03/11/2016
El Proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2017 entra a trámite en el Parlament
Como se recordará, el Consell de Govern aprobó el viernes 28 de octubre el texto articulado y el estado de ingresos y gastos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears para el año 2017, por valor de 4.668,24 millones de euros. La política presupuestaria que se plantea para el ejercicio de 2017 prevé dar continuidad a los proyectos impulsados por el Govern de les Illes Balears para recuperar los derechos básicos de los que se ha visto privada la ciudadanía a lo largo de los últimos años, poniendo el acento en las políticas sociales con el objetivo de recobrar los niveles de bienestar perdidos.
Además, también se pretende apostar por consolidar la recuperación económica mediante el fomento de la competitividad del tejido productivo, avanzando hacia un modelo económico más sostenible.
Por otra parte, también será una prioridad en este ejercicio el impulso de las inversiones en infraestructuras, tanto las de tipo social como las que tienen que ver con la movilidad, la eficiencia energética, la innovación tecnológica o el abastecimiento y el saneamiento de aguas. Estos presupuestos generales son los primeros que se aprueban en el marco de la Ley 14/2014, de Finanzas de las Islas Baleares, con respecto a una dotación suficiente del fondo de contingencia, que se cuantifica en el 1 % de los estados de gastos no financieros.
Los estados de gastos de los presupuestos generales de la Comunitat Autònoma para el año 2017 tienen en cuenta el límite de gasto no financiero aprobado por el Acuerdo del Consell de Govern de 7 de octubre de 2016, ratificado por el Parlament de les Illes Balears el día 18 de octubre por un importe máximo de 3.839.643.570 euros.
La plena aplicación de la Ley de Finanzas de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears también determina que se mantenga la línea de centralización de las operaciones de endeudamiento para reducir el coste financiero. Con esta misma finalidad se prevé también la posibilidad de refinanciar la deuda viva de cualquiera de los entes integrantes del sector público autonómico.