Las fianzas judiciales, ¿un lujo reservado para adinerados?
Jaume Matas dispuso de cuatro días para amasar una fianza de tres millones de euros y evitar la cárcel por el caso 'Palma Arena'. Los logró sin problema. Salieron en su ayuda dos entidades: el Banco de Valencia -presidido por su ex compañero de partido José Luis Oliva, ex presidente valenciano- y la Caja de Arquitectos, con la que posee una hipoteca para su palacete de Palma. Cada entidad aportó 1,5 millones de euros. Un dineral que, según argumentó el Banco de Valencia, se debía a "garantías personales y reales" del ex presidente balear. Es decir, que se fiaban de Matas como deudor por ser quien es... y por los bienes que puso para garantía del crédito.
"Si le imponen una fianza de 10.000 euros y no le ayudan sus amigos... habría ido a la cárcel", estima Cayo Lara, el coordinador federal de IU . Lo cierto es que Matas pudo contar con esa ayuda. Ejecutó una transferencia bancaria a la cuenta de Banesto estipulada para los depósitos judiciales -un concurso que ganó la entidad en 2009 para los próximos seis años-... y ahora pasea por la calle como cualquier ciudadano.
La indignación de la sociedad es evidente. ¿Son las fianzas judiciales un lujo reservado para la clase pudiente? Muchos protestan porque se conceda a Matas un crédito millonario, cuando no se está prestando ese dinero a los autónomos para proseguir su actividad en tiempos de crisis. Pero sobre todo, el cabreo en la sociedad procede de pensar que, en los frecuentes casos de corrupción en la política española, los imputados puedan estar usando el dinero adquirido en sus actividades ilícitas para abonar las fianzas. Un ejemplo es el citado palacete de 2,4 millones de euros, adquirido por Matas con dinero que presuntamente procedía de sus actividades ilícitas.
"Es imposible controlar que la fianza se pague con ese dinero", explica Ignacio Espinosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y portavoz de la asociación Jueces para la Democracia. "A la fianza se le pide tener apariencia de buen derecho. Si se presentara como aval un kilo de cocaína, dinero falsificado o armas de contrabando, evidentemente no se aceptarían. Pero si ese palacete está a su nombre, se podría validar como garantía de pago...”, explica Espinosa sobre la fianza de Matas, que se enfrentará en su juicio a una petición de 18 años de cárcel por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito fiscal.
Fianzas millonarias... que se pagan con facilidad
Como Matas, varios políticos se han enfrentado a la Justicia en los últimos meses por delitos de corrupción y han esquivado el presidio gracias a las fianzas. La ex presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar, depositó los 350.000 euros que le pidió el juez por presunta corrupción urbanística. El ex consejero balear Miquel Nadal pagó 100.000 euros. La ex directora financiera del Palau barcelonés, Gemma Montull, acusada de apropiación indebida y falsedad documental, aflojó 500.000 euros. Macià Alavedra, ex consejero en el gobierno Pujol, y Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Generalitat, abonaron 200.000 euros pese a que la Fiscalía exigió un millón a ambos por su implicación en el 'caso Pretoria'.
Otros siguen pendientes de pagarla. El juez Antonio Pedreira ha fijado en 85 millones el precio de la libertad provisional para Francisco Correa, presunto cabecilla de la 'trama Gurtel'. Y en prisión sigue el autoproclamado 'Don Vito', incapaz de llegar a esa cantidad. La pregunta es obvia. ¿Por qué a algunos acusados de corrupción se les impone fianzas tan altas y a otros más bajas? "El ciudadano medio no debe pensar que a él le van a poner esas cuantías", apunta Ignacio Espinosa. "A alguien que cobra el Salario Mínimo Interprofesional de 614 euros, ponerle una fianza millonaria es como mandarle directamente a prisión”.
Pero el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia sí que reconoce una pega. En 1995, la legislación se modificó para que las multas variasen proporcionalmente a los ingresos del convicto y que no supusieran "calderilla para adinerados y cantidades inabordables para una persona más humilde". Pero con las fianzas no se ha realizado tal modificación. Existen dos explicaciones: que no ha surgido un movimiento político o judicial que lo promueva; y por seguir otorgando capacidad de maniobra al juez para resolver según los detalles de cada delito.
