04/03/2019
El Consell de Govern reclama a la UE una política de cohesión más eficaz y sensible a las necesidades de los territorios insulares
El Consell de Govern ha aprobado hoy un documento que propone introducir cambios en la futura política de cohesión de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 y que incluye diez puntos con medidas para resolver, desde la política regional, las necesidades de las regiones insulares y garantizar, al mismo tiempo, una igualdad de oportunidades de desarrollo efectiva en todos los territorios de la Unión.
Entre otras medidas, el Govern de les Illes Balears propone considerar la insularidad un obstáculo físico permanente para el desarrollo regional y sostenible, incrementar la tasa de cofinanciación para las islas, y reclama flexibilidad para invertir los fondos en los ámbitos más importantes para las islas, sin condicionar la inviabilidad de respuestas adecuadas a los retos que se plantean en cada territorio.
En definitiva, son modificaciones que dan un trato específico a los territorios insulares, que se encuentran en desventaja en muchos aspectos y que presentan más vulnerabilidad que los territorios continentales.
Esta propuesta del Govern es solo una de las acciones que ha realizado el ejecutivo en la voluntad de ser parte activa de la Unión y participar de forma decidida en su proceso de construcción. De hecho, a través tanto de los diferentes departamentos como de la delegación en Bruselas, el Govern de les Illes Balears ha participado durante los últimos meses en diferentes redes e iniciativas europeas, en las que ha trasladado su postura, ha colaborado en los debates y se ha adherido a varias declaraciones como la relativa a una política regional fuerte y renovada para todas las regiones después de 2020.
Asimismo, ha expresado su conformidad con la Nota de posición de las comunidades y ciudades autónomas españolas y de la Dirección General de Fondos Europeos (MINHAFP) de febrero de 2018. También, junto con los gobiernos de Córcega y Cerdeña, el Govern de les Illes Balears ha adoptado una posición común con respecto a las dificultades políticas vinculadas a las desventajas estructurales de las regiones insulares europeas no «ultraperiféricas», que se ha trasladado recientemente en una carta conjunta a los gobiernos nacionales de Francia, Italia y España.
Las Illes Balears han encontrado en la política de cohesión un aliado fundamental para impulsar en los próximos años un modelo de desarrollo más sostenible e integrador.
El aislamiento, la extensión territorial reducida y la vulnerabilidad son tres características inherentes a la insularidad que implican una serie de dificultades que tienen consecuencias sobre la situación de las islas con respecto a su capacidad de crecimiento y progreso. Es necesario, no solo que se reconozca que las regiones insulares se encuentran en una situación de desventaja objetiva y más vulnerabilidad, sino también que se les conceda un trato específico.
Por ello, propone introducir los siguientes cambios a la política de cohesión de la Unión Europea para el periodo 2021-2027:
1. La consideración del contenido de la declaración «Una política regional fuerte y renovada para todas las regiones después de 2020», de la Nota de posición de las comunidades y ciudades autónomas españolas y de la Dirección General de Fondos Europeos (MINHAFP) de febrero de 2018, y de la posición común de los gobiernos de Córcega, Cerdeña y de las Illes Balears con respecto a las dificultades políticas vinculadas a las desventajas estructurales de las regiones insulares europeas no «ultraperiféricas».
2. La adopción de un enfoque diferenciado que materialice plenamente el alcance del artículo 174 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea en relación con las especificidades de las regiones insulares, con el objetivo de ofrecer una igualdad de oportunidades de desarrollo en todos los territorios de la Unión.
3. La inclusión de criterios geoeconómicos, como la perificidad y la insularidad, como obstáculos físicos permanentes al desarrollo regional y sostenible, en el sistema de asignación de los fondos de la futura política de cohesión (tal y como se hace con el fenómeno de la despoblación), lo cual reforzaría todavía más su objetivo último de reducir las disparidades territoriales.
4. El mantenimiento de las actuales tasas de cofinanciación del FEDER y FSE, así como su modulación para las zonas con desventajas naturales graves y permanentes, para permitir, de esta forma, explotar mejor el potencial de las islas.
5. Mayor flexibilización de los requisitos de concentración temática, atendiendo no solo a los niveles nacionales de desarrollo, sino, sobre todo, a la realidad económica, social y territorial en el ámbito regional, con el objeto de facilitar una elección más adaptada a cada contexto y de no condicionar la inviabilidad de respuestas adecuadas a los retos que se plantean en cada territorio, en particular en los que sufren desventajas estructurales permanentes.
