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15/11/2015

César Sánchez exige una ley de financiación que fije un porcentaje justo de la Generalitat a los municipios

César Sánchez exige una ley de financiación que fije un porcentaje justo de la Generalitat a los municipios
Bajo el título ‘Alicante, una provincia para las personas’, el presidente del Gobierno Provincial, César Sánchez, ha ofrecido esta semana en el Fórum Europa de Valencia una conferencia en la que ha planteado una nueva ley de financiación para los ayuntamientos al tiempo que ha propuesto al presentador del acto y responsable de Comunicación del PP, Pablo Casado, que se abra el debate de elección directa de diputados provinciales con un sistema de listas abiertas. 

El presidente ha desgranado las principales líneas de trabajo marcadas por el Gobierno Provincial, cinco ejes entre los que destaca la apuesta por el municipalismo, las políticas públicas o la regeneración y reforma de las instituciones. En este sentido, Sánchez apuesta por una financiación justa de los ayuntamientos y ha pedido a la presidenta  del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, que inicie el proceso para presentar una proposición de ley en las Cortes.

“Queremos que esta propuesta recoja la participación de las comunidades autónomas a la que hace referencia la propia Constitución. Es decir, que establezca qué porcentaje de lo que recauda la Generalitat se va a destinar a los municipios y qué criterios de reparto se van a seguir para que haya igualdad y equilibrio entre municipios”, ha manifestado el responsable provincial.

El presidente, que se ha definido como un profundo defensor de la regeneración democrática de la vida pública y de las reformas que necesitan las instituciones para recuperar la confianza de los ciudadanos, ha insistido en que uno de los puntos principales de su acción de gobierno se centra en “una nueva administración abierta, transparente y que apueste por las decisiones compartidas”. Y, en este contexto, ha pedido a Pablo Casado que abra el debate para el cambio en la elección de diputados provinciales. Sánchez ha dicho que “se hacen necesarias reformas legislativas en este campo, alcanzadas desde el diálogo, el consenso y el acuerdo, para garantizar la elección directa de los representantes políticos provinciales y un sistema de listas abiertas”.

Por otra parte, el dirigente provincial ha retado al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a dar la cara y afrontar el debate territorial, pues, según ha explicado, “lo que se esconde tras la controversia sobre las diputaciones es la eliminación de las provincias como estructura territorial del Estado y nos preocupa que los nacionalistas y la izquierda valenciana estén de acuerdo en este tema. No se pueden romper las reglas del juego y desde el Gobierno Provincial vamos a defender el cumplimiento de la Ley, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la unidad de España”.

Asimismo, Sánchez ha recordado que la Diputación de Alicante es una administración saneada, eficiente y que responde a las necesidades de las personas, garantizando a todos los municipios, especialmente a los más pequeños, servicios y asesoría. Esta institución, ha matizado además, permite que una persona que vive en un pueblo de 500 habitantes tenga las mismas oportunidades que una persona que vive en una ciudad de 5.000.

En otro orden de cosas, el responsable provincial se ha posicionado del lado del sector turístico alicantino al rechazar la tasa propuesta por el Consell y se ha mostrado rotundo al afirmar que “el turismo es el corazón de nuestra economía y lo que nuestros empresarios del ramo necesitan no son cargas ni impuestos, sino el respaldo de las instituciones que les permita seguir generando empleo”.

Durante su conferencia, Sánchez ha desglosado el programa de gobierno que regirá durante esta legislatura, “para seguir construyendo una provincia al servicio de las personas”. En cuanto al municipalismo, atajar la despoblación en el interior de la provincia es uno de los objetivos prioritarios y, según ha insistido el presidente, pasa por crear infraestructuras de calidad.

Al respecto, ha anunciado que “vamos a trabajar intensamente en un programa de vertebración y creación de oportunidades de los pequeños y medianos municipios que contempla cinco actuaciones. Por un lado el plan de mejora y construcción de consultorios médicos, centros escolares e instalaciones deportivas. Además, también se va a gestionar la adecuación del suelo empresarial a las necesidades de los pequeños municipios y vamos a ofrecer la gestión del agua a los ayuntamientos con menos de cinco mil habitantes”.

“Para impulsar el bienestar de las personas es fundamental potenciar y dinamizar nuestros sectores productivos, en un ambiente de libertad económica que genere oportunidades para las empresas y empleo y expectativas de futuro para las personas”. Con estas líneas, César Sánchez ha sintetizado su política de economía y empleo entre cuyos ejes fundamentales se encuentra el acroecologismo, la puesta en marcha de una agencia de la salud y la dieta mediterránea, la creación de una zona franca, un plan de reforestación para crear empleo o el proyecto de tres centros coworking en colaboración con la Escuela de Organización Industrial que se ubicarán en la Marina Alta, L’Alacantí y la Vega Baja.

Por otra parte, Sánchez ha recordado las bases para la gestión de políticas públicas y la creación de organismos como la Mesa por la Solidaridad y Cooperación –al servicio de las personas- o la Mesa del Agua –un foro de diálogo formado por todos los agentes implicados-. Asimismo, el presidente ha insistido en que, desde el Gobierno Provincial, se van a impulsar las ayudas progresivas en materia de bienestar social, “dando más a quien más lo necesita”.

Finalmente, ha manifestado que “hay que emprender reformas con más participación ciudadana y con políticas inclusivas que nos hagan avanzar de una democracia representativa a una democracia con representación y participación que nos permita recuperar la confianza de los ciudadanos y acabar con la peligrosa cultura de la indiferencia”.
César Sánchez exige una ley de financiación que fije un porcentaje justo de la Generalitat a los municipios
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