20/01/2016
El Govern creará un fondo autonómico de rescate energético para ayudar a las familias que no pueden pagar las facturas
La presidenta de las Illes Balears, Francina Armengol, ha presidido hoy la reunión de la Mesa de la Pobreza Energética, convocada para arbitrar —de manera conjunta entre administraciones, empresas eléctricas, organizaciones de consumidores y entidades sociales y ONG— soluciones para las familias en situación de pobreza energética. Armengol ha destacado la importancia del trabajo conjunto de todos los organismos y empresas asistentes “para que no haya en Baleares ninguna persona a quien, por falta de recursos, se le corte el suministro energético”, con “planes inmediatos y otros a largo plazo que garanticen un apoyo a las personas que se encuentran en una situación más vulnerable”.
En este sentido, ha indicado la presidenta, “queremos agradecer el trabajo de apoyo social que hacen las entidades y también el esfuerzo de las empresas eléctricas” por contribuir a esta tarea. Como primera medida, el Govern ha anunciado a los miembros de la Mesa de la Pobreza la creación de un fondo autonómico para el rescate energético, que, para el 2016, estará dotado ya con 200.000 euros.
La previsión es que este fondo de rescate se nutra de aportaciones tanto de fondos públicos como de fondos que puedan aportar las compañías eléctricas —por ejemplo, por medio de sus fundaciones de acción social. Por su parte, el Govern garantizará una aportación anual al fondo de rescate energético, al cual destinará anualmente parte del dinero que se ahorre en función de las medidas de ahorro energético que se pondrán en marcha en paralelo al nuevo contrato de suministro energético —que supondrá la compra únicamente de energía renovable.
“Este ahorro lo destinaremos al fondo de rescate energético”, ha afirmado el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Joan Boned. Se calcula que, como mínimo, se podrán incluir 200.000 euros en este fondo de rescate, procedentes del ahorro energético. El conseller ha destacado que esta es una partida inicial para el fondo y que el Govern espera que se nutra con otras aportaciones. “hemos pedido aportaciones a las empresas eléctricas”, ha afirmado el conseller.
Además de anunciar la creación del fondo autonómico de rescate energético, el Govern ha planteado a las compañías distribuidoras y comercializadoras eléctricas la necesidad de fijar una moratoria de cortes de suministro durante el invierno para las familias que no puedan pagar los recibos por su situación.
Las eléctricas han acogido con buena disposición la propuesta de moratoria para que no se corte la electricidad a nadie durante el invierno por no poder pagar la factura. Al mismo tiempo que se abordarán las situaciones de emergencia –de las que se tenga conocimiento a través de las mismas empresas, entidades sociales o servicios sociales–, se trabajará en la articulación de un protocolo de actuación ante situaciones de riesgo. Es decir, se definirá cómo actuar para evitar el corte de suministro a una familia, con garantías para todas las partes afectadas.
“Las soluciones” –ha apuntado el conseller– “pueden ser diferentes, desde una condonación, a pagos a través del fondo autonómico o de los convenios suscritos con la FELIB...”. El conseller ha recordado que actualmente hay un convenio de Endesa con la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB), al cual están adheridos unos 30 municipios, que garantiza el pago de los recibos a las familias con dificultades económicas.
Durante la reunión de la Mesa de la Pobreza, Fenosa e Iberdrola han mostrado su disposición a firmar convenios de este tipo.
La Dirección General de Energía ha planteado una primera propuesta a los miembros de la Mesa: qué características tiene que tener un hogar para ser considerado vulnerable, qué criterios de consumo energético —qué potencia contratada o qué consumo mensual se tienen que considerar los mínimos dignos para un hogar— o qué circunstancias —como el número de personas que viven en la vivienda, el de personas dependientes...— se tienen que tener en cuenta a la hora de considerar si hay riesgo de pobreza energética.