¿Cómo se determina la cuantía?
"Hay que confiar en el buen criterio de los jueces, pero si ya existe un baremo con las multas, debería aplicarse también uno a las fianzas", reclama Espinosa, que lleva 32 años de carrera como juez y cumple su segundo mandato como presidente del Supremo riojano. "Es cierto que una fianza de un millón de euros para un obrero significa enviarlo directamente a la cárcel. Pero yo dudo mucho que ningún juez lo haga..."
Aunque la fianza llegue a proporcionalizarse, aún subyacería la preocupación primigenia de la sociedad. ¿Cómo se impide que un imputado use como fianza dinero negro generado por sus actividades delictivas? “No se puede impedir y ciertamente es un problema, porque el dinero puede ser negro… pero es de curso legal", advierte Espinosa. Al final, quien debe valorarlo es el juez, que si finalmente decide fijar una fianza es porque no considera el delito tan grave como para ordenar prisión.
¿Y cómo se fija su cuantía? Los criterios serían el patrimonio del imputado-que sea lo suficientemente disuasoria para evitar su huída-, la alarma social que genera en la sociedad y la reincidencia en el delito. ¿El objetivo? Forzar al acusado a presentarse ante el juez con la frecuencia que éste decida. El ex president balear Jaume Matas tendrá que acudir a la cita los días 1 y 15 de cada mes. Si no lo hicíera, perdería los tres millones depositados; una cantidad que recuperará independientemente de que, tras el juicio, sea declarado culpable o inocente. Por no hablar de que se convertíría en un fugitivo de la justicia...
Una medida que busca aligerar la población carcelaria
También hay otro motivo por el que los magistrados ordenan pocas prisiones preventivas y recurren a la fianza: la saturación penitenciaria. España, con 68.000 presos, posee la población reclusa más amplia de Europa. El propio ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció en 2009 que el número de presos preventivos (aquellos cuyo internamiento puede ser sustituido por una fianza) se redujo en un 12%.
El portavoz de Jueces para la Democracia reconoce que desde la Administración de Justicia se insta a no reventar las prisiones con presos preventivos "Si un juez sabe que un preso es peligroso no le va a poner en la calle por aligerar el número de reclusos. Si hay sobrepoblación... ¡que construyan más cárceles!". El presidente del Supremo riojano, en todo caso, defiende la validez del procedimiento. "Las fianzas son útiles por un motivo esencial; estamos anticipando la sentencia de un juez y la decisión de enviar a alguien provisionalmente a prisión debe ser muy meditada..."
"Si le imponen una fianza de 10.000 euros y no le ayudan sus amigos... habría ido a la cárcel", estima Cayo Lara, el coordinador federal de IU . Lo cierto es que Matas pudo contar con esa ayuda. Ejecutó una transferencia bancaria a la cuenta de Banesto estipulada para los depósitos judiciales -un concurso que ganó la entidad en 2009 para los próximos seis años-... y ahora pasea por la calle como cualquier ciudadano.
La indignación de la sociedad es evidente. ¿Son las fianzas judiciales un lujo reservado para la clase pudiente? Muchos protestan porque se conceda a Matas un crédito millonario, cuando no se está prestando ese dinero a los autónomos para proseguir su actividad en tiempos de crisis. Pero sobre todo, el cabreo en la sociedad procede de pensar que, en los frecuentes casos de corrupción en la política española, los imputados puedan estar usando el dinero adquirido en sus actividades ilícitas para abonar las fianzas. Un ejemplo es el citado palacete de 2,4 millones de euros, adquirido por Matas con dinero que presuntamente procedía de sus actividades ilícitas.
"Es imposible controlar que la fianza se pague con ese dinero", explica Ignacio Espinosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y portavoz de la asociación Jueces para la Democracia. "A la fianza se le pide tener apariencia de buen derecho. Si se presentara como aval un kilo de cocaína, dinero falsificado o armas de contrabando, evidentemente no se aceptarían. Pero si ese palacete está a su nombre, se podría validar como garantía de pago...”, explica Espinosa sobre la fianza de Matas, que se enfrentará en su juicio a una petición de 18 años de cárcel por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito fiscal.
