27/05/2017
Aprobado el Decreto ley de medidas urgentes en transporte que permitirá fortalecer el sector y luchar contra el intrusismo
El Consell de Govern ha aprobado el Decreto ley de medidas urgentes en materia de transporte terrestre con el objetivo de reforzar el sector y articular los instrumentos normativos necesarios para hacer más efectiva la lucha contra el intrusismo en este ámbito.
El Decreto ley aprobado permite abordar la temporada turística con instrumentos legales que permitirán dar garantías jurídicas a determinados aspectos de la actividad del sector —como la contratación entre las distintas empresas de transporte discrecional para afrontar puntas de demanda— y luchar contra la competencia ilegal.
Las principales medidas que incluye este Decreto ley son:
— Se tipifica como infracción el anuncio de servicios de transporte ilegales, en diferentes medios y soportes como páginas web o redes sociales. Esta actividad figura expresamente como sancionable con el objetivo de facilitar la acción inspectora, con multas de entre 6.000 y 12.000 euros.
— Se deja claro que las empresas de transporte discrecional (tipo transfer) no pueden hacer captación de clientes en la calle o en puntos de gran afluencia como el aeropuerto. Sus contrataciones tienen que ser previas.
Esta es una de las medidas importantes que incluye el Decreto ley, ya que la actividad de captación ilícita de clientes por parte de transportistas no autorizados está generando una parte importante del intrusismo en el sector del transporte, sobre todo por la competencia que hace al sector del taxi, y es especialmente grave en la isla de Mallorca. De esta manera se pretende dar claridad jurídica a este hecho y más herramientas a los inspectores de transporte para poder sancionar esta actividad.
— Se clarifica la regulación de los vehículos de alquiler con conductor para evitar el fraude en los desplazamientos de estos vehículos desde otras comunidades autónomas.
El Decreto ley permite una mejor regulación de las normas de la definición y de los modelos de contratación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), sobre todo para controlar los desplazamientos de estos vehículos autorizados en otras comunidades autónomas; así como la capacitación de los consejos insulares para crear y regular licencias de taxi y VTC de carácter insular.
Es una medida de control del fraude especialmente de aquellos vehículos de turismo con conductor que trabajan en las Illes Balears durante la temporada alta. Estos vehículos no pueden operar fuera de su comunidad más de un 20 % del tiempo, cosa que tienen que cumplir, y tendrán que demostrar su entrada y su salida en una fecha concreta.
Finalmente, el Decreto ley corrige la situación que suponía, para las edificaciones construidas legalmente dentro del ámbito ferroviario, el hecho de que no se pudiera hacer ningún tipo de obra de mantenimiento y conservación. Esta es una disfunción importante que hay que corregir ya que causa un perjuicio evidente a los propietarios que, con edificaciones construidas legalmente en su momento, no pueden ahora conservarlas adecuadamente.
El Decreto ley aprobado permite abordar la temporada turística con instrumentos legales que permitirán dar garantías jurídicas a determinados aspectos de la actividad del sector —como la contratación entre las distintas empresas de transporte discrecional para afrontar puntas de demanda— y luchar contra la competencia ilegal.
Las principales medidas que incluye este Decreto ley son:
- Mejoras en la regulación de las actividades de intermediación de las empresas de transporte discrecional, con el objetivo de aclarar y dar más seguridad jurídica al sector. Así, se da cobertura jurídica a los contratos que pueden realizar las empresas de transporte entre ellas para cubrir puntas de demanda no planificadas que suelen producirse en temporada alta.
- · Lucha contra el intrusismo, para hacer a más efectivos los controles y combatir las actividades ilegales.
— Se tipifica como infracción el anuncio de servicios de transporte ilegales, en diferentes medios y soportes como páginas web o redes sociales. Esta actividad figura expresamente como sancionable con el objetivo de facilitar la acción inspectora, con multas de entre 6.000 y 12.000 euros.
— Se deja claro que las empresas de transporte discrecional (tipo transfer) no pueden hacer captación de clientes en la calle o en puntos de gran afluencia como el aeropuerto. Sus contrataciones tienen que ser previas.
Esta es una de las medidas importantes que incluye el Decreto ley, ya que la actividad de captación ilícita de clientes por parte de transportistas no autorizados está generando una parte importante del intrusismo en el sector del transporte, sobre todo por la competencia que hace al sector del taxi, y es especialmente grave en la isla de Mallorca. De esta manera se pretende dar claridad jurídica a este hecho y más herramientas a los inspectores de transporte para poder sancionar esta actividad.
— Se clarifica la regulación de los vehículos de alquiler con conductor para evitar el fraude en los desplazamientos de estos vehículos desde otras comunidades autónomas.
El Decreto ley permite una mejor regulación de las normas de la definición y de los modelos de contratación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), sobre todo para controlar los desplazamientos de estos vehículos autorizados en otras comunidades autónomas; así como la capacitación de los consejos insulares para crear y regular licencias de taxi y VTC de carácter insular.
Es una medida de control del fraude especialmente de aquellos vehículos de turismo con conductor que trabajan en las Illes Balears durante la temporada alta. Estos vehículos no pueden operar fuera de su comunidad más de un 20 % del tiempo, cosa que tienen que cumplir, y tendrán que demostrar su entrada y su salida en una fecha concreta.
Finalmente, el Decreto ley corrige la situación que suponía, para las edificaciones construidas legalmente dentro del ámbito ferroviario, el hecho de que no se pudiera hacer ningún tipo de obra de mantenimiento y conservación. Esta es una disfunción importante que hay que corregir ya que causa un perjuicio evidente a los propietarios que, con edificaciones construidas legalmente en su momento, no pueden ahora conservarlas adecuadamente.