El objetivo es actuar antes para evitar que se corte el suministro a estos hogares. Se plantea de entrada un procedimiento de evaluación y posibles soluciones, que irán concretando los miembros de la Mesa y en las cuales tienen que estar implicadas todas las partes: las eléctricas tienen que asesorar sobre cuál es la tarifación más adecuada para cada caso y tienen que plantear los casos de riesgo, y los servicios sociales tienen que evaluar la situación concreta en función de los ingresos, los recursos, el número de personas dependientes del hogar o la percepción de ayudas sociales.
Finalmente, para las familias en situación vulnerable, se pueden plantear diferentes soluciones, como por ejemplo: fraccionamiento del pago de los recibos, una tarifación reducida o la asunción del coste por otro cuando haya una imposibilidad real de pagar. Por otra parte, también se puede resolver que no se cumplen los requisitos porque queda excluida del programa la morosidad por causas que no sean pobreza energética.
Estas soluciones serán aplicables tanto a los nuevos casos que se puedan plantear una vez consensuado el protocolo de situaciones de riesgo como a los que ahora se amparen en la moratoria inmediata de cortes de suministro durante el invierno, que ha reclamado el Govern a las eléctricas.
Medidas de prevención y mitigación
Para combatir la pobreza energética no es suficiente actuar ante las situaciones de emergencia, sino que se tiene que evitar que se llegue a ellas.
Por eso, se articularán también actuaciones de prevención en las que se priorizarán los hogares en situación de vulnerabilidad. Las acciones, que se pueden ampliar en función de las aportaciones que se hagan en la Mesa de la Pobreza, pueden ser: por una parte, campañas informativas para dar a conocer los derechos y los recursos que tienen a su alcance los ciudadanos, las tarifas adecuadas a su situación o los criterios para acogerse al bono social; de la otra, planes de ahorro para los hogares, para saber cómo hacer un mejor uso de la energía o planes de ayudas a la rehabilitación energética, entre otros.
Situación actual
La problemática de la pobreza energética en las Illes Balears es bastante preocupante. Son muchas las familias de las Illes que la sufren. El Instituto de Estadística de las Illes Balears (Ibestat) —a partir de los datos de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística— destaca que en las Illes Balears el 6,6% de los hogares no se pueden permitir mantener la vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que se eleva hasta el 9% en los casos de familias con hijos dependientes —son dependientes los menores de 18 años y las personas de 18 a 24 años económicamente inactivas.
Además, el Ibestat indica también que el 18,1% tiene problemas para atender los gastos domésticos —entre los cuales, la factura energética—, porcentaje que en el caso de familias con hijos llega hasta el 23,2%. Hay incluso estudios que reflejan datos más preocupantes todavía, como el VII Informe sobre exclusión social en las Illes Balears de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada).
Este estudio eleva al 19,9% el porcentaje de los hogares de las Illes Balears que no pueden mantenerse a una temperatura adecuada. Entre la población en situación de exclusión social, una de cada tres familias se ve afectada. Además, el 31% de los hogares han tenido problemas para pagar facturas, entre las cuales está la energética.
La presencia de entidades sociales en la Mesa de la Pobreza, que conocen de primera mano el problema porque son las que día a día están en contacto con los afectados, será determinante para definir con exactitud la radiografía de la situación en las Illes y para poder articular medidas no ya de emergencia sino también de lucha. En este sentido, la Mesa creará un grupo de trabajo de diagnosis, con el objetivo de recoger y procesar las estadísticas y los estudios existentes con el fin de identificar el alcance y la severidad de la situación de la pobreza energética en las Illes.
La Mesa
La Mesa de la Pobreza Energética ha sido hoy presidida por Francina Armengol, acompañada por el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Joan Boned. Los miembros de la Mesa, para las futuras sesiones, son el conseller Joan Boned como presidente; el director general de Energía y Cambio Climático, Joan Groizard, como vicepresidente, y también los directores generales de Arquitectura y Vivienda; Consumo, Planificación y Servicios Sociales; Política Industrial, y Coordinación. Integran también la Mesa representantes de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB), Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (FACUA), Asociación Nuredduna de Defensa del Consumidor, Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares “La Defensa”, Cruz Roja, Càritas Diocesana, EAPN-Illes Baleares – Xarxa per la Inclusió Social, Endesa, Vall de Sóller Energia, SLU/Elèctrica Sollerense, Sampol Energia, SL, Iberdrola, Gas Natural, Fenie y Som Energia, y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). La Mesa está abierta a futuras incorporaciones.