Fianzas millonarias... que se pagan con facilidad
Como Matas, varios políticos se han enfrentado a la Justicia en los últimos meses por delitos de corrupción y han esquivado el presidio gracias a las fianzas. La ex presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar, depositó los 350.000 euros que le pidió el juez por presunta corrupción urbanística. El ex consejero balear Miquel Nadal pagó 100.000 euros. La ex directora financiera del Palau barcelonés, Gemma Montull, acusada de apropiación indebida y falsedad documental, aflojó 500.000 euros. Macià Alavedra, ex consejero en el gobierno Pujol, y Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Generalitat, abonaron 200.000 euros pese a que la Fiscalía exigió un millón a ambos por su implicación en el 'caso Pretoria'.
Otros siguen pendientes de pagarla. El juez Antonio Pedreira ha fijado en 85 millones el precio de la libertad provisional para Francisco Correa, presunto cabecilla de la 'trama Gurtel'. Y en prisión sigue el autoproclamado 'Don Vito', incapaz de llegar a esa cantidad. La pregunta es obvia. ¿Por qué a algunos acusados de corrupción se les impone fianzas tan altas y a otros más bajas? "El ciudadano medio no debe pensar que a él le van a poner esas cuantías", apunta Ignacio Espinosa. "A alguien que cobra el Salario Mínimo Interprofesional de 614 euros, ponerle una fianza millonaria es como mandarle directamente a prisión”.
Pero el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia sí que reconoce una pega. En 1995, la legislación se modificó para que las multas variasen proporcionalmente a los ingresos del convicto y que no supusieran "calderilla para adinerados y cantidades inabordables para una persona más humilde". Pero con las fianzas no se ha realizado tal modificación. Existen dos explicaciones: que no ha surgido un movimiento político o judicial que lo promueva; y por seguir otorgando capacidad de maniobra al juez para resolver según los detalles de cada delito.
¿Cómo se determina la cuantía?
"Hay que confiar en el buen criterio de los jueces, pero si ya existe un baremo con las multas, debería aplicarse también uno a las fianzas", reclama Espinosa, que lleva 32 años de carrera como juez y cumple su segundo mandato como presidente del Supremo riojano. "Es cierto que una fianza de un millón de euros para un obrero significa enviarlo directamente a la cárcel. Pero yo dudo mucho que ningún juez lo haga..."
Aunque la fianza llegue a proporcionalizarse, aún subyacería la preocupación primigenia de la sociedad. ¿Cómo se impide que un imputado use como fianza dinero negro generado por sus actividades delictivas? “No se puede impedir y ciertamente es un problema, porque el dinero puede ser negro… pero es de curso legal", advierte Espinosa. Al final, quien debe valorarlo es el juez, que si finalmente decide fijar una fianza es porque no considera el delito tan grave como para ordenar prisión.
¿Y cómo se fija su cuantía? Los criterios serían el patrimonio del imputado-que sea lo suficientemente disuasoria para evitar su huída-, la alarma social que genera en la sociedad y la reincidencia en el delito. ¿El objetivo? Forzar al acusado a presentarse ante el juez con la frecuencia que éste decida. El ex president balear Jaume Matas tendrá que acudir a la cita los días 1 y 15 de cada mes. Si no lo hicíera, perdería los tres millones depositados; una cantidad que recuperará independientemente de que, tras el juicio, sea declarado culpable o inocente. Por no hablar de que se convertíría en un fugitivo de la justicia...
Una medida que busca aligerar la población carcelaria
También hay otro motivo por el que los magistrados ordenan pocas prisiones preventivas y recurren a la fianza: la saturación penitenciaria. España, con 68.000 presos, posee la población reclusa más amplia de Europa. El propio ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció en 2009 que el número de presos preventivos (aquellos cuyo internamiento puede ser sustituido por una fianza) se redujo en un 12%.
El portavoz de Jueces para la Democracia reconoce que desde la Administración de Justicia se insta a no reventar las prisiones con presos preventivos "Si un juez sabe que un preso es peligroso no le va a poner en la calle por aligerar el número de reclusos. Si hay sobrepoblación... ¡que construyan más cárceles!". El presidente del Supremo riojano, en todo caso, defiende la validez del procedimiento. "Las fianzas son útiles por un motivo esencial; estamos anticipando la sentencia de un juez y la decisión de enviar a alguien provisionalmente a prisión debe ser muy meditada..."
