15/10/2015
El juez archiva por falta de pruebas el tráfico de exámenes en la UPO
Diario de Sevilla
Los cuatro alumnos imputados tenían el examen previamente pero no hay pruebas de que fuesen ellos mismos quienes lo robaran de los correos de las profesoras y del servicio de almacenamiento en la nube (Dropbox). Éstos son los principales argumentos que han llevado al juez Álvaro Martín, magistrado de refuerzo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, a acordar el archivo provisional de la causa judicial abierta por la red de tráfico de exámenes destapada en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), donde según revelaron algunos alumnos los exámenes se intercambiaban bien por otros exámenes o incluso por dinero.
Fuentes judiciales confirmaron a este periódico que el juez ha decidido sobreseer de forma provisional la causa contra cuatro estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, investigados por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y contra la intimidad, al estimar que no se ha podido acreditar que fuesen estos alumnos los que asaltaran los correos electrónicos y accedieran al Dropbox de las docentes.
La investigación practicada, según estas fuentes, no ha podido acreditar que las direcciones IP desde las que se produjo el asalto informático a los ordenadores de las profesoras estén vinculadas con alguno de los cuatro imputados.
Las mismas fuentes indicaron que el reconocimiento por parte de los alumnos de que disponían de los exámenes finales antes del día de celebración de la prueba puede constituir una infracción administrativa, sancionable por parte de la institución académica, pero no un delito contemplado en el Código Penal. Es decir, mientras no se demuestre fehacientemente que los jóvenes imputados son los autores de la vulneración de los correos electrónicos y el Dropbox no puede atribuírseles el delito, por mucho que hayan admitido que tenían en su poder el fruto de ese delito, en este caso los exámenes finales de la asignatura Contabilidad de Gestión, una de las más complicadas de la carrera.
De hecho, el Rectorado de la UPO abrió un expediente disciplinario a estos estudiantes que quedó en suspenso al resolver el Rectorado, en noviembre de 2014, que había que proceder a denunciar los hechos al considerar que podrían ser constitutivos de un delito del artículo 197 del Código Penal. Todo ello después de haber ofrecido a los alumnos que colaborasen en la investigación abierta para esclarecer los hechos.
La denuncia partió de dos profesoras que comprobaron que un grupo de alumnos había obtenido una media cercana al sobresaliente, algo "poco frecuente" en esta asignatura, y comprobaron que respondieron "con las mismas palabras" y cometiendo "los mismos errores".
La acusación particular recurrirá el "sorprendente" sobreseimiento
Los abogados Carlos Sierra y Rafael Ramírez, que representan a las profesoras del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la UPO Concepción Álvarez-Dardet y Carolina Ramírez, anunciaron ayer que recurrirán el auto de archivo a pesar de que dicha resolución no se les ha notificado aún. Los letrados explicaron que están a la espera de analizar los "razonamientos" expuestos por el magistrado Álvaro Martín en su resolución para acordar el archivo de la causa. El abogado Carlos Sierra consideró "sorprendente" que se haya dictado un auto de archivo cuando no se les ha dado aún "traslado de la causa", de las actuaciones que constan en la misma. Carlos Sierra insistió en que entiende que la resolución del magistrado es "tremendamente sorprendente", sobre todo porque, en su opinión, la instrucción "no está conclusa", ya que la acusación particular que ejerce tenía previsto solicitar la práctica de nuevas diligencias. El abogado señaló que para empezar el instructor sólo ha tomado declaración como imputados a cuatro estudiantes, los que figuran en la denuncia que presentó en abril pasado la Universidad Pablo de Olavide, a pesar de que en la denuncia inicial de las profesoras se incluía a un grupo de siete alumnos como los que podían haber accedido a sus correos personales y al servicio de almacenamiento en la nube (Dropbox). La acusación también tiene previsto solicitar que se cite a declarar al profesor de una academia particular que, según la información revelada por los propios alumnos, habría facilitado las respuestas de uno de los exámenes a un grupo de 40 alumnos con los que compartía un chat a través del programa de mensajería Whatsapp. La acusación considera precipitada la decisión del instructor de acordar el sobreseimiento provisional antes de practicar estas pruebas y conocer el resultado de las mismas.