6. El carácter subvencionable de las inversiones relacionadas con las infraestructuras de accesibilidad y transporte: aeroportuarias, portuarias y terrestres, así como las conexiones internas y externas del archipiélago. Por ello, es fundamental, además, la inclusión y el pleno acceso de las Illes Balears en el Mecanismo Conectar Europa, a la red transeuropea de transporte y a las autopistas del mar.
7. La necesidad de impulsar la participación de las Illes Balears en los incentivos regionales en atención a su mayor fragilidad y vulnerabilidad económica, ampliando su cobertura a todo el territorio insular, y mejorando las condiciones de acceso a esta línea de financiación en el tejido productivo.
8. El mantenimiento de una lógica de ayudas no reembolsables destinadas a reforzar la cohesión económica, social y territorial, y la no obligación de utilizar instrumentos financieros que, en todo caso, se deben adecuar a la realidad de economías frágiles, como son las economías insulares como mercados reducidos y fragmentados.
9. La elegibilidad de las regiones insulares en todas las componentes de la cooperación territorial de la Unión Europea y, especialmente, en la transfronteriza[u1], vistas las mayores dificultades que tienen para llevar a cabo o consolidar relaciones de cooperación con el resto de territorios con los que comparten una misma cuenca marítima.
10. La creación de un subprograma de islas del Mediterráneo dentro del futuro programa Interreg MED 2021-2027. Esta constituiría la vía más eficaz para trabajar con los recursos comunitarios, evitar duplicidades y aportar los medios necesarios para operaciones que, de otra forma, solo se podrían abordar acudiendo a múltiples y diferentes programas de financiación.
Esta propuesta está socialmente y políticamente legitimada y defiende la necesidad de introducir una serie de cambios para resolver, desde la política regional, las necesidades de las regiones insulares y garantizar, al mismo tiempo, una igualdad de oportunidades de desarrollo efectiva en todos los territorios de la Unión. [u2]El Govern de les Illes Balears ha lanzado una consulta pública sobre el papel de la futura política regional comunitaria en las Illes Balears, que se ha complementado con la organización de varias jornadas y debates, en los que han participado varias entidades y organizaciones representativas del ámbito económico y social.
Entre otras medidas, el Govern de les Illes Balears propone considerar la insularidad un obstáculo físico permanente para el desarrollo regional y sostenible, incrementar la tasa de cofinanciación para las islas, y reclama flexibilidad para invertir los fondos en los ámbitos más importantes para las islas, sin condicionar la inviabilidad de respuestas adecuadas a los retos que se plantean en cada territorio.
En definitiva, son modificaciones que dan un trato específico a los territorios insulares, que se encuentran en desventaja en muchos aspectos y que presentan más vulnerabilidad que los territorios continentales.
Esta propuesta del Govern es solo una de las acciones que ha realizado el ejecutivo en la voluntad de ser parte activa de la Unión y participar de forma decidida en su proceso de construcción. De hecho, a través tanto de los diferentes departamentos como de la delegación en Bruselas, el Govern de les Illes Balears ha participado durante los últimos meses en diferentes redes e iniciativas europeas, en las que ha trasladado su postura, ha colaborado en los debates y se ha adherido a varias declaraciones como la relativa a una política regional fuerte y renovada para todas las regiones después de 2020.
Asimismo, ha expresado su conformidad con la Nota de posición de las comunidades y ciudades autónomas españolas y de la Dirección General de Fondos Europeos (MINHAFP) de febrero de 2018. También, junto con los gobiernos de Córcega y Cerdeña, el Govern de les Illes Balears ha adoptado una posición común con respecto a las dificultades políticas vinculadas a las desventajas estructurales de las regiones insulares europeas no «ultraperiféricas», que se ha trasladado recientemente en una carta conjunta a los gobiernos nacionales de Francia, Italia y España.
Las Illes Balears han encontrado en la política de cohesión un aliado fundamental para impulsar en los próximos años un modelo de desarrollo más sostenible e integrador.
