Las VPO de Dos Hermanas, a los tribunales

Mucho han tenido que aguantar la mayoría de los cientos de familias que vieron truncadas sus esperanzas de acceder a una vivienda de VPO en la zona de entrenúcleos, en Dos Hermanas (Sevilla), para que el asunto acabe en los tribunales. Corría el año 2006 cuando se abrió el plazo para inscribirse como demandante de alguna de las VPO que se edificarían en el marco de 13 promociones de viviendas, de las que finalmente sólo se empezaron obras en tres de ellas, y ni siquiera hoy podemos darlas por acabadas. Aun así, en particular en la antedicha zona de entrenúcleos, que separa a Dos Hermanas de Montequinto, con la promoción adjudicada a la Inmobiliaria, y las obras comenzadas, se firmaron los contratos durante 2011. Aparentemente, todo estaba previsto y presumiblemente bien encaminado: ya había explotado la burbuja inmobiliaria de manera que se contaba con unos recursos escasos pero reales, el Ayuntamiento había impulsado el III Plan Municipal de vivienda “subvencionando” parte del coste de los edificios prometidos en plena campaña electoral, ya se había llegado a acuerdos con los bancos que inicialmente financiaron las obras, para facilitar la subrogación de futuros adquirientes en condiciones favorablemente ventajosas... todo un chollo.

Sin embargo, la retahíla de problemas no se hizo esperar: las obras estuvieron tiempo paradas por protestas de los proveedores debido a presuntos impagos de la constructora. A ello siguió la lógica demora tanto en la terminación de las viviendas, como en las infraestructuras necesarias para su uso. Igualmente en el transcurso de los trabajos de construcción, a muchos de los compradores se les denegó el visado para VPO, por no llegar al mínimo establecido en el Iprem (Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples), después de haber empezado a pagarlas. En la misma tesitura se encuentran quienes ante la demora en la entrega de las viviendas (se les prometieron diversas fechas de entrega en que nunca llegaban a materializarse) tuvieron que rechazar la VPO, tras haber pagado parte de las cuotas. Por último, y por si esto fuera poco, tenemos dos estaciones más de este calvario de compraventa. Por un lado, hay quienes vieron rechazada la subrogación bancaria y ante tal falta de financiación tuvieron que rechazar la compra, y quienes recientemente han visto cómo el Ayuntamiento negaba costear el 12 por ciento prometido y ello bajaba la cuantía del préstamo de las hipotecas (solo se puede financiar en préstamo hipotecario un 80 por ciento del valor de la vivienda, por lo que al bajar el valor de la vivienda, no sólo resta calidad a la misma, sino disminuye la cantidad a prestable, lo que insta a los compradores a conseguir de forma prematura unos 10.000 euros para pagar su futura casa).

Ni que decir tiene que ni la inmobiliaria ha tenido a bien devolver cantidades ya percibidas (en algunos contratos incluso subordinan la devolución a ventas posteriores), ni los compradores han encontrado respaldo en el Ayuntamiento, que ha hecho caso omiso a las plataformas de afectados que se crearon al efecto. Ahora el siguiente paso es acudir a la justicia para que los profesionales exijamos vía contencioso lo que legítimamente se ha procurado solucionar de manera amistosa. Y como se ha dicho, sobran los motivos de reclamación: resolución de algunos contratos por incumplimiento, petición de indemnizaciones por los daños y perjuicios causados, tanto para quienes han visto rechazados su derecho a las VPO, como quienes han sufrido demoras y/o desperfectos en las entregas. También en el marco de la normativa de consumidores y usuarios, se puede exigir la nulidad de las cláusulas por la que no reintegran las cantidades hasta encontrar nuevo comprador, lo que supone hacer cargar sobre los compradores una responsabilidad de la entidad promotora. Y sobre todo, la solicitud de devolución de las cantidades adelantadas de quienes no han llegado a obtener su prometida VPO.

Una vez más en el marco del sector inmobiliario nos encontramos muchas obligaciones irrealizadas, muchas promesas electorales incumplidas, muchas responsabilidades esquivadas, y como es habitual, las mismas víctimas de siempre, los ciudadanos que han obrado de buena fe. Esta vez, como tantas otras, esperamos el amparo judicial de los tribunales.