En este sentido, ha indicado la presidenta, “queremos agradecer el trabajo de apoyo social que hacen las entidades y también el esfuerzo de las empresas eléctricas” por contribuir a esta tarea. Como primera medida, el Govern ha anunciado a los miembros de la Mesa de la Pobreza la creación de un fondo autonómico para el rescate energético, que, para el 2016, estará dotado ya con 200.000 euros.
La previsión es que este fondo de rescate se nutra de aportaciones tanto de fondos públicos como de fondos que puedan aportar las compañías eléctricas —por ejemplo, por medio de sus fundaciones de acción social. Por su parte, el Govern garantizará una aportación anual al fondo de rescate energético, al cual destinará anualmente parte del dinero que se ahorre en función de las medidas de ahorro energético que se pondrán en marcha en paralelo al nuevo contrato de suministro energético —que supondrá la compra únicamente de energía renovable.
“Este ahorro lo destinaremos al fondo de rescate energético”, ha afirmado el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Joan Boned. Se calcula que, como mínimo, se podrán incluir 200.000 euros en este fondo de rescate, procedentes del ahorro energético. El conseller ha destacado que esta es una partida inicial para el fondo y que el Govern espera que se nutra con otras aportaciones. “hemos pedido aportaciones a las empresas eléctricas”, ha afirmado el conseller.
Además de anunciar la creación del fondo autonómico de rescate energético, el Govern ha planteado a las compañías distribuidoras y comercializadoras eléctricas la necesidad de fijar una moratoria de cortes de suministro durante el invierno para las familias que no puedan pagar los recibos por su situación.
Las eléctricas han acogido con buena disposición la propuesta de moratoria para que no se corte la electricidad a nadie durante el invierno por no poder pagar la factura. Al mismo tiempo que se abordarán las situaciones de emergencia –de las que se tenga conocimiento a través de las mismas empresas, entidades sociales o servicios sociales–, se trabajará en la articulación de un protocolo de actuación ante situaciones de riesgo. Es decir, se definirá cómo actuar para evitar el corte de suministro a una familia, con garantías para todas las partes afectadas.
“Las soluciones” –ha apuntado el conseller– “pueden ser diferentes, desde una condonación, a pagos a través del fondo autonómico o de los convenios suscritos con la FELIB...”. El conseller ha recordado que actualmente hay un convenio de Endesa con la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB), al cual están adheridos unos 30 municipios, que garantiza el pago de los recibos a las familias con dificultades económicas.
Durante la reunión de la Mesa de la Pobreza, Fenosa e Iberdrola han mostrado su disposición a firmar convenios de este tipo.
La Dirección General de Energía ha planteado una primera propuesta a los miembros de la Mesa: qué características tiene que tener un hogar para ser considerado vulnerable, qué criterios de consumo energético —qué potencia contratada o qué consumo mensual se tienen que considerar los mínimos dignos para un hogar— o qué circunstancias —como el número de personas que viven en la vivienda, el de personas dependientes...— se tienen que tener en cuenta a la hora de considerar si hay riesgo de pobreza energética.
El objetivo es actuar antes para evitar que se corte el suministro a estos hogares. Se plantea de entrada un procedimiento de evaluación y posibles soluciones, que irán concretando los miembros de la Mesa y en las cuales tienen que estar implicadas todas las partes: las eléctricas tienen que asesorar sobre cuál es la tarifación más adecuada para cada caso y tienen que plantear los casos de riesgo, y los servicios sociales tienen que evaluar la situación concreta en función de los ingresos, los recursos, el número de personas dependientes del hogar o la percepción de ayudas sociales.
