26/02/2016
Los centros educativos de Baleares contarán por primera vez con un Protocolo de Acoso Escolar
Así se ha explicado por parte del conseller Martí March, acompañado del director general de Innovación y Comunidad Educativa, Jaume Ribas, y la directora del Convivèxit, Marta Escoda. El objetivo de esta iniciativa es establecer una línea clara de actuación para todos los centros educativos que permita una acción rápida, coordinada y efectiva en los casos detectados, sin dejar de lado, acciones destinadas a trabajar a medio y largo plazo para actuar en prevención.
Además, por primera vez se tendrán datos objetivos sobre acoso escolar dado que todos los casos detectados en los centros quedarán registrados en el GESTIB y no dependerán de encuestas subjetivas.
El Protocolo se ha elaborado partiendo de un estudio de la situación del acoso escolar a través de la revisión de diferentes medidas y protocolos de otros países, otras comunidades autónomas y de centros concretos. A partir de todos estos elementos se elaboró una propuesta que se envió a un grupo de expertos integrado por representantes del Convivèxit, de Inspección Educativa, del Servicio de Apoyo Educativo, del cuerpo de Policías Tutores, de la Oficina de Defensa del Derecho del Menor, de la Dirección general de Planificación, Ordenación y Centros, y de la Universitat de les Illes Balears.
Paralelamente también se envió a la Confederación de Asociaciones de Padres, al Instituto de Salud Mental, a la Fiscalía de Menores y al Instituto Balear de la Mujer. El documento final ha tenido en cuenta las aportaciones de todos los expertos. Convivèxit ha organizado unas jornadas de formación previstas para el mes de marzo dirigidas a directores de centros educativos y coordinadores de las Comisiones de Convivencia de los centros ya que son las personas más directamente implicadas en la detección e intervención en posibles acosos. La próxima semana la resolución del Protocolo se publicará en el BOIB y entrará en vigor.
La Resolución que regula este Protocolo establece que todos los centros tienen que disponer de un protocolo de actuación ante un posible acoso escolar que se tendrá que incluir dentro del Plan de Convivencia, tiene que estar aprobado por el Consejo Escolar del Centro y se tiene que difundir entre las familias. Este Protocolo ofrece de manera detallada, los pasos a seguir para actuar frente a un supuesto episodio de acoso escolar mediante la propuesta de actuaciones inmediatas desde el primer momento en que tenemos conocimiento de un posible caso.
Además, plantea las orientaciones generales para diseñar un plan de prevención contra el acoso escolar, a desarrollar por el centro mediante actuaciones a corto, medio y largo plazo.
Para tratar bullying y con un enfoque educativo
Este protocolo es exclusivo para atender supuestos de bullying (acoso entre iguales) y dentro del ámbito escolar. No es válido para otros supuestos de acoso escolar cómo: acoso de profesorado hacia alumnado o alumnado hacia profesorado, ni acoso entre adultos. El protocolo tiene un enfoque educativo y no punitivo, integrando la función afectiva (mostrando preocupación e interés por la otra persona), con la función de control (que infiere protección y seguridad). Se hará uso de un procedimiento pacífico, afrontando el problema desde un estilo comprometido y cooperativo.
En todo caso, disponer de un protocolo no significa disponer de una respuesta única; al contrario, es la guía para adecuar la intervención específica que se requiera en cada momento. El que sí es imprescindible es que todas las actuaciones que realizamos con cada una de las partes queden registradas en las actas correspondientes. Una de las cuestiones que se establece en el protocolo es que siempre sea la misma persona la que hace las entrevistas una vez detectado el caso.
De esta forma se gestiona el conflicto integrando las diferentes historias/narraciones de los tres tipos de alumnado protagonista (quienes sufren el acoso, quienes lo observan y quienes lo ejercen) y de sus respectivas familias, en la medida que se va produciendo la transformación del conflicto y se converge en una única historia compartida por todos los participantes.