Fuentes judiciales confirmaron a este periódico que el juez ha decidido sobreseer de forma provisional la causa contra cuatro estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, investigados por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y contra la intimidad, al estimar que no se ha podido acreditar que fuesen estos alumnos los que asaltaran los correos electrónicos y accedieran al Dropbox de las docentes.
La investigación practicada, según estas fuentes, no ha podido acreditar que las direcciones IP desde las que se produjo el asalto informático a los ordenadores de las profesoras estén vinculadas con alguno de los cuatro imputados.
Las mismas fuentes indicaron que el reconocimiento por parte de los alumnos de que disponían de los exámenes finales antes del día de celebración de la prueba puede constituir una infracción administrativa, sancionable por parte de la institución académica, pero no un delito contemplado en el Código Penal. Es decir, mientras no se demuestre fehacientemente que los jóvenes imputados son los autores de la vulneración de los correos electrónicos y el Dropbox no puede atribuírseles el delito, por mucho que hayan admitido que tenían en su poder el fruto de ese delito, en este caso los exámenes finales de la asignatura Contabilidad de Gestión, una de las más complicadas de la carrera.
De hecho, el Rectorado de la UPO abrió un expediente disciplinario a estos estudiantes que quedó en suspenso al resolver el Rectorado, en noviembre de 2014, que había que proceder a denunciar los hechos al considerar que podrían ser constitutivos de un delito del artículo 197 del Código Penal. Todo ello después de haber ofrecido a los alumnos que colaborasen en la investigación abierta para esclarecer los hechos.
La denuncia partió de dos profesoras que comprobaron que un grupo de alumnos había obtenido una media cercana al sobresaliente, algo "poco frecuente" en esta asignatura, y comprobaron que respondieron "con las mismas palabras" y cometiendo "los mismos errores".
La acusación particular recurrirá el "sorprendente" sobreseimiento
Los abogados Carlos Sierra y Rafael Ramírez, que representan a las profesoras del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la UPO Concepción Álvarez-Dardet y Carolina Ramírez, anunciaron ayer que recurrirán el auto de archivo a pesar de que dicha resolución no se les ha notificado aún. Los letrados explicaron que están a la espera de analizar los "razonamientos" expuestos por el magistrado Álvaro Martín en su resolución para acordar el archivo de la causa. El abogado Carlos Sierra consideró "sorprendente" que se haya dictado un auto de archivo cuando no se les ha dado aún "traslado de la causa", de las actuaciones que constan en la misma. Carlos Sierra insistió en que entiende que la resolución del magistrado es "tremendamente sorprendente", sobre todo porque, en su opinión, la instrucción "no está conclusa", ya que la acusación particular que ejerce tenía previsto solicitar la práctica de nuevas diligencias. El abogado señaló que para empezar el instructor sólo ha tomado declaración como imputados a cuatro estudiantes, los que figuran en la denuncia que presentó en abril pasado la Universidad Pablo de Olavide, a pesar de que en la denuncia inicial de las profesoras se incluía a un grupo de siete alumnos como los que podían haber accedido a sus correos personales y al servicio de almacenamiento en la nube (Dropbox). La acusación también tiene previsto solicitar que se cite a declarar al profesor de una academia particular que, según la información revelada por los propios alumnos, habría facilitado las respuestas de uno de los exámenes a un grupo de 40 alumnos con los que compartía un chat a través del programa de mensajería Whatsapp. La acusación considera precipitada la decisión del instructor de acordar el sobreseimiento provisional antes de practicar estas pruebas y conocer el resultado de las mismas.
