27/10/2017
El Govern devuelve este diciembre el resto de la paga extra de 2012
Los miembros de los sindicatos que integran la Mesa General del Empleado Pública de la función pública de la CAIB han conocido hoy, de la mano de la consellera Catalina Cladera, el alcance y los efectos que incluyen las medidas previstas en el Proyecto de ley de presupuestos CAIB 2018 para los trabajadores y trabajadoras de la Administración de la Comunidad Autónoma, incluido el personal estatutario y el docente.
En este contexto, las cifras del presupuesto CAIB 2018 incluyen la aplicación total del complemento de carrera profesional para el personal de servicios generales y el estatutario, y de los sexenios para el personal docente, con un impacto estimado de 120 millones de euros. La aplicación efectiva de la evaluación y compensación de la evolución de cada profesional público, a través del complemento de carrera profesional, ha sido uno de los pilares de la política en materia de función pública por parte del Govern, que tiene continuidad a través de los presupuestos de 2018. con la recuperación progresiva de los derechos que este colectivo de trabajadores públicos habían perdido de acá la entrada en vigor de la normativa de estabilidad presupuestaria a todo el Estado.
En el mismo espectro de esta recuperación de derechos se sitúa otro de los anuncios que la consejera Cladera ha expuesto en la Mesa general: la culminación del proceso de devolución de la paga extra de 2012 a todos los funcionarios a los que se les retuvo su abono en virtud de la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El procedimiento de retorno de esta paga extraordinaria se ha hecho de manera escalonada desde 2015, y se completa este próximo diciembre para la totalidad de trabajadores de la función pública, docentes y estatutarios, personal funcionario y laboral, docentes de la escuela concertada, y trabajadores de las empresas públicas, fundaciones y consorcios del sector público instrumental de la CAIB, que tienen derecho a la percepción. El impacto de la medida, que en principio estaba prevista para 2018, se avanza y finalmente irá a cargo del presupuesto de 2017 actualmente en vigor.
En este mismo sentido la Mesa general del Empleado Público ha sido informada de que el Presupuesto 2018 prevé el mantenimiento de políticas de personal que propugnan la conciliación de la vida laboral y la personal de los trabajadores públicos, en el caso de la reducción voluntaria de la jornada laboral, la licencia especial por asuntos propios, o la excedencia voluntaria especial.
Tanto en el caso de la Oferta Pública de Ocupación de 2018 como en el aumento salarial del 1,5% previsto para el personal de la Administración, la consejera Cladera ha comunicado a la Mesa general que hay que esperar a la delimitación que con cargo general se haga en el Presupuesto General del Estado de 2018. No obstante, el presupuesto CAIB 2018 ya contiene todas las condiciones que para la aplicación de estas dos medidas se haga de manera automática, en el caso de que se aprueben los PGE 2018.
Por otro lado se habilitan los nombramientos o contratos temporales que se podrán realizar sin la autorización preceptiva de las Direcciones generales de Presupuestos y de Función Pública, siempre que se trate de plazas que tengan la correspondiente dotación presupuestaria, o que se trate de contratos eventuales de duración inferior a 45 días. Un hecho que contribuye a la agilización de las sustituciones.
En este contexto, las cifras del presupuesto CAIB 2018 incluyen la aplicación total del complemento de carrera profesional para el personal de servicios generales y el estatutario, y de los sexenios para el personal docente, con un impacto estimado de 120 millones de euros. La aplicación efectiva de la evaluación y compensación de la evolución de cada profesional público, a través del complemento de carrera profesional, ha sido uno de los pilares de la política en materia de función pública por parte del Govern, que tiene continuidad a través de los presupuestos de 2018. con la recuperación progresiva de los derechos que este colectivo de trabajadores públicos habían perdido de acá la entrada en vigor de la normativa de estabilidad presupuestaria a todo el Estado.
En el mismo espectro de esta recuperación de derechos se sitúa otro de los anuncios que la consejera Cladera ha expuesto en la Mesa general: la culminación del proceso de devolución de la paga extra de 2012 a todos los funcionarios a los que se les retuvo su abono en virtud de la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El procedimiento de retorno de esta paga extraordinaria se ha hecho de manera escalonada desde 2015, y se completa este próximo diciembre para la totalidad de trabajadores de la función pública, docentes y estatutarios, personal funcionario y laboral, docentes de la escuela concertada, y trabajadores de las empresas públicas, fundaciones y consorcios del sector público instrumental de la CAIB, que tienen derecho a la percepción. El impacto de la medida, que en principio estaba prevista para 2018, se avanza y finalmente irá a cargo del presupuesto de 2017 actualmente en vigor.
En este mismo sentido la Mesa general del Empleado Público ha sido informada de que el Presupuesto 2018 prevé el mantenimiento de políticas de personal que propugnan la conciliación de la vida laboral y la personal de los trabajadores públicos, en el caso de la reducción voluntaria de la jornada laboral, la licencia especial por asuntos propios, o la excedencia voluntaria especial.
Tanto en el caso de la Oferta Pública de Ocupación de 2018 como en el aumento salarial del 1,5% previsto para el personal de la Administración, la consejera Cladera ha comunicado a la Mesa general que hay que esperar a la delimitación que con cargo general se haga en el Presupuesto General del Estado de 2018. No obstante, el presupuesto CAIB 2018 ya contiene todas las condiciones que para la aplicación de estas dos medidas se haga de manera automática, en el caso de que se aprueben los PGE 2018.
Por otro lado se habilitan los nombramientos o contratos temporales que se podrán realizar sin la autorización preceptiva de las Direcciones generales de Presupuestos y de Función Pública, siempre que se trate de plazas que tengan la correspondiente dotación presupuestaria, o que se trate de contratos eventuales de duración inferior a 45 días. Un hecho que contribuye a la agilización de las sustituciones.
