03/07/2011
La deuda real de las empresas del Govern supera ya los 1.666 millones
Gobernar es pagar por lo mismo tres veces. O más. Las que haga falta, siempre y cuando el dinero sea ajeno. No es ya que la arquitectura institucional esté poblada de niveles que se solapan competencias. El hecho de que Gobierno, Govern, Consell y alcaldes se dediquen demasiadas veces a gestionar lo mismo hace daño, claro. Pero es que además todos ellos recurren a una maraña de consorcios, fundaciones y sociedades interpuestas que, con la justificación argumental de aumentar la eficiencia pública, se convierten en mecanismos para evitar controles, colocar a afines y llenar bolsillos cómplices con dinero de todos.
Si lo dudan, miren los titulares de estos días. Escuchen los telediarios y los informativos de radio, en los que se informa de las últimas corruptelas ligadas a empresas del Govern. No son las primeras. Ni serán las últimas. Que no es casualidad que todos los grandes casos de corrupción tengan en la base de su trama una empresa pública. Desde Ibatur a Illesport. Del CDEIB de la lata de Colacao a la Bitel de los teléfonos y las comunicaciones. De Inestur a Ibisec. Y de ahí a Emaya y el súmmum de todos los episodios turbios: el Palma Arena.
Pero no dejen que los árboles les impidan ver el bosque: no solo con corrupción engorda la factura que pagan los ciudadanos. La corrupción política es solo un contenedor de basura en un vertedero de dispendio que hace que la deuda viva de las empresas públicas del Govern ronde ya los 1.700 millones de euros. Han leído bien. 1.700 millones de euros. Casi 300.000 millones de las extintas pesetas. Más dinero del que pagan los baleares en IRPF (el impuesto sobre la renta) en cinco años.
El agujero viene de lejos. Lo parió y amamantó Matas. Aunque lo dejó oculto. La técnica era sencilla: maquillar la deuda oficial del Govern excluyendo de la cuenta el roto generado en años de gestión descontrolada de unas empresas públicas que hasta 2010 hacían y deshacían a voluntad. Se endeudaban con el único control del consejo de administración y sus gerentes políticos, que llenaban el cajón de letras a pagar por la comunidad. El resultado de ese juego de despiste y gasto sin mesura tiene cifras en euros: aunque el PP presume de que en la etapa Matas la deuda del Govern era de 2.346 millones (frente a los 5.068 que lega Antich), la realidad es que el 60,3% de la deuda que dejó como herencia Matas se escondía en las 170 empresas con las que acabó un mandato en el que creó 90 entes.
Antich, campeón de la deuda
Así que cuando Matas perdió el poder, seis de cada diez euros de deuda eran achacables a las empresas públicas. Después llegaron Antich y su conseller Manera, este último artífice de dos hechos que reconoce: elevar la deuda total del Govern y las empresas públicas a una cifra de 5.068 millones nunca vista, y cambiar la geometría del endeudamiento. O traducido: gastar mucho más de lo que se ingresa y levantar alfombras. De ese modo Balears ha pasado de tener el 60,3% de su deuda escondida en sus empresas públicas a absorber el agujero de la trama Matas para que hoy solo el 33% del endeudamiento corresponda a las 166 sociedades del Govern.
Pero ojo, nada de eso quiere decir que el dispendio de la etapa Antich sea menor. Ni mucho menos: el modelo de caja única de Manera solo implica que el Govern asume directamente como propio un endeudamiento que antes se escondía en las cloacas de las empresas públicas. "Eso afea las cifras de deuda que hemos dejado, pero dejamos instaurado un sistema que permite que el Govern sepa y controle en todo momento la deuda de esas empresas, para que no haya sorpresas", aclaraba Manera en su último día como conseller.
Ponía como ejemplo a la empresa que durante años fue la campeona del endeudamiento, las dietas y los cargos de designación política: IB3. El ente de radiotelevisión ha pasado en cuatro años de deber más de 170 millones (el PP presupuestaba para IB3 9 millones, cuando en realidad gastaba 120 al año) a quedarse sin más deuda que 30 millones de euros y con un presupuesto de funcionamiento de 46. Los otros 140 millones de diferencia entre el agujero de Matas y el que lega Manera no han desaparecido. Solo han cambiado de sitio: son deuda del Govern. Pero al menos están controlados.