El aislamiento, la extensión territorial reducida y la vulnerabilidad son tres características inherentes a la insularidad que implican una serie de dificultades que tienen consecuencias sobre la situación de las islas con respecto a su capacidad de crecimiento y progreso. Es necesario, no solo que se reconozca que las regiones insulares se encuentran en una situación de desventaja objetiva y más vulnerabilidad, sino también que se les conceda un trato específico.
Por ello, propone introducir los siguientes cambios a la política de cohesión de la Unión Europea para el periodo 2021-2027:
1. La consideración del contenido de la declaración «Una política regional fuerte y renovada para todas las regiones después de 2020», de la Nota de posición de las comunidades y ciudades autónomas españolas y de la Dirección General de Fondos Europeos (MINHAFP) de febrero de 2018, y de la posición común de los gobiernos de Córcega, Cerdeña y de las Illes Balears con respecto a las dificultades políticas vinculadas a las desventajas estructurales de las regiones insulares europeas no «ultraperiféricas».
2. La adopción de un enfoque diferenciado que materialice plenamente el alcance del artículo 174 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea en relación con las especificidades de las regiones insulares, con el objetivo de ofrecer una igualdad de oportunidades de desarrollo en todos los territorios de la Unión.
3. La inclusión de criterios geoeconómicos, como la perificidad y la insularidad, como obstáculos físicos permanentes al desarrollo regional y sostenible, en el sistema de asignación de los fondos de la futura política de cohesión (tal y como se hace con el fenómeno de la despoblación), lo cual reforzaría todavía más su objetivo último de reducir las disparidades territoriales.
4. El mantenimiento de las actuales tasas de cofinanciación del FEDER y FSE, así como su modulación para las zonas con desventajas naturales graves y permanentes, para permitir, de esta forma, explotar mejor el potencial de las islas.
5. Mayor flexibilización de los requisitos de concentración temática, atendiendo no solo a los niveles nacionales de desarrollo, sino, sobre todo, a la realidad económica, social y territorial en el ámbito regional, con el objeto de facilitar una elección más adaptada a cada contexto y de no condicionar la inviabilidad de respuestas adecuadas a los retos que se plantean en cada territorio, en particular en los que sufren desventajas estructurales permanentes.
6. El carácter subvencionable de las inversiones relacionadas con las infraestructuras de accesibilidad y transporte: aeroportuarias, portuarias y terrestres, así como las conexiones internas y externas del archipiélago. Por ello, es fundamental, además, la inclusión y el pleno acceso de las Illes Balears en el Mecanismo Conectar Europa, a la red transeuropea de transporte y a las autopistas del mar.
7. La necesidad de impulsar la participación de las Illes Balears en los incentivos regionales en atención a su mayor fragilidad y vulnerabilidad económica, ampliando su cobertura a todo el territorio insular, y mejorando las condiciones de acceso a esta línea de financiación en el tejido productivo.
8. El mantenimiento de una lógica de ayudas no reembolsables destinadas a reforzar la cohesión económica, social y territorial, y la no obligación de utilizar instrumentos financieros que, en todo caso, se deben adecuar a la realidad de economías frágiles, como son las economías insulares como mercados reducidos y fragmentados.
9. La elegibilidad de las regiones insulares en todas las componentes de la cooperación territorial de la Unión Europea y, especialmente, en la transfronteriza[u1], vistas las mayores dificultades que tienen para llevar a cabo o consolidar relaciones de cooperación con el resto de territorios con los que comparten una misma cuenca marítima.
10. La creación de un subprograma de islas del Mediterráneo dentro del futuro programa Interreg MED 2021-2027. Esta constituiría la vía más eficaz para trabajar con los recursos comunitarios, evitar duplicidades y aportar los medios necesarios para operaciones que, de otra forma, solo se podrían abordar acudiendo a múltiples y diferentes programas de financiación.
Esta propuesta está socialmente y políticamente legitimada y defiende la necesidad de introducir una serie de cambios para resolver, desde la política regional, las necesidades de las regiones insulares y garantizar, al mismo tiempo, una igualdad de oportunidades de desarrollo efectiva en todos los territorios de la Unión. [u2]El Govern de les Illes Balears ha lanzado una consulta pública sobre el papel de la futura política regional comunitaria en las Illes Balears, que se ha complementado con la organización de varias jornadas y debates, en los que han participado varias entidades y organizaciones representativas del ámbito económico y social.
