25/12/2018
Aprobado el decreto sobre el uso de las lenguas oficiales en la Administración de la Comunidad Autónoma
El Consell de Govern ha aprobado este viernes, 21 de diciembre, a propuesta de la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes, el Decreto sobre el uso de las lenguas oficiales en la Administración de la Comunidad Autónoma, con el objetivo de completar la ordenación jurídica de las lenguas oficiales en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Las medidas que incorpora este texto son en buena parte las que ya recogía el Decreto 100/1990, de 29 de noviembre, que estuvo vigente durante 22 años y que fue derogado en la anterior legislatura. Por lo tanto, con la aprobación de este nuevo decreto culmina la recuperación del marco legal anterior a 2012, en sintonía con el espíritu dels Acords pel Canvi.
Este decreto tiene como objeto regular los usos institucionales y administrativos de la lengua catalana y de la castellana. Estos usos tienen que responder a los principios de fomento y normalización del uso de la lengua catalana que se desprenden del mandato estatutario y que actualmente siguen siendo necesarios.
El Decreto también busca garantizar el derecho de los ciudadanos a elegir cualquiera de las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma en su relación con la Administración y, en general, los derechos lingüísticos sea cual sea la lengua oficial escogida. Además, también se pretende asegurar la utilización de un modelo lingüístico de calidad.
Ahora bien, el Decreto que se ha aprobado hoy debe responder a la realidad de la sociedad y de la Administración del siglo XXI y, por lo tanto, incorpora una serie de novedades, que tienen que ver principalmente con la implantación de la administración electrónica y el desarrollo de las comunicaciones mediante Internet y las redes sociales.
Asimismo, el Decreto también prevé la Comisión Interdepartamental de Política Lingüística, que originariamente se había creado a través de un decreto de 1995, y que tiene entre otros objetivos velar por la aplicación de este decreto y, en general, por el cumplimiento de la legislación vigente en la materia.
Todos los usos y las medidas que incluye el Decreto están establecidos con pleno respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos, los cuales tienen derecho a ser atendidos por la Administración en la lengua oficial de su elección.
Este texto reglamentario consta de un extenso preámbulo, 32 artículos (divididos en 7 capítulos), 8 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria única, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales.
El Decreto, que es fruto de un intenso y largo proceso de análisis y de reflexión y está de acuerdo con las observaciones del Consell Consultiu, entrará en vigor, excepto las disposiciones previstas en su artículo 24, el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Las medidas que incorpora este texto son en buena parte las que ya recogía el Decreto 100/1990, de 29 de noviembre, que estuvo vigente durante 22 años y que fue derogado en la anterior legislatura. Por lo tanto, con la aprobación de este nuevo decreto culmina la recuperación del marco legal anterior a 2012, en sintonía con el espíritu dels Acords pel Canvi.
Este decreto tiene como objeto regular los usos institucionales y administrativos de la lengua catalana y de la castellana. Estos usos tienen que responder a los principios de fomento y normalización del uso de la lengua catalana que se desprenden del mandato estatutario y que actualmente siguen siendo necesarios.
El Decreto también busca garantizar el derecho de los ciudadanos a elegir cualquiera de las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma en su relación con la Administración y, en general, los derechos lingüísticos sea cual sea la lengua oficial escogida. Además, también se pretende asegurar la utilización de un modelo lingüístico de calidad.
Ahora bien, el Decreto que se ha aprobado hoy debe responder a la realidad de la sociedad y de la Administración del siglo XXI y, por lo tanto, incorpora una serie de novedades, que tienen que ver principalmente con la implantación de la administración electrónica y el desarrollo de las comunicaciones mediante Internet y las redes sociales.
Asimismo, el Decreto también prevé la Comisión Interdepartamental de Política Lingüística, que originariamente se había creado a través de un decreto de 1995, y que tiene entre otros objetivos velar por la aplicación de este decreto y, en general, por el cumplimiento de la legislación vigente en la materia.
Todos los usos y las medidas que incluye el Decreto están establecidos con pleno respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos, los cuales tienen derecho a ser atendidos por la Administración en la lengua oficial de su elección.
Este texto reglamentario consta de un extenso preámbulo, 32 artículos (divididos en 7 capítulos), 8 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria única, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales.
El Decreto, que es fruto de un intenso y largo proceso de análisis y de reflexión y está de acuerdo con las observaciones del Consell Consultiu, entrará en vigor, excepto las disposiciones previstas en su artículo 24, el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
