27/01/2017
La Junta reformará el reglamento de vivienda protegida para garantizar su vocación pública y su función social
DH Diario Digital
El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, trasladó ayer al Observatorio Andaluz de la Vivienda la reforma del reglamento de vivienda protegida que va a impulsar su departamento a través de la elaboración de un decreto con el objetivo de reforzar la función social de este parque residencial y garantizar su vocación pública, además de evitar la venta de estos inmuebles a entidades con personalidad jurídica.
El consejero señaló que "con esta medida legislativa queremos evitar que las viviendas públicas de viviendas pueda ser enajenadas en favor de fondos buitres, como ha ocurrido en la comunidad de Madrid". En este sentido, el decreto de modificación de esta norma establecerá la prohibición expresa de vender viviendas del parque público a este tipo de entidades para garantizar así su función social al servicio de la ciudadanía con más dificultad para acceder a este derecho fundamental.
La reforma del reglamento pretende también actualizar, simplificar y mejorar la regulación existente hasta el momento relativa a las operaciones que afecten a las viviendas protegidas con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica de las partes implicadas.
López informó al consejo del Observatorio de la Vivienda del desarrollo del nuevo Plan Andaluz de Rehabilitación y Vivienda (2016-2010) aprobado el pasado verano, destacando la línea de colaboración financiera que va a abrir la Consejería para cooperar con ayuntamientos y diputaciones con vistas a impulsar la elaboración de planes municipales de vivienda, una herramienta fundamental para el ejecución del plan autonómico en vigor.
El consejero avanzó también una nueva orden de ayudas para adquirentes de VPO en 2016 que tendrá una dotación cercana a los 7 millones de euros para contribuir a los compromisos adquiridos hace años con estas familias para la subsidiación de intereses y los gastos de escritura de sus viviendas.
A este respecto, López aseguró que "la Junta va a cumplir dichos compromisos y ya en el pasado año aportó otros 7 millones de estas ayudas que beneficiaron a 6.250 familias". Asimismo, subrayó también que la Consejería ha cumplido también con el abono de las ayudas para préstamos reintegrables del programa de viviendas en stock con el pago esta semana de 6 millones de euros a las más de 1.500 familias beneficiarias de esta iniciativa.
El responsable andaluz de Fomento y Vivienda destacó la nueva orden de ayudas para la adecuación funcional de viviendas que se aprobará este año con un montante total de 3 millones de euros destinado a 2.500 personas mayores o con alguna discapacidad que necesitan realizar reformas y adaptaciones en sus viviendas para mejorar su calidad de vida.
En este sentido, López adelantó que trasladará al Ministerio de Fomento su implicación financiera en este programa por considerar una necesidad este tipo de actuaciones y ser una política claramente social que requiere de esa participación estatal. Desde que se puso en marcha este programa de ayudas para la adaptación de viviendas se han beneficiado del mismo cerca de 70.000 familias con una inversión de 90 millones de euros.
Ley contra los desahucios
El consejero anunció también la próxima aprobación de la ley de tanteo y retracto por parte del Gobierno andaluz para facultar a la Administración autonómica a adquirir viviendas y evitar desahucios. López afirmó que "la norma sigue su tramitación y ya cuenta con el informe del Consejo Económico y Social, restando el informe del Consejo Consultivo y su aprobación en Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento en el periodo de sesiones que se ahora se abre".
López explicó también en el seno del Observatorio "las reivindicaciones que han sido planteadas al Ministerio como las referidas a las nuevas ayudas para el fomento del alquiler, en concreto la conveniencia de que su concesión no esté sometida a concurrencia competitiva al tratarse de una tramitación farragosa y lenta, así como la necesidad de que puedan acceder a las mismas también las personas que no estén al corriente de los pagos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, como así hemos hecho aquí en Andalucía", precisó.
Por último, en la reunión del Observatorio Andaluz de la Vivienda quedaron constituidas cinco grupos de trabajo que profundizarán en el análisis y planteamiento de propuestas en el ámbito de suelo, infravivivienda, rehabilitación, vivienda, difusión y participación social.
El consejero señaló que "con esta medida legislativa queremos evitar que las viviendas públicas de viviendas pueda ser enajenadas en favor de fondos buitres, como ha ocurrido en la comunidad de Madrid". En este sentido, el decreto de modificación de esta norma establecerá la prohibición expresa de vender viviendas del parque público a este tipo de entidades para garantizar así su función social al servicio de la ciudadanía con más dificultad para acceder a este derecho fundamental.
La reforma del reglamento pretende también actualizar, simplificar y mejorar la regulación existente hasta el momento relativa a las operaciones que afecten a las viviendas protegidas con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica de las partes implicadas.
López informó al consejo del Observatorio de la Vivienda del desarrollo del nuevo Plan Andaluz de Rehabilitación y Vivienda (2016-2010) aprobado el pasado verano, destacando la línea de colaboración financiera que va a abrir la Consejería para cooperar con ayuntamientos y diputaciones con vistas a impulsar la elaboración de planes municipales de vivienda, una herramienta fundamental para el ejecución del plan autonómico en vigor.
El consejero avanzó también una nueva orden de ayudas para adquirentes de VPO en 2016 que tendrá una dotación cercana a los 7 millones de euros para contribuir a los compromisos adquiridos hace años con estas familias para la subsidiación de intereses y los gastos de escritura de sus viviendas.
A este respecto, López aseguró que "la Junta va a cumplir dichos compromisos y ya en el pasado año aportó otros 7 millones de estas ayudas que beneficiaron a 6.250 familias". Asimismo, subrayó también que la Consejería ha cumplido también con el abono de las ayudas para préstamos reintegrables del programa de viviendas en stock con el pago esta semana de 6 millones de euros a las más de 1.500 familias beneficiarias de esta iniciativa.
El responsable andaluz de Fomento y Vivienda destacó la nueva orden de ayudas para la adecuación funcional de viviendas que se aprobará este año con un montante total de 3 millones de euros destinado a 2.500 personas mayores o con alguna discapacidad que necesitan realizar reformas y adaptaciones en sus viviendas para mejorar su calidad de vida.
En este sentido, López adelantó que trasladará al Ministerio de Fomento su implicación financiera en este programa por considerar una necesidad este tipo de actuaciones y ser una política claramente social que requiere de esa participación estatal. Desde que se puso en marcha este programa de ayudas para la adaptación de viviendas se han beneficiado del mismo cerca de 70.000 familias con una inversión de 90 millones de euros.
Ley contra los desahucios
El consejero anunció también la próxima aprobación de la ley de tanteo y retracto por parte del Gobierno andaluz para facultar a la Administración autonómica a adquirir viviendas y evitar desahucios. López afirmó que "la norma sigue su tramitación y ya cuenta con el informe del Consejo Económico y Social, restando el informe del Consejo Consultivo y su aprobación en Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento en el periodo de sesiones que se ahora se abre".
López explicó también en el seno del Observatorio "las reivindicaciones que han sido planteadas al Ministerio como las referidas a las nuevas ayudas para el fomento del alquiler, en concreto la conveniencia de que su concesión no esté sometida a concurrencia competitiva al tratarse de una tramitación farragosa y lenta, así como la necesidad de que puedan acceder a las mismas también las personas que no estén al corriente de los pagos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, como así hemos hecho aquí en Andalucía", precisó.
Por último, en la reunión del Observatorio Andaluz de la Vivienda quedaron constituidas cinco grupos de trabajo que profundizarán en el análisis y planteamiento de propuestas en el ámbito de suelo, infravivivienda, rehabilitación, vivienda, difusión y participación social.
