ir a una clínica privada, y no confiaban en el precario servicio odontológico nacional, sin entrar a valorarlo, necesitaban una atención odontológica por motivos de salud. Cuando el estado en general permite a dicha compañía prestar un servicio odontológico, los ciudadanos confiamos que aunque no sea el mejor, al menos tiene una garantía por parte del estado. Si no me puedo comprar un coche “nuevo de alta gama”, pues puedo comprar un coche  de segunda mano, lo cual no me impide circular por las carreteras, siempre que tenga un seguro, carnet de conducir y pase la ITV (servicios obligados y en parte controlados por el estado) y podré circular por autovía con los mismos derechos que aquel que paga la autopista, aunque quizá mi viaje no sea ni tan rápido, cómodo o bonito como un “alta gama nuevo”. 

Pero hoy día el coche que nos ofrece el sistema odontológico público no pasa la ITV, y circula por caminos de tierra.

En esta ocasión nos encontramos que ante la necesidad de salud y escasez de solvencia económica de las personas acuden a una empresa que presta un servicio odontológico que no presta el estado, pero lo autoriza, supervisa, controla y le cobra impuestos.

Se pueden encontrar soluciones, y en miles de casos éstas soluciones son urgencias médicas, que no vendrán de un solo lado o de un solo organismo, debería haber una colaboración y coordinación, tanto por parte de organismos públicos como de empresas privadas, y serán necesarios materiales, piezas odontológicas y especialistas que puedan tratar a los afectados,  que no se los pueden permitir económicamente o son rechazados de clínicas privadas. No es momento de meternos en responsabilidades o temas judiciales, el daño ya está hecho,  ahora toca curarlo, y la justicia seguirá su camino.

A los afectados les ofrecieron tratamientos en clínicas privadas con unos presupuestos prohibitivos para la mayor parte de ellos. Ahora necesitan con urgencia ser atendidos, y seguro que la primera respuesta será que no hay dinero ni presupuesto, anteponiendo el dinero a la salud, en lugar de hacer un debate y un estudio serio sobre un sistema odontológico público. Tanto por parte del Estado y administraciones públicas como por parte de la sociedad en general. Estamos seguros que todos los afectados como muchas otras personas estarían dispuestas a pagar un “impuesto dental” a cambio de tener un sistema odontológico público de mejor calidad, administrado como el gasto farmacéutico , que redujo en un 42% los costes de los medicamentos al Estado y reduciendo así el coste del material y tratamientos odontológicos.

No es momento ahora de entrar en debate de intereses privados, sino de tomar conciencia, y plantear a la sociedad un debate real y serio. Si no lo afrontamos todos juntos, no solo los afectados hoy por IDENTAL  o ayer por otras empresas  y mañana por la siguiente, es seguro que esto volverá a pasar, debiendo resignarnos a sufrir y padecer de salud dental, a no ser que dispongas de la solvencia económica suficiente  para pagar el tratamiento en una clínica privada.

Se han cometido errores y es el momento de ser autocríticos por parte de cada uno, ya que sin autocrítica no se encontrarán los errores y las deficiencias del sistema, y no se podrán poner soluciones ni realizar mejoras.

Tenemos un servicio odontológico público de hace 50 años, que no ha evolucionado al siglo XXI, donde se hacen trasplantes pero no se ponen dientes. Hay que estar muy ciego para no querer ver el problema, y tener las prioridades muy claras. No hemos aprendido de nuestros errores y lo peor es que nos hemos olvidado del pasado. Seguro que hay otras ideas para afrontar este reto, pero negarlo y decir “es imposible, no se puede hacer” es no querer afrontarlo y mirar para otro lado, además de ser de una gran irresponsabilidad.

Si hay voluntad de tener un servicio de sanidad eficaz, eficiente y de más calidad, que realmente atienda las necesidades de las personas, la parte odontológica es un área al cual tendremos que dar solución, no solo por la parte sanitaria sino también por la parte de facilitar la formación de profesionales.