07/06/2010
Las fianzas penales depositadas en 2009 por políticos y otros imputados por corrupción superan el millón de euros
Y son los casos Voltor y Maquillaje, que investigan el presunto desvío de fondos públicos a empresarios y cargos afines a UM en forma de contratos y subvenciones irregulares, los que acumulan entre el pasado año y el actual el mayor número de fianzas dictadas (nueve en el caso Voltor y seis en Maquillaje), desde la acordada en diciembre para el ex director de Ona Mallorca, Alfredo Conde -200.000 euros, la más alta de 2009- a la Munar el pasado mes de marzo.
Precisamente, dentro del caso Maquillaje se encuentra imputado el ex conseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens -encausado en tres procedimientos más-, quien es el ex alto cargo que suma más fianzas, un total de tres -cada una de 100.000 euros por los casos Son Oms y Maquillaje- con las que ha eludido ingresar en la cárcel.
En concreto, la vorágine de fianzas arrancó el pasado año con la apertura del caso Ibatur, por el que su ex secretario Miquel Àngel Bonet tuvo que abonar 85.000 euros en febrero para eludir su ingreso en prisión preventiva, tras confesar que durante la pasada legislatura defraudó fondos por esa cantidad procedentes de la empresa pública mediante contratos irregulares.
Mientras, 100.000 euros constituyeron la fianza que el juez impuso al ex concejal de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos, para que pudiera abandonar la prisión en la que había ingresado sin fianza por abusos sexuales a menores, la misma cantidad que decretaron para el ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal para que también pudiera abandonar el centro penitenciario de Palma tras haber entrado en él también sin caución por supuestamente apropiarse de dinero de la EFM.
Por su parte, dentro de la Operación Peaje, que indaga si fondos destinados a las obras del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor se destinaron a usos particulares, el jefe del proyecto Francisco Orejudo depositó 125.000 euros para evitar la cárcel, y el encargado de la vigilancia de la carretera, Gabriel Mestre, constituyó 75.000.
Sin embargo, fue en julio cuando se desató el caso que generó mayor expectación, el que investiga el supuesto desvío de fondos durante la construcción del Palma Arena y su posible conexión con el incremento patrimonial de Matas. En este procedimiento, la fianza más elevada fue impuesta contra el ex gerente del velódromo, Jorge Moisés (50.000 euros).
Más adelante, ya dentro del caso Maquillaje el juez impuso en diciembre las cauciones contra Vicens y Conde, a las que siguieron las de 100.000 euros contra otros dos imputados en el caso, Luisa Almiñana y Cristóbal Rullan, y de 10.000 contra otra encausada, Margarita Sotomayor.
EL CASO VOLTOR ACUMULA NUEVE FIANZAS
No obstante, ha sido el caso Voltor, que indaga el presunto desvío de fondos en la actual legislatura desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a personas afines a UM, la causa en la que más fianzas se han decretado este año, un total de nueve, ocho de ellas de 100.000 euros (entre otros, contra los ex altos cargos 'uemitas' Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer, Francesc Buils, Antoni Oliver y Joan Sastre, además del empresario de la comunicación Jacinto Farrús).
Finalmente, con la apertura del caso Bomsai, relacionado con la supuesta malversación de caudales públicos durante la construcción de la nueva sede de la Conselleria de Salud y del parque de Bomberos de Palma, el ex conseller de Economía del Govern, Lluís Ramis de Ayreflor, evitó el pasado mes de abril entrar en prisión tras depositar 50.000 euros, al igual que los ex altos cargos 'populares' Jorge Sainz de Baranda (50.000) y Joan Pol (30.000).
Precisamente, dentro del caso Maquillaje se encuentra imputado el ex conseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens -encausado en tres procedimientos más-, quien es el ex alto cargo que suma más fianzas, un total de tres -cada una de 100.000 euros por los casos Son Oms y Maquillaje- con las que ha eludido ingresar en la cárcel.
En concreto, la vorágine de fianzas arrancó el pasado año con la apertura del caso Ibatur, por el que su ex secretario Miquel Àngel Bonet tuvo que abonar 85.000 euros en febrero para eludir su ingreso en prisión preventiva, tras confesar que durante la pasada legislatura defraudó fondos por esa cantidad procedentes de la empresa pública mediante contratos irregulares.
Mientras, 100.000 euros constituyeron la fianza que el juez impuso al ex concejal de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos, para que pudiera abandonar la prisión en la que había ingresado sin fianza por abusos sexuales a menores, la misma cantidad que decretaron para el ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal para que también pudiera abandonar el centro penitenciario de Palma tras haber entrado en él también sin caución por supuestamente apropiarse de dinero de la EFM.
Por su parte, dentro de la Operación Peaje, que indaga si fondos destinados a las obras del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor se destinaron a usos particulares, el jefe del proyecto Francisco Orejudo depositó 125.000 euros para evitar la cárcel, y el encargado de la vigilancia de la carretera, Gabriel Mestre, constituyó 75.000.
Sin embargo, fue en julio cuando se desató el caso que generó mayor expectación, el que investiga el supuesto desvío de fondos durante la construcción del Palma Arena y su posible conexión con el incremento patrimonial de Matas. En este procedimiento, la fianza más elevada fue impuesta contra el ex gerente del velódromo, Jorge Moisés (50.000 euros).
Más adelante, ya dentro del caso Maquillaje el juez impuso en diciembre las cauciones contra Vicens y Conde, a las que siguieron las de 100.000 euros contra otros dos imputados en el caso, Luisa Almiñana y Cristóbal Rullan, y de 10.000 contra otra encausada, Margarita Sotomayor.
EL CASO VOLTOR ACUMULA NUEVE FIANZAS
No obstante, ha sido el caso Voltor, que indaga el presunto desvío de fondos en la actual legislatura desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a personas afines a UM, la causa en la que más fianzas se han decretado este año, un total de nueve, ocho de ellas de 100.000 euros (entre otros, contra los ex altos cargos 'uemitas' Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer, Francesc Buils, Antoni Oliver y Joan Sastre, además del empresario de la comunicación Jacinto Farrús).
Finalmente, con la apertura del caso Bomsai, relacionado con la supuesta malversación de caudales públicos durante la construcción de la nueva sede de la Conselleria de Salud y del parque de Bomberos de Palma, el ex conseller de Economía del Govern, Lluís Ramis de Ayreflor, evitó el pasado mes de abril entrar en prisión tras depositar 50.000 euros, al igual que los ex altos cargos 'populares' Jorge Sainz de Baranda (50.000) y Joan Pol (30.000).