En el supuesto de que el conflicto no se pueda solventar con las actuaciones coordinadas desde el centro educativo el caso pasará a entidades judiciales y policiales. Durante todo el proceso se mantiene un contacto fluido entre las administraciones educativas y judiciales en los casos que es necesario para poder garantizar una protección adecuada a todos los menores implicados y sus familias.
Además, por primera vez se tendrán datos objetivos sobre acoso escolar dado que todos los casos detectados en los centros quedarán registrados en el GESTIB y no dependerán de encuestas subjetivas.
El Protocolo se ha elaborado partiendo de un estudio de la situación del acoso escolar a través de la revisión de diferentes medidas y protocolos de otros países, otras comunidades autónomas y de centros concretos. A partir de todos estos elementos se elaboró una propuesta que se envió a un grupo de expertos integrado por representantes del Convivèxit, de Inspección Educativa, del Servicio de Apoyo Educativo, del cuerpo de Policías Tutores, de la Oficina de Defensa del Derecho del Menor, de la Dirección general de Planificación, Ordenación y Centros, y de la Universitat de les Illes Balears.
Paralelamente también se envió a la Confederación de Asociaciones de Padres, al Instituto de Salud Mental, a la Fiscalía de Menores y al Instituto Balear de la Mujer. El documento final ha tenido en cuenta las aportaciones de todos los expertos. Convivèxit ha organizado unas jornadas de formación previstas para el mes de marzo dirigidas a directores de centros educativos y coordinadores de las Comisiones de Convivencia de los centros ya que son las personas más directamente implicadas en la detección e intervención en posibles acosos. La próxima semana la resolución del Protocolo se publicará en el BOIB y entrará en vigor.
La Resolución que regula este Protocolo establece que todos los centros tienen que disponer de un protocolo de actuación ante un posible acoso escolar que se tendrá que incluir dentro del Plan de Convivencia, tiene que estar aprobado por el Consejo Escolar del Centro y se tiene que difundir entre las familias. Este Protocolo ofrece de manera detallada, los pasos a seguir para actuar frente a un supuesto episodio de acoso escolar mediante la propuesta de actuaciones inmediatas desde el primer momento en que tenemos conocimiento de un posible caso.
Además, plantea las orientaciones generales para diseñar un plan de prevención contra el acoso escolar, a desarrollar por el centro mediante actuaciones a corto, medio y largo plazo.
Para tratar bullying y con un enfoque educativo
Este protocolo es exclusivo para atender supuestos de bullying (acoso entre iguales) y dentro del ámbito escolar. No es válido para otros supuestos de acoso escolar cómo: acoso de profesorado hacia alumnado o alumnado hacia profesorado, ni acoso entre adultos. El protocolo tiene un enfoque educativo y no punitivo, integrando la función afectiva (mostrando preocupación e interés por la otra persona), con la función de control (que infiere protección y seguridad). Se hará uso de un procedimiento pacífico, afrontando el problema desde un estilo comprometido y cooperativo.
En todo caso, disponer de un protocolo no significa disponer de una respuesta única; al contrario, es la guía para adecuar la intervención específica que se requiera en cada momento. El que sí es imprescindible es que todas las actuaciones que realizamos con cada una de las partes queden registradas en las actas correspondientes. Una de las cuestiones que se establece en el protocolo es que siempre sea la misma persona la que hace las entrevistas una vez detectado el caso.
De esta forma se gestiona el conflicto integrando las diferentes historias/narraciones de los tres tipos de alumnado protagonista (quienes sufren el acoso, quienes lo observan y quienes lo ejercen) y de sus respectivas familias, en la medida que se va produciendo la transformación del conflicto y se converge en una única historia compartida por todos los participantes.
En el supuesto de que el conflicto no se pueda solventar con las actuaciones coordinadas desde el centro educativo el caso pasará a entidades judiciales y policiales. Durante todo el proceso se mantiene un contacto fluido entre las administraciones educativas y judiciales en los casos que es necesario para poder garantizar una protección adecuada a todos los menores implicados y sus familias.
