30/08/2016
El Govern pide al Estado una moratoria de los proyectos de prospecciones mientras se tramita la declaración de ZEPIM del corredor de cetáceos del Medi
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente asegura a la Consejería que ha iniciado los trámites para la declaración de ZEPIM
La conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca pedirá al Gobierno del Estado que tome las medidas cautelares necesarias para garantizar el buen estado de los recursos a proteger con la declaración de Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) el corredor de cetáceos que transcurre entre las costas de las Islas Baleares, Catalunya y País Valencià. Eso después de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente haya respondido las alegaciones que la dirección general de Pesca y Medio Marino presentó a la Consulta Pública de la Propuesta de Programas de Medidas Estratégicas Marinas entre las cuales se solicitaba que el ZEPIM fuera un compromiso firme y no sólo una posibilidad, cómo se especificaba en el documento.
Así, el Ministerio admite que ya se ha iniciado "de manera efectiva los trámites para la declaración del mencionado corredor" y que la propuesta se incluirá en los documentos definitivos como uno de los "nuevos espacios en los cuales ya se hace trabajo". Una respuesta que el Govern celebra, pero que cree que debe ir acompañada de una "moratoria preventiva sobre todos los proyectos que puedan suponer una amenaza para las poblaciones de cetáceos, en especial las prospecciones en busca de hidrocarburos" y por eso pide al Ministerio que lo adopte cuánto antes.
En cambio, el Ministerio continúa manteniendo los estudios sísmicos que quiere llevar a cabo en el programa de prospección y procesamiento de datos de los fondos marinos, en el cual propone el levantamiento cartográfico y la caracterización del lecho marino a pesar de la alegación de la Conselleria en que le recordaba que este sistema es potencialmente nocivo para los recursos marinos y claramente nocivo para los cetáceos. Aunque el Estado argumenta que esta iniciativa se llevará a cabo con la técnica TOPAS (Topographic Parametric Seismic System) se continúan utilizando señales acústicas de baja frecuencia que "contribuyen a incrementar el ruido antropogénico" según la carta que enviará la dirección general de Pesca y Medio Marino. Por eso se pide que se estudie su impacto ambiental y los potenciales efectos sobre los mamíferos marinos y los peces a la vez que se ahoga que los datos que el subsuelo marino sean prioritarias para el desarrollo del sector pesquero, del marisqueo o de la acuicultura tal como mantiene el Ministerio.
Igualmente, la consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca insiste en que el Estado firme el Protocolo de alta mar del Convenio de Barcelona, contra la contaminación que proviene de las actividades de exploración y explotación de la plataforma continental y el fondo y el subsuelo del mar. La Unión Europea ha ratificado la medida mientras el Ministerio pide esperar a la transposición de una nueva directiva para poder evaluar con precisión los efectos del Protocolo.
El Programa de estrategias marinas del Estado se elabora en despliegue de la Directiva 2008/56/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la cual se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina); la Decisión de la Comisión 2010/477/UE, de 1 de septiembre de 2010, sobre los criterios y las normas metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las aguas marinas, y la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, que es la transposición de la Directiva a la normativa española.
Así, el Ministerio admite que ya se ha iniciado "de manera efectiva los trámites para la declaración del mencionado corredor" y que la propuesta se incluirá en los documentos definitivos como uno de los "nuevos espacios en los cuales ya se hace trabajo". Una respuesta que el Govern celebra, pero que cree que debe ir acompañada de una "moratoria preventiva sobre todos los proyectos que puedan suponer una amenaza para las poblaciones de cetáceos, en especial las prospecciones en busca de hidrocarburos" y por eso pide al Ministerio que lo adopte cuánto antes.
En cambio, el Ministerio continúa manteniendo los estudios sísmicos que quiere llevar a cabo en el programa de prospección y procesamiento de datos de los fondos marinos, en el cual propone el levantamiento cartográfico y la caracterización del lecho marino a pesar de la alegación de la Conselleria en que le recordaba que este sistema es potencialmente nocivo para los recursos marinos y claramente nocivo para los cetáceos. Aunque el Estado argumenta que esta iniciativa se llevará a cabo con la técnica TOPAS (Topographic Parametric Seismic System) se continúan utilizando señales acústicas de baja frecuencia que "contribuyen a incrementar el ruido antropogénico" según la carta que enviará la dirección general de Pesca y Medio Marino. Por eso se pide que se estudie su impacto ambiental y los potenciales efectos sobre los mamíferos marinos y los peces a la vez que se ahoga que los datos que el subsuelo marino sean prioritarias para el desarrollo del sector pesquero, del marisqueo o de la acuicultura tal como mantiene el Ministerio.
Igualmente, la consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca insiste en que el Estado firme el Protocolo de alta mar del Convenio de Barcelona, contra la contaminación que proviene de las actividades de exploración y explotación de la plataforma continental y el fondo y el subsuelo del mar. La Unión Europea ha ratificado la medida mientras el Ministerio pide esperar a la transposición de una nueva directiva para poder evaluar con precisión los efectos del Protocolo.
El Programa de estrategias marinas del Estado se elabora en despliegue de la Directiva 2008/56/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la cual se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina); la Decisión de la Comisión 2010/477/UE, de 1 de septiembre de 2010, sobre los criterios y las normas metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las aguas marinas, y la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, que es la transposición de la Directiva a la normativa española.
