Deportadas sin sus hijos

Miles de mujeres acorraladas por la miseria y abandonadas por sus parejas han cruzado México y Centroamérica durante el último decenio en busca de una vida mejor en Estados Unidos. Han arriesgado sus vidas, se han sometido o enfrentado a todo tipo de depredadores (los mareros y sus pandillas, los coyotes que las pasaban de un país al otro por dinero o sexo, los oficiales de inmigración que sacaban su tajada). Después, muchas de ellas han acabado siendo detenidas y repatriadas a la fuerza, tras ser obligadas a dejar en Estados Unidos a sus hijos nacidos en este país porque así lo han decidido los jueces.

Estos miles de mujeres han soportado cuanto había que soportar o escaparon de lo que pudieron escapar para atravesar la frontera y el desierto hasta llenar fábricas y talleres de ciudades del interior de Estados Unidos. Se han convertido así en miembros de una sacrificada legión que alimentaba a sus familias con remesas de dólares extraídos de sus magros salarios.

Pese a que se hicieron invisibles, muchas de estas mujeres cayeron en las redadas de la policía inmigratoria y fueron encarceladas. Algunas, condenadas por delitos federales, cumplieron penas de prisión; otras fueron llevadas a la frontera y terminaron de vuelta en el país del que habían partido, más desposeídas que al comienzo de la travesía.

Al final solo cargaban los traumas y las deudas con los coyotes. Pero eso no era lo peor. La deportación les había sustraído algo más valioso: a sus hijos, nacidos en Estados Unidos y ciudadanos legítimos de ese país. Jueces norteamericanos de varios Estados habían concluido que esas madres latinoamericanas eran malas madres y que los niños estarían mejor con una buena familia norteamericana, se los habían quitado y los habían entregado en adopción.

No eran pocas y, se temía, serían muchas más. Una estimación — “conservadora”, según sus autores— del Applied Research Center (ARC), un centro que abogaba por la justicia racial, afirmaba que al menos 5.100 niños vivían en 2011 en hogares sustitutos porque sus padres estaban detenidos o han sido deportados. De acuerdo con sus proyecciones, podría haber otros 15.000 niños en la misma situación en los próximos cinco años. Un estudio nacional conjunto del Urban Institute y el Consejo Nacional de la Raza de 2009 reveló que “por cada dos inmigrantes detenidos, un niño es dejado atrás”. Alrededor de cinco millones de niños residentes en Estados Unidos tenían al menos un padre indocumentado, según detalló el Urban Institute.

El poder norteamericano, republicano o demócrata, parecía indiferente a su suerte. Aunque el Gobierno de Barak Obama puso fin a las redadas masivas que se hicieron costumbre durante el mandato de George W. Bush (2000-2008), el número de deportaciones continuaba en aumento. En 2011 hubo un récord de 397.000 inmigrantes deportados y una cifra similar de detenidos. En los primeros seis meses, el Gobierno federal echó a más de 46.000 madres y padres de niños con ciudadanía norteamericana, según el ARC.

Pero no estaban completamente solas. Dos mujeres guatemaltecas, María Luis y Encarnación Bail Romero, se convirtieron en casos emblemáticos, por cuyos derechos peleaba una alianza de activistas y abogados, muy consciente de que estaba en juego la suerte de decenas de miles.

María Luis y Encarnación provenían de distintas regiones del país más peligroso del mundo para las mujeres —695 fueron asesinadas en Guatemala en 2010; otras 646 entre enero y noviembre de 2011— y se asentaron a mil kilómetros de distancia una de otra, en dos Estados igualmente distintos de Estados Unidos. Sus peripecias, sin embargo, resultaron parecidas. Sus historias de penuria, traición, pérdida, lucha y esperanza han sido reconstruidas aquí basándose en los expedientes judiciales de sus casos (que incluyen sus relatos) y a entrevistas con sus abogados, activistas por los derechos de los inmigrantes, académicos, diplomáticos guatemaltecos y otros expertos.

María Luis partió en 1997, embarazada, de Joyabaj, en la región de Quiché, la más devastada por el genocidio contra los indígenas durante la guerra civil guatemalteca (1969-1996). Dejó otros dos hijos al cuidado de su familia y, tras los rigores del viaje clandestino, llegó a Grand Island, en Nebraska, un destino común para otros inmigrantes (en 2010, de 48.520 habitantes, un 26% era de origen latino). Consiguió trabajo en una empresa frigorífica.

En 1998 alumbró a Daniel. Cinco años pasaron. Llegó la noticia de que la madre de María estaba al borde de la muerte en Joyabaj. María dejó a Daniel con un pariente en Nebraska y viajó a Guatemala a ver por última vez a su madre. Regresar a Estados Unidos le llevó un año entero: pagó a un coyote y enfrentó por segunda vez la horrenda travesía por México. Cuando llegó a la frontera con Arizona, estaba embarazada otra vez.

Angélica nació prematura en el desierto de Arizona. Llegó enferma a Grand Island, tres semanas más tarde, en febrero de 2004. Pasó un año entrando y saliendo de hospitales, sin que los médicos dieran con un diagnóstico; luego se sabría que tenía asma. María no entendió ni el diagnóstico ni las instrucciones sobre cómo tratar a Angélica: no sabía leer ni escribir, no hablaba inglés y el español era su segundo idioma después del quiché, un dialecto maya.

En 2005, un vecino la denunció por abuso infantil. Un policía en la puerta es la pesadilla de todo inmigrante irregular. María mintió: dio otro nombre. Pero el policía descubrió la mentira y la arrestó por obstrucción a la justicia. María terminó en prisión. