03/02/2017
La Audiencia de Sevilla confirma los tres procesamientos por la muerte de la familia intoxicada con tapones
Diario de Sevilla
La Audiencia de Sevilla ha confirmado el auto de procesamiento dictado por un juzgado de Alcalá de Guadaíra contra tres acusados por la muerte, en 2013, de tres miembros de una misma familia por los tapones de envases tóxicos que tenían almacenados en la bañera de la casa. Tras rechazar el recurso de uno de los acusados, la sección primera de la Audiencia pide que se continúe la tramitación del caso, cuyo siguiente paso será enviarlo a reparto para que se fije la fecha del juicio.
En un auto, la Audiencia considera que existen "indicios suficientes" para continuar con el caso, y confirma la resolución del juzgado de primera instancia e instrucción 2 de Alcalá, que procesó a los tres acusados.
La Fiscalía de Dos Hermanas pide cuatro años de cárcel a cada uno de los tres acusados: la encargada de gestionar las salidas de residuos de la empresa Alansu SL, María Rosa S.M., el mozo de almacén de la empresa, Manuel T.R., y el administrador de la empresa Reciclados Nivel, Pedro Antonio G.C., y también pide que se enjuicie a la empresa Alansu. En concepto de responsabilidad civil por la muerte de un matrimonio y su hija de 14 años, la Fiscalía pide una indemnización de 770.000 euros para la menor que sobrevivió a la intoxicación de la familia, y otros 100.000 euros a repartir entre los cinco hijos que el fallecido tuvo de otras dos relaciones.
Según el relato de los hechos de la Fiscalía, la empresa Alansu, autorizada para la gestión de residuos peligrosos, recogió el 25 de julio de 2013 de otra compañía 231 kilos de envases contaminados, 82 de ellos de plástico, y en diciembre de ese año los vendieron a la empresa Reciclados Nivel, que no tenía permiso para tratarlos, lo que ya habían hecho meses antes. La salida de la mercancía se hizo sin que quedara constancia de ello y sabiendo los tres acusados que su tratamiento inadecuado suponía un "riesgo para la salud de las personas", añade la Fiscalía.
Uno de los acusados retiró las etiquetas que alertaban de la toxicidad de los residuos y los tapones de seguridad de plástico y los vendió a una empresa de Alcalá con permiso para gestionar residuos pero no peligrosos, según el Ministerio Público.
En la sede de Reciclados Nivel se quedaron parte de las etiquetas como los tapones de seguridad y uno de los acusados los entregó, al considerar que carecían de valor, al hombre fallecido, que era un cliente habitual y les vendía chatarra y otros efectos, y que los aceptó porque desconocía su peligrosidad, explica la Fiscalía.
Los 993 tapones los dejó en un saco en la bañera de su casa, que no era usada por la familia y donde el hombre depositaba distintos efectos que luego vendía, y allí una hija dejó un barreño con agua y lejía para decolorar una zapatilla.
La humedad ambiental y el posible lavado de algunos tapones realizada el 13 de diciembre de 2013 desencadenó una "potente reacción química" en los restos de fosfuro de aluminio que contenían y liberó fosfuro de hidrógeno (fosfina), señala la acusación pública.
La fosfina provocó la muerte del matrimonio, Enrique Caño Sánchez y Concepción Bautista Rosa, y una hija, Tamara, mientras que la otra, de 13 años, se recuperó tras estar hospitalizada, concluye la Fiscalía.
En un auto, la Audiencia considera que existen "indicios suficientes" para continuar con el caso, y confirma la resolución del juzgado de primera instancia e instrucción 2 de Alcalá, que procesó a los tres acusados.
La Fiscalía de Dos Hermanas pide cuatro años de cárcel a cada uno de los tres acusados: la encargada de gestionar las salidas de residuos de la empresa Alansu SL, María Rosa S.M., el mozo de almacén de la empresa, Manuel T.R., y el administrador de la empresa Reciclados Nivel, Pedro Antonio G.C., y también pide que se enjuicie a la empresa Alansu. En concepto de responsabilidad civil por la muerte de un matrimonio y su hija de 14 años, la Fiscalía pide una indemnización de 770.000 euros para la menor que sobrevivió a la intoxicación de la familia, y otros 100.000 euros a repartir entre los cinco hijos que el fallecido tuvo de otras dos relaciones.
Según el relato de los hechos de la Fiscalía, la empresa Alansu, autorizada para la gestión de residuos peligrosos, recogió el 25 de julio de 2013 de otra compañía 231 kilos de envases contaminados, 82 de ellos de plástico, y en diciembre de ese año los vendieron a la empresa Reciclados Nivel, que no tenía permiso para tratarlos, lo que ya habían hecho meses antes. La salida de la mercancía se hizo sin que quedara constancia de ello y sabiendo los tres acusados que su tratamiento inadecuado suponía un "riesgo para la salud de las personas", añade la Fiscalía.
Uno de los acusados retiró las etiquetas que alertaban de la toxicidad de los residuos y los tapones de seguridad de plástico y los vendió a una empresa de Alcalá con permiso para gestionar residuos pero no peligrosos, según el Ministerio Público.
En la sede de Reciclados Nivel se quedaron parte de las etiquetas como los tapones de seguridad y uno de los acusados los entregó, al considerar que carecían de valor, al hombre fallecido, que era un cliente habitual y les vendía chatarra y otros efectos, y que los aceptó porque desconocía su peligrosidad, explica la Fiscalía.
Los 993 tapones los dejó en un saco en la bañera de su casa, que no era usada por la familia y donde el hombre depositaba distintos efectos que luego vendía, y allí una hija dejó un barreño con agua y lejía para decolorar una zapatilla.
La humedad ambiental y el posible lavado de algunos tapones realizada el 13 de diciembre de 2013 desencadenó una "potente reacción química" en los restos de fosfuro de aluminio que contenían y liberó fosfuro de hidrógeno (fosfina), señala la acusación pública.
La fosfina provocó la muerte del matrimonio, Enrique Caño Sánchez y Concepción Bautista Rosa, y una hija, Tamara, mientras que la otra, de 13 años, se recuperó tras estar hospitalizada, concluye la Fiscalía.
