07/11/2015
El Govern estudia interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Estado para defender judicialmente las inversiones estatutarias de la Pla
El Consell de Govern ha acordado hoy instar a la Abogacía de la Comunidad Autónoma para “que estudie la viabilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Instituto de Turismo de España respecto a la no aceptación de las prórrogas ni de la tramitación del borrador de adenda II relativos al convenio de colaboración de 13 de agosto de 2009 para la remodelación de la Platja de Palma, así como respecto de la advertencia de reintegro de las cantidades; y, asimismo, que en caso de considerar su viabilidad, presente el citado recurso”. El objetivo del Govern es defender judicialmente las inversiones estatutarias para la remodelación de la Platja de Palma, que ahora el Estado reclama.
El 13 de agosto de 2009 se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto de Turismo de España (Turespaña) y el Govern de las Illes Balears, en el marco de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Illes Balears, y a efectos de lo establecido en la disposición transitoria novena del Estatuto de Autonomía —que define las llamadas inversiones estatutarias—, con el fin de llevar a cabo actuaciones de mejora y embellecimiento de la Platja de Palma.
El 23 de diciembre de 2010 se suscribió una adenda para permitir instrumentar el compromiso de inversión del Estado para el año 2010. En cualquier caso, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears presentó una adenda II al convenio, en la que se proponía una revisión de las actuaciones, así como la prórroga del plazo de ejecución del Convenio por un plazo adicional de seis años desde la firma de esta, y de siete años para la justificación.
Estas solicitudes fueron desestimadas mediante la comunicación de fecha 1 de octubre de 2015 firmada por la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, en la que, asimismo, se informaba de que las cantidades no justificadas convenientemente tendrán que ser reintegradas total o parcialmente, con el interés de demora correspondiente.
El Govern entiende que la desestimación de la prórroga solicitada, que en la práctica supondría la pérdida de la mayor parte de las inversiones estipuladas en el mencionado convenio —que corresponden a las Illes Balears en virtud de lo que marca el Estatut—, vulnera los derechos de la ciudadanía de las Balears, va en contra del espíritu de colaboración y cooperación institucionales y tiene que ser recurrida ante los tribunales de justicia.
El 13 de agosto de 2009 se firmó el convenio de colaboración entre el Instituto de Turismo de España (Turespaña) y el Govern de las Illes Balears, en el marco de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Illes Balears, y a efectos de lo establecido en la disposición transitoria novena del Estatuto de Autonomía —que define las llamadas inversiones estatutarias—, con el fin de llevar a cabo actuaciones de mejora y embellecimiento de la Platja de Palma.
El 23 de diciembre de 2010 se suscribió una adenda para permitir instrumentar el compromiso de inversión del Estado para el año 2010. En cualquier caso, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears presentó una adenda II al convenio, en la que se proponía una revisión de las actuaciones, así como la prórroga del plazo de ejecución del Convenio por un plazo adicional de seis años desde la firma de esta, y de siete años para la justificación.
Estas solicitudes fueron desestimadas mediante la comunicación de fecha 1 de octubre de 2015 firmada por la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, en la que, asimismo, se informaba de que las cantidades no justificadas convenientemente tendrán que ser reintegradas total o parcialmente, con el interés de demora correspondiente.
El Govern entiende que la desestimación de la prórroga solicitada, que en la práctica supondría la pérdida de la mayor parte de las inversiones estipuladas en el mencionado convenio —que corresponden a las Illes Balears en virtud de lo que marca el Estatut—, vulnera los derechos de la ciudadanía de las Balears, va en contra del espíritu de colaboración y cooperación institucionales y tiene que ser recurrida ante los tribunales de justicia.
