24/09/2015
El Gobierno exigirá al Estado el abono de 240 millones de euros pendientes del convenio de carreteras en la Comisión Mixta de Economía Estado-Baleares
Las delegaciones de Baleares y del Gobierno central se encontrarán a final de octubre para hablar de temas de financiación y de inversiones en las Islas en el seno de la Comisión Mixta Bilateral de Economía y Hacienda, según han acordado en Madrid la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
Según Cladera, “el ministro Montoro ha reconocido la situación de infrafinanciación histórica de Baleares que los sistemas de financiación autonómica no han conseguido corregir” dado que “Baleares sigue aportando más de lo que recibe”. No obstante, esta cuestión de la financiación autonómica ha quedado aparcada hasta 2016, con el nuevo Gobierno central surgido de las elecciones generales de diciembre en plenas funciones.
Por lo tanto, y con vistas a la Comisión Mixta del próximo mes de octubre, Cristóbal Montoro se ha mostrado más favorable a negociar “los compromisos pendientes de inversión que el Estado tiene con Baleares” según ha dicho Cladera. Así, el principal punto en este aspecto será el de la liquidación final del convenio de carreteras: “Existe una sentencia judicial de 2011 que dice que estos convenios de carreteras ¾el de 1998 y el de 2004¾ se tienen que seguir tramitando”, ha afirmado la consejera del Gobierno de las Illes Balears. Según esta sentencia, quedaban 333 millones de euros para transferir a Baleares en virtud de los dos convenios de carreteras, de los que 90,2 millones de euros ¾pertenecientes al convenio de 1998¾ fueron transferidos a principios de este año. El resto de la cantidad, 241 millones de euros, será la reivindicación que Baleares pondrá sobre la mesa de la Comisión Mixta. “No hemos hablado de cantidades” ¾ha reconocido Cladera¾, a pesar de la disposición del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para resolver esta cuestión. El expediente del convenio de 2004 acumula más de diez años de retraso por unas obras que fueron ejecutadas sin el apoyo financiero previsto en el acuerdo primitivo entre el Gobierno del Estado y el de las Illes Balears, a causa de una denuncia por incumplimiento manifestada en su día por el Ministerio de Fomento, dirigido por Magdalena Álvarez, y que desde aquel momento ha impedido cualquier acuerdo al respecto.
El Gobierno central también se ha mostrado favorable a desbloquear algunas de las numerosas inversiones pendientes en materia de depuración y desalinización de agua, como las infraestructuras de Eivissa y de Ciutadella, en la misma línea que ya expresó el presidente del Gobierno Mariano Rajoy en la reunión mantenida el pasado 2 de septiembre con la presidenta Francina Armengol, por una cantidad superior a los cuarenta millones de euros de inversión.
En otro orden de cosas, Cladera y Montoro han acordado la creación de un grupo de trabajo para dar inicio a la redacción de la nueva ley de régimen especial para Baleares (REB). En este punto, Cladera ha “lamentado” que Montoro haya negado la posibilidad de que se puedan introducir modificaciones vía enmienda a la tramitación que está siguiendo el REB en el Congreso de los Diputados, derivada de la propuesta de reforma presentada por el Gobierno Bauzá pocos días antes de las elecciones del mes de mayo pasado; una reforma que el actual Gobierno ha solicitado paralizar, en virtud de los acuerdos de gobernabilidad firmados entre las fuerzas políticas que dan apoyo al Gobierno, porque no representan en realidad un conjunto de medidas global, sino un simple conjunto de medidas fiscales, hecho y presentado durante la campaña electoral.
Finalmente, Cladera también se ha mostrado dispuesta a “insistir” en la demanda de mejora de la financiación de Baleares por la vía de las inversiones estatutarias en el seno de la Comisión Mixta. No obstante, Cladera ha dicho que Montoro “se ha mostrado contrario a esta vía de financiación” con el argumento de que “aceptar estas inversiones estatutarias significaría que los estatutos de autonomía dictarían al Estado lo que tiene que hacer, y eso, según Montoro, no es posible”.