Finalmente, para las familias en situación vulnerable, se pueden plantear diferentes soluciones, como por ejemplo: fraccionamiento del pago de los recibos, una tarifación reducida o la asunción del coste por otro cuando haya una imposibilidad real de pagar. Por otra parte, también se puede resolver que no se cumplen los requisitos porque queda excluida del programa la morosidad por causas que no sean pobreza energética.
Estas soluciones serán aplicables tanto a los nuevos casos que se puedan plantear una vez consensuado el protocolo de situaciones de riesgo como a los que ahora se amparen en la moratoria inmediata de cortes de suministro durante el invierno, que ha reclamado el Govern a las eléctricas.
Medidas de prevención y mitigación
Para combatir la pobreza energética no es suficiente actuar ante las situaciones de emergencia, sino que se tiene que evitar que se llegue a ellas.
Por eso, se articularán también actuaciones de prevención en las que se priorizarán los hogares en situación de vulnerabilidad. Las acciones, que se pueden ampliar en función de las aportaciones que se hagan en la Mesa de la Pobreza, pueden ser: por una parte, campañas informativas para dar a conocer los derechos y los recursos que tienen a su alcance los ciudadanos, las tarifas adecuadas a su situación o los criterios para acogerse al bono social; de la otra, planes de ahorro para los hogares, para saber cómo hacer un mejor uso de la energía o planes de ayudas a la rehabilitación energética, entre otros.
Situación actual
La problemática de la pobreza energética en las Illes Balears es bastante preocupante. Son muchas las familias de las Illes que la sufren. El Instituto de Estadística de las Illes Balears (Ibestat) —a partir de los datos de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística— destaca que en las Illes Balears el 6,6% de los hogares no se pueden permitir mantener la vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que se eleva hasta el 9% en los casos de familias con hijos dependientes —son dependientes los menores de 18 años y las personas de 18 a 24 años económicamente inactivas.
Además, el Ibestat indica también que el 18,1% tiene problemas para atender los gastos domésticos —entre los cuales, la factura energética—, porcentaje que en el caso de familias con hijos llega hasta el 23,2%. Hay incluso estudios que reflejan datos más preocupantes todavía, como el VII Informe sobre exclusión social en las Illes Balears de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada).
Este estudio eleva al 19,9% el porcentaje de los hogares de las Illes Balears que no pueden mantenerse a una temperatura adecuada. Entre la población en situación de exclusión social, una de cada tres familias se ve afectada. Además, el 31% de los hogares han tenido problemas para pagar facturas, entre las cuales está la energética.
La presencia de entidades sociales en la Mesa de la Pobreza, que conocen de primera mano el problema porque son las que día a día están en contacto con los afectados, será determinante para definir con exactitud la radiografía de la situación en las Illes y para poder articular medidas no ya de emergencia sino también de lucha. En este sentido, la Mesa creará un grupo de trabajo de diagnosis, con el objetivo de recoger y procesar las estadísticas y los estudios existentes con el fin de identificar el alcance y la severidad de la situación de la pobreza energética en las Illes.
La Mesa
La Mesa de la Pobreza Energética ha sido hoy presidida por Francina Armengol, acompañada por el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Joan Boned. Los miembros de la Mesa, para las futuras sesiones, son el conseller Joan Boned como presidente; el director general de Energía y Cambio Climático, Joan Groizard, como vicepresidente, y también los directores generales de Arquitectura y Vivienda; Consumo, Planificación y Servicios Sociales; Política Industrial, y Coordinación. Integran también la Mesa representantes de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB), Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (FACUA), Asociación Nuredduna de Defensa del Consumidor, Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares “La Defensa”, Cruz Roja, Càritas Diocesana, EAPN-Illes Baleares – Xarxa per la Inclusió Social, Endesa, Vall de Sóller Energia, SLU/Elèctrica Sollerense, Sampol Energia, SL, Iberdrola, Gas Natural, Fenie y Som Energia, y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). La Mesa está abierta a futuras incorporaciones.