Y eso no es poco en la comunidad que más se ha endeudado desde que Matas y Antich empezaron a alternarse en el poder allá por 1996. Porque decir que la deuda real de las empresas públicas es de 1.666 millones es quedarse corto. A esa montaña de euros hay que sumarle aún los compromisos de pago para los próximos años. Algunos servirán para abonar obras como el hospital de Son Espases a costa de renunciar a ingresos. Otros simplemente son cantidades comprometidas para el funcionamiento del intrincado entramado de empresas públicas. En total, según la Sindicatura de Comptes, además de pagar la deuda de sus entes, el Govern transferiráhasta el año 2039 un total de 1.338 millones a sus empresas. Resultado: 1.666 millones de deuda y otros 1.338 hipotecados, que elevan el montante de dinero comprometido por encima de los 3.000 millones.
¿Dónde va el dinero?
¿En qué se van tantos recursos? El tópico dice que en personal, que ya se sabe que los funcionarios son muy malvados y los trabajadores de empresa pública mucho más. Pero resulta que no es así. En realidad el gasto en personal de las empresas públicas asciende a 350 millones de euros al año (exactamente 343 en el último año auditado), suma importante, sí, pero que se diluye y pierde peso dentro del presupuesto total del entramado de entes del Govern: 1.498 millones de euros gastaron entre todas las empresas públicas en el año 2009. Es decir, solo el 23% del dinero se va a pagar personal. Uno de cada cuatro euros.
¿Y el resto? Pues ahí empieza de verdad el problema, en el resto. Porque el resto es mucho resto. Son alquileres de sedes de empresas que ejercen funciones de las propias consellerias del Govern. Son gastos multiplicados por 166: cada empresa tiene sus equipos, compra su material (a precio más caro que si se adquiriese todo junto a través del Govern), subcontrata servicios básicos como la limpieza y paga viajes, desplazamientos, dietas de consejeros y abultados intereses financieros por las deudas acumuladas en años de descontrol (Semilla, por poner un ejemplo redondo, dispone de trece cuentas de crédito en bancos por valor de 67 millones, más de un millón por cada uno de sus 63 empleados).
El resto también son contratos innecesarios con empresas privadas para servicios de abogacía, personal, consultoría y asesoramiento. Los podría ofrecer el Govern con sus servicios de abogacía y nóminas, pero no. Ahí están los pagos de empresas públicas como Espais de Natura a asesorías externas para que les hagan las nóminas que podría hacer el servicio de nóminas del Govern. O episodios que serína risible si no fuera por su importancia, como el que convierte en privada la recaudación pública: en la comunidad que crea empresas públicas hasta para dar subvenciones y proyectar tranvías que nunca se construirán, la recaptación de impuestos corre a cargo de una empresa privada, la de Gabriel Alzamora Torres, que desde tiempos de Cañellas vive de las comisiones que cobra sobre los embargos que ejecuta, mientras accede desde un compañía ajena al Govern a los datos personales y fiscales de un millón de baleares.
Alquileres y otros excesos
Por no hablar del colmo de los colmos, el penúltimo resto, que no es el más cuantioso pero sí quizá el más urticante: los cientos de miles de euros que se van en apoquinar multas de la propia administración por irregularidades en la contratación, como las que denuncian los sindicatos en sociedades públicas como Ibanat o SFM. Mientras Ibanat ha llegado a pagar más de 300.000 horas extra en un año, la segunda funde en lo mismo 1,7 millones por año. Y todas se dejan un ojo de la cara de cada balear en pagar alquileres como los 211.055 euros que cuestan las instalaciones de Ibanat o los más de 100.000 por los que salen las sedes de empresas públicas como Bitel, Radio de Illes Balears, Televisión de Illes Balears, el IDI, Cooperación Internacional o el Ibisec. Y así hasta sumar los 1.498 millones que funden al año unas empresas públicas para las que ya ha empezado a sonar la música del ERE: es decir, las plantillas (en muchos casos plagadas de jefes con sueldos de vértigo contratados a dedo por el PP, como en Fogaiba) acabarán pagando la mala gestión de dos décadas de manos rotas en el manejo del dinero de todos.