A la reunión, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en Madrid, también ha asistido el director general de Presupuestos y Financiación del Gobierno, Joan Carrió, y la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio, Rosana Navarro.
Según Cladera, “el ministro Montoro ha reconocido la situación de infrafinanciación histórica de Baleares que los sistemas de financiación autonómica no han conseguido corregir” dado que “Baleares sigue aportando más de lo que recibe”. No obstante, esta cuestión de la financiación autonómica ha quedado aparcada hasta 2016, con el nuevo Gobierno central surgido de las elecciones generales de diciembre en plenas funciones.
Por lo tanto, y con vistas a la Comisión Mixta del próximo mes de octubre, Cristóbal Montoro se ha mostrado más favorable a negociar “los compromisos pendientes de inversión que el Estado tiene con Baleares” según ha dicho Cladera. Así, el principal punto en este aspecto será el de la liquidación final del convenio de carreteras: “Existe una sentencia judicial de 2011 que dice que estos convenios de carreteras ¾el de 1998 y el de 2004¾ se tienen que seguir tramitando”, ha afirmado la consejera del Gobierno de las Illes Balears. Según esta sentencia, quedaban 333 millones de euros para transferir a Baleares en virtud de los dos convenios de carreteras, de los que 90,2 millones de euros ¾pertenecientes al convenio de 1998¾ fueron transferidos a principios de este año. El resto de la cantidad, 241 millones de euros, será la reivindicación que Baleares pondrá sobre la mesa de la Comisión Mixta. “No hemos hablado de cantidades” ¾ha reconocido Cladera¾, a pesar de la disposición del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para resolver esta cuestión. El expediente del convenio de 2004 acumula más de diez años de retraso por unas obras que fueron ejecutadas sin el apoyo financiero previsto en el acuerdo primitivo entre el Gobierno del Estado y el de las Illes Balears, a causa de una denuncia por incumplimiento manifestada en su día por el Ministerio de Fomento, dirigido por Magdalena Álvarez, y que desde aquel momento ha impedido cualquier acuerdo al respecto.
El Gobierno central también se ha mostrado favorable a desbloquear algunas de las numerosas inversiones pendientes en materia de depuración y desalinización de agua, como las infraestructuras de Eivissa y de Ciutadella, en la misma línea que ya expresó el presidente del Gobierno Mariano Rajoy en la reunión mantenida el pasado 2 de septiembre con la presidenta Francina Armengol, por una cantidad superior a los cuarenta millones de euros de inversión.
En otro orden de cosas, Cladera y Montoro han acordado la creación de un grupo de trabajo para dar inicio a la redacción de la nueva ley de régimen especial para Baleares (REB). En este punto, Cladera ha “lamentado” que Montoro haya negado la posibilidad de que se puedan introducir modificaciones vía enmienda a la tramitación que está siguiendo el REB en el Congreso de los Diputados, derivada de la propuesta de reforma presentada por el Gobierno Bauzá pocos días antes de las elecciones del mes de mayo pasado; una reforma que el actual Gobierno ha solicitado paralizar, en virtud de los acuerdos de gobernabilidad firmados entre las fuerzas políticas que dan apoyo al Gobierno, porque no representan en realidad un conjunto de medidas global, sino un simple conjunto de medidas fiscales, hecho y presentado durante la campaña electoral.
Finalmente, Cladera también se ha mostrado dispuesta a “insistir” en la demanda de mejora de la financiación de Baleares por la vía de las inversiones estatutarias en el seno de la Comisión Mixta. No obstante, Cladera ha dicho que Montoro “se ha mostrado contrario a esta vía de financiación” con el argumento de que “aceptar estas inversiones estatutarias significaría que los estatutos de autonomía dictarían al Estado lo que tiene que hacer, y eso, según Montoro, no es posible”.
A la reunión, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en Madrid, también ha asistido el director general de Presupuestos y Financiación del Gobierno, Joan Carrió, y la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio, Rosana Navarro.
