26/01/2017
Absuelven al comandante acusado por una soldado de abuso de autoridad en El Copero
ABC
Una soldado sentaba en el banquillo de los acusados a un comandante del Ejército de Tierra hace unas semanas tras denunciarlo en 2014 por abuso de autoridad cuando estaba bajo sus órdenes en la base de El Copero, en Dos Hermanas.
La Fiscalía pedía 10 meses de prisión, mientras que la acusación particular elevaba su solicitud de pena a los tres años al inicio de la vista oral celebrada en el Tribunal Militar Central, en Madrid. Finalmente el juicio se ha resuelto con una sentencia absolutoria para el condenado.
Fuentes judiciales han confirmado a ABC que la acusación particular ya ha expresado su intención de recurrir la sentencia ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
Los magistrados consideran que no quedan acreditados los hechos denunciados por la soldado, que sigue en activo en las Fuerzas Armadas a la espera de destino. La militar asegura que el entonces capitán comenzó a insinuarse desde 2008, a realizarle preguntas íntimas y a sugerirle que tenía muchas posibilidades de proyección profesional. Según su versión, en un momento dado su superior supuestamente le propuso abiertamente mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Fue entonces cuando comenzó «el trato desagradable» con descalificaciones verbales, empujones e insultos.
La acusación particular esgrimió como indicio los sucesivos arrestos que le cayeron a la soldado por faltas, por ejemplo, en la uniformidad. Según esa parte, en el cuartel no se habían impuesto ese tipo de correctivos «por razones insignificantes» hasta que la soldado se negó a las pretensiones del ahora comandante.
Sin embargo, el tribunal entiende que esa sanción está dentro del régimen disciplinario y que por tanto es completamente legítimo su imposición; lo que no queda acreditado es que los arrestos fueran un mecanismo de acoso o que se sancionara a la soldado de manera arbitraria.
Una veintena de testigos
Más de una veintena de testigos pasaron por la sala. El tribunal observó contradicciones en los testimonios que aportaron compañeros de la soldado propuestos por la acusación particular, y que han jugado en contra de la supuesta víctima. También destacan los magistrados que no fueron rotundos ni describieron episodios que pudieran encuadrarse en un delito de abuso de autoridad.
Desde la acusación particular hicieron hincapié durante el procedimiento en la dificultad probatoria de unos hechos que en la mayoría de las ocasiones se cometieron fuera de la vista de posibles testigos.
Tampoco ha prosperado como prueba de cargo suficiente para proceder a la condena del mando militar, los partes médicos que aportó la presunta víctima, quien se dio de baja por un cuadro de ansiedad. Según su versión, esa dolencia le devino por la situación de estrés que decía vivir trabajando a las órdenes del acusado.
El tribunal concluye que esos informes médicos no acreditan que esos problemas médicos estén ligados en una relación causa-efecto con el padecimiento de una situación de abuso por parte de su superior.
La sentencia, comunicada a las partes la semana pasada, vino a poner negro sobre blanco una decisión judicial que ya fue anticipada al concluir la vista oral, según fuentes judiciales.
La Fiscalía pedía 10 meses de prisión, mientras que la acusación particular elevaba su solicitud de pena a los tres años al inicio de la vista oral celebrada en el Tribunal Militar Central, en Madrid. Finalmente el juicio se ha resuelto con una sentencia absolutoria para el condenado.
Fuentes judiciales han confirmado a ABC que la acusación particular ya ha expresado su intención de recurrir la sentencia ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
Los magistrados consideran que no quedan acreditados los hechos denunciados por la soldado, que sigue en activo en las Fuerzas Armadas a la espera de destino. La militar asegura que el entonces capitán comenzó a insinuarse desde 2008, a realizarle preguntas íntimas y a sugerirle que tenía muchas posibilidades de proyección profesional. Según su versión, en un momento dado su superior supuestamente le propuso abiertamente mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Fue entonces cuando comenzó «el trato desagradable» con descalificaciones verbales, empujones e insultos.
La acusación particular esgrimió como indicio los sucesivos arrestos que le cayeron a la soldado por faltas, por ejemplo, en la uniformidad. Según esa parte, en el cuartel no se habían impuesto ese tipo de correctivos «por razones insignificantes» hasta que la soldado se negó a las pretensiones del ahora comandante.
Sin embargo, el tribunal entiende que esa sanción está dentro del régimen disciplinario y que por tanto es completamente legítimo su imposición; lo que no queda acreditado es que los arrestos fueran un mecanismo de acoso o que se sancionara a la soldado de manera arbitraria.
Una veintena de testigos
Más de una veintena de testigos pasaron por la sala. El tribunal observó contradicciones en los testimonios que aportaron compañeros de la soldado propuestos por la acusación particular, y que han jugado en contra de la supuesta víctima. También destacan los magistrados que no fueron rotundos ni describieron episodios que pudieran encuadrarse en un delito de abuso de autoridad.
Desde la acusación particular hicieron hincapié durante el procedimiento en la dificultad probatoria de unos hechos que en la mayoría de las ocasiones se cometieron fuera de la vista de posibles testigos.
Tampoco ha prosperado como prueba de cargo suficiente para proceder a la condena del mando militar, los partes médicos que aportó la presunta víctima, quien se dio de baja por un cuadro de ansiedad. Según su versión, esa dolencia le devino por la situación de estrés que decía vivir trabajando a las órdenes del acusado.
El tribunal concluye que esos informes médicos no acreditan que esos problemas médicos estén ligados en una relación causa-efecto con el padecimiento de una situación de abuso por parte de su superior.
La sentencia, comunicada a las partes la semana pasada, vino a poner negro sobre blanco una decisión judicial que ya fue anticipada al concluir la vista oral, según fuentes judiciales.
