26/11/2025
La UCO investiga a un asesor de Sánchez por cobrar del Ayuntamiento de Dos Hermanas mientras trabajaba en Ferraz
ABC
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han realizado un registro en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en busca de los contratos y otra documentación sobre la relación laboral del socialista Francisco Salazar, estrecho colaborador de Pedro Sánchez tanto en Ferraz como en La Moncloa, con el Consistorio nazareno en la etapa de Francisco Toscano como alcalde, en concreto entre los años 2012 y 2017, cuando ya se conoce que trabajaba para el PSOE nacional.
Este actuación de la unidad especializada contra la corrupción del Instituto Armado se produce en el marco de la causa que instruye la juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas, plaza séptima, tras la querella interpuesta por Vox, a través de su letrado Fernando Rodríguez Galisteo, el pasado 17 de julio, escasos días después de que Salazar tuviera que renunciar a su cargo como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE por las acusaciones de comportamientos machistas con mujeres. Fue un ascenso efímero del que fuera alcalde de Montellano para tomar la dirección del partido una vez que Santos Cerdán, su compañero de batallas en la formación socialista, se viera implicado en la trama de las mordidas junto al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.
Vox llevó ante los tribunales las presuntas irregularidades en la contratación de Salazar entre 2012 y 2017 en el Ayuntamiento de Dos Hermanas cuando gobernaba Francisco Toscano, otro de los hombres que más respaldó a Sánchez en sus intentos por recuperar la dirección del PSOE en las primarias de 2017. En este tiempo, según la querella a la que ha tenido acceso ABC, Salazar fue contratado en 2012 en calidad de técnico municipal, aunque «no asistía a su puesto de trabajo», es decir, recibía el pago de una nómina «por servicios que no prestaba».
En realidad, Salazar «trabajaba en la sede del PSOE» en la calle Ferraz de Madrid, aunque cobraba una «nómina de dos mil euros mensuales» de las arcas municipales. Así hasta el 30 de junio de 2017, cuando pidió una excedencia tras ser nombrado secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. De ahí dio el salto posteriormente al gabinete de la Presidencia con el aterrizaje de Pedro Sánchez en la Moncloa.
En la querella de Vox contra Salazar y Toscano se expone la presunta comisión de los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. En la misma se solicitaba, como diligencias a practicar, la declaración como investigados de ambos socialistas, así como recabar del Ayuntamiento los contratos de trabajo municipales de Salazar, la relación del control de asistencia, el organigrama municipal y sus superiores jerárquicos, los ingresos percibidos en este lustro, sus funciones o el expediente completo de contratación. Asimismo, que la Seguridad Social informe sobre la vida laboral del querellado, y Hacienda, de las declaraciones de la renta. Además, insta a una averiguación patrimonial de Salazar.
La juez, de oficio
La juez, sin esperar a que Vox pagase la fianza de 3.000 para dar a esta parte como personada como acusación popular, acordó la apertura de las diligencias a la vista de que en la misma «se imputan hechos con apariencia de delitos perseguibles de oficio, lo que le otorga ya carácter de denuncia, por lo que, con el fin de examinar la tipicidad o atipicidad penal o falsedad de los hechos denunciados, de conformidad con lo prevenido en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede incoar el correspondiente procedimiento de diligencias previas».
El abogado de Toscano interpuso un recurso de reforma para que la causa, aún en un momento inicial, no siguiera adelante, pero fue rechazado por la juez pues «nos encontramos ante una 'notitia criminis' (noticia o conocimiento del presunto cometimiento de un delito) con cierta base indiciaria de la posible comisión de los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Además, la juez considera «necesario» obtener el resultado de las diligencias de investigación encomendadas a la UCO para su posterior análisis a fin de un mejor esclarecimiento de los hechos denunciados. Según ha podido conocer este periódico, los agentes de la Unidad Central Operativa estuvieron en el Ayuntamiento de Dos Hermanas hace más de un mes y medio (entre finales de septiembre y principios de octubre).
Allí, el departamento de Recursos Humanos le entregó toda la documentación requerida relativa a la contratación de Salazar entre 2012 y 2017 y el expediente de la excedencia de la que éste disfrutó cuando se fue oficialmente a Ferraz. El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, señala a este periódico que la documentación, que se le aportó «toda, es «correcta», así como expresa su «colaboración» con los tribunales y la Guardia Civil, «con lo que se pida».
