El suspenso de una niña valenciana por contestar en castellano llega a Educación
La estudiante, Natalia, que cursa la línea en castellano de la educación valenciana y que tiene un expediente 'brillante', realizó hace unos meses un examen de Conocimiento del Medio al que contestó en castellano, como ya había hecho en exámenes anteriores, según explicó, el presidente de la ANLL, Pablo Yáñez.
La profesora de la niña la suspendió por no responder en valenciano, aunque reconoce que Natalia entiende la lengua pues sus contestaciones se ajustaban a las preguntas. 'Has hecho el examen en castellano, si respondes bien a las preguntas es porque has entendido bien la pregunta en valenciano', comenta la profesora en el examen a continuación de la calificación de 'insuficiente'.
Ante esta situación, su padre, Juan Vicente, lo comunicó al director del cetro, que hizo 'caso omiso', después al inspector de educación que corresponde a este colegio, 'que le acusó de querer segregar a los alumnos y de ir contra el catalán' y, finalmente, lo puso en conocimiento de la Consejería de Educación que, 'esquivando el problema' le respondió que es el colegio el que manda las directrices educativas.
Además, el padre redactó una reivindicación al defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, que es el único que le ha contestado admitiendo a trámite su denuncia.
A partir de ese momento el colegio empezó a ejercer un 'abuso escolar' hacia Natalia 'metiendo a la niña en salas a someterla a un tercer grado con los profesores, haciéndola ver que la cultura valenciana no se merece ese desprecio', tal y como indicó Yáñez. Asimismo, la niña ha sufrido discriminación al no dejarla leer en clase por tener el libro de la asignatura Educación para la Ciudadanía en castellano.
La estudiante se encuentra cursando la línea en castellano de la educación valenciana, que supone cursar todas las asignaturas en valenciano excepto las matemáticas y la lengua española, que es una de las vías opcionales que ofrece el centro público donde estudia, diferenciándose de otros colegios valencianos que imparten sus clases enteramente en su lengua.
En este sentido, Yáñez señaló que, según el modelo que recoge la consejería de Educación debería predominar más el castellano pero indicó que 'es el juego que utilizan estas administraciones, pues ponen en manos del Consejo Escolar cómo repartir las horas entre valenciano y castellano sin establecer un criterio mínimo'.
Responsabilidades políticas
Por otro lado, apuntó que en Valencia, donde gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta, denunciar esto sería 'ir en contra del estatus político que hay en la Comunidad Valenciana'. Así, mañana harán la denuncia en Madrid llevando un dossier en el que se especifica la protesta, tanto a PSOE, donde no creen que les reciba el ministro Ángel Gabilondo, como a la sede del PP para darles un 'toque de atención'.
La Asociación pretende con todo ello que alguien 'pague la responsabilidad por la situación que se le ha creado a la niña', y están buscando un asesoramiento legal que les permita saber si es posible llevarlo a la vía judicial. Asimismo, exigen responsabilidades políticas pues 'una administración no está velando por los derechos de esta niña, sino que está permitiendo como cómplice situaciones de acoso escolar y discriminación lingüística'.
'Hay dos grandes partidos a nivel nacional que dicen estar negociando un pacto por la educación y en ese pacto deben poner las garantías suficientes para que situaciones como la de Natalia no se den, que sabemos que se están dando en otros lugares', concluyó Yáñez.
La profesora de la niña la suspendió por no responder en valenciano, aunque reconoce que Natalia entiende la lengua pues sus contestaciones se ajustaban a las preguntas. 'Has hecho el examen en castellano, si respondes bien a las preguntas es porque has entendido bien la pregunta en valenciano', comenta la profesora en el examen a continuación de la calificación de 'insuficiente'.
Ante esta situación, su padre, Juan Vicente, lo comunicó al director del cetro, que hizo 'caso omiso', después al inspector de educación que corresponde a este colegio, 'que le acusó de querer segregar a los alumnos y de ir contra el catalán' y, finalmente, lo puso en conocimiento de la Consejería de Educación que, 'esquivando el problema' le respondió que es el colegio el que manda las directrices educativas.
Además, el padre redactó una reivindicación al defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, que es el único que le ha contestado admitiendo a trámite su denuncia.
A partir de ese momento el colegio empezó a ejercer un 'abuso escolar' hacia Natalia 'metiendo a la niña en salas a someterla a un tercer grado con los profesores, haciéndola ver que la cultura valenciana no se merece ese desprecio', tal y como indicó Yáñez. Asimismo, la niña ha sufrido discriminación al no dejarla leer en clase por tener el libro de la asignatura Educación para la Ciudadanía en castellano.
La estudiante se encuentra cursando la línea en castellano de la educación valenciana, que supone cursar todas las asignaturas en valenciano excepto las matemáticas y la lengua española, que es una de las vías opcionales que ofrece el centro público donde estudia, diferenciándose de otros colegios valencianos que imparten sus clases enteramente en su lengua.
En este sentido, Yáñez señaló que, según el modelo que recoge la consejería de Educación debería predominar más el castellano pero indicó que 'es el juego que utilizan estas administraciones, pues ponen en manos del Consejo Escolar cómo repartir las horas entre valenciano y castellano sin establecer un criterio mínimo'.
Responsabilidades políticas
Por otro lado, apuntó que en Valencia, donde gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta, denunciar esto sería 'ir en contra del estatus político que hay en la Comunidad Valenciana'. Así, mañana harán la denuncia en Madrid llevando un dossier en el que se especifica la protesta, tanto a PSOE, donde no creen que les reciba el ministro Ángel Gabilondo, como a la sede del PP para darles un 'toque de atención'.
La Asociación pretende con todo ello que alguien 'pague la responsabilidad por la situación que se le ha creado a la niña', y están buscando un asesoramiento legal que les permita saber si es posible llevarlo a la vía judicial. Asimismo, exigen responsabilidades políticas pues 'una administración no está velando por los derechos de esta niña, sino que está permitiendo como cómplice situaciones de acoso escolar y discriminación lingüística'.
'Hay dos grandes partidos a nivel nacional que dicen estar negociando un pacto por la educación y en ese pacto deben poner las garantías suficientes para que situaciones como la de Natalia no se den, que sabemos que se están dando en otros lugares', concluyó Yáñez.