Si lo dudan, miren los titulares de estos días. Escuchen los telediarios y los informativos de radio, en los que se informa de las últimas corruptelas ligadas a empresas del Govern. No son las primeras. Ni serán las últimas. Que no es casualidad que todos los grandes casos de corrupción tengan en la base de su trama una empresa pública. Desde Ibatur a Illesport. Del CDEIB de la lata de Colacao a la Bitel de los teléfonos y las comunicaciones. De Inestur a Ibisec. Y de ahí a Emaya y el súmmum de todos los episodios turbios: el Palma Arena.
Pero no dejen que los árboles les impidan ver el bosque: no solo con corrupción engorda la factura que pagan los ciudadanos. La corrupción política es solo un contenedor de basura en un vertedero de dispendio que hace que la deuda viva de las empresas públicas del Govern ronde ya los 1.700 millones de euros. Han leído bien. 1.700 millones de euros. Casi 300.000 millones de las extintas pesetas. Más dinero del que pagan los baleares en IRPF (el impuesto sobre la renta) en cinco años.
El agujero viene de lejos. Lo parió y amamantó Matas. Aunque lo dejó oculto. La técnica era sencilla: maquillar la deuda oficial del Govern excluyendo de la cuenta el roto generado en años de gestión descontrolada de unas empresas públicas que hasta 2010 hacían y deshacían a voluntad. Se endeudaban con el único control del consejo de administración y sus gerentes políticos, que llenaban el cajón de letras a pagar por la comunidad. El resultado de ese juego de despiste y gasto sin mesura tiene cifras en euros: aunque el PP presume de que en la etapa Matas la deuda del Govern era de 2.346 millones (frente a los 5.068 que lega Antich), la realidad es que el 60,3% de la deuda que dejó como herencia Matas se escondía en las 170 empresas con las que acabó un mandato en el que creó 90 entes.
Antich, campeón de la deuda
Así que cuando Matas perdió el poder, seis de cada diez euros de deuda eran achacables a las empresas públicas. Después llegaron Antich y su conseller Manera, este último artífice de dos hechos que reconoce: elevar la deuda total del Govern y las empresas públicas a una cifra de 5.068 millones nunca vista, y cambiar la geometría del endeudamiento. O traducido: gastar mucho más de lo que se ingresa y levantar alfombras. De ese modo Balears ha pasado de tener el 60,3% de su deuda escondida en sus empresas públicas a absorber el agujero de la trama Matas para que hoy solo el 33% del endeudamiento corresponda a las 166 sociedades del Govern.
Pero ojo, nada de eso quiere decir que el dispendio de la etapa Antich sea menor. Ni mucho menos: el modelo de caja única de Manera solo implica que el Govern asume directamente como propio un endeudamiento que antes se escondía en las cloacas de las empresas públicas. "Eso afea las cifras de deuda que hemos dejado, pero dejamos instaurado un sistema que permite que el Govern sepa y controle en todo momento la deuda de esas empresas, para que no haya sorpresas", aclaraba Manera en su último día como conseller.
Ponía como ejemplo a la empresa que durante años fue la campeona del endeudamiento, las dietas y los cargos de designación política: IB3. El ente de radiotelevisión ha pasado en cuatro años de deber más de 170 millones (el PP presupuestaba para IB3 9 millones, cuando en realidad gastaba 120 al año) a quedarse sin más deuda que 30 millones de euros y con un presupuesto de funcionamiento de 46. Los otros 140 millones de diferencia entre el agujero de Matas y el que lega Manera no han desaparecido. Solo han cambiado de sitio: son deuda del Govern. Pero al menos están controlados.
Y eso no es poco en la comunidad que más se ha endeudado desde que Matas y Antich empezaron a alternarse en el poder allá por 1996. Porque decir que la deuda real de las empresas públicas es de 1.666 millones es quedarse corto. A esa montaña de euros hay que sumarle aún los compromisos de pago para los próximos años. Algunos servirán para abonar obras como el hospital de Son Espases a costa de renunciar a ingresos. Otros simplemente son cantidades comprometidas para el funcionamiento del intrincado entramado de empresas públicas. En total, según la Sindicatura de Comptes, además de pagar la deuda de sus entes, el Govern transferiráhasta el año 2039 un total de 1.338 millones a sus empresas. Resultado: 1.666 millones de deuda y otros 1.338 hipotecados, que elevan el montante de dinero comprometido por encima de los 3.000 millones.
¿Dónde va el dinero?
¿En qué se van tantos recursos? El tópico dice que en personal, que ya se sabe que los funcionarios son muy malvados y los trabajadores de empresa pública mucho más. Pero resulta que no es así. En realidad el gasto en personal de las empresas públicas asciende a 350 millones de euros al año (exactamente 343 en el último año auditado), suma importante, sí, pero que se diluye y pierde peso dentro del presupuesto total del entramado de entes del Govern: 1.498 millones de euros gastaron entre todas las empresas públicas en el año 2009. Es decir, solo el 23% del dinero se va a pagar personal. Uno de cada cuatro euros.
¿Y el resto? Pues ahí empieza de verdad el problema, en el resto. Porque el resto es mucho resto. Son alquileres de sedes de empresas que ejercen funciones de las propias consellerias del Govern. Son gastos multiplicados por 166: cada empresa tiene sus equipos, compra su material (a precio más caro que si se adquiriese todo junto a través del Govern), subcontrata servicios básicos como la limpieza y paga viajes, desplazamientos, dietas de consejeros y abultados intereses financieros por las deudas acumuladas en años de descontrol (Semilla, por poner un ejemplo redondo, dispone de trece cuentas de crédito en bancos por valor de 67 millones, más de un millón por cada uno de sus 63 empleados).
El resto también son contratos innecesarios con empresas privadas para servicios de abogacía, personal, consultoría y asesoramiento. Los podría ofrecer el Govern con sus servicios de abogacía y nóminas, pero no. Ahí están los pagos de empresas públicas como Espais de Natura a asesorías externas para que les hagan las nóminas que podría hacer el servicio de nóminas del Govern. O episodios que serína risible si no fuera por su importancia, como el que convierte en privada la recaudación pública: en la comunidad que crea empresas públicas hasta para dar subvenciones y proyectar tranvías que nunca se construirán, la recaptación de impuestos corre a cargo de una empresa privada, la de Gabriel Alzamora Torres, que desde tiempos de Cañellas vive de las comisiones que cobra sobre los embargos que ejecuta, mientras accede desde un compañía ajena al Govern a los datos personales y fiscales de un millón de baleares.
Alquileres y otros excesos
Por no hablar del colmo de los colmos, el penúltimo resto, que no es el más cuantioso pero sí quizá el más urticante: los cientos de miles de euros que se van en apoquinar multas de la propia administración por irregularidades en la contratación, como las que denuncian los sindicatos en sociedades públicas como Ibanat o SFM. Mientras Ibanat ha llegado a pagar más de 300.000 horas extra en un año, la segunda funde en lo mismo 1,7 millones por año. Y todas se dejan un ojo de la cara de cada balear en pagar alquileres como los 211.055 euros que cuestan las instalaciones de Ibanat o los más de 100.000 por los que salen las sedes de empresas públicas como Bitel, Radio de Illes Balears, Televisión de Illes Balears, el IDI, Cooperación Internacional o el Ibisec. Y así hasta sumar los 1.498 millones que funden al año unas empresas públicas para las que ya ha empezado a sonar la música del ERE: es decir, las plantillas (en muchos casos plagadas de jefes con sueldos de vértigo contratados a dedo por el PP, como en Fogaiba) acabarán pagando la mala gestión de dos décadas de manos rotas en el manejo del dinero de todos.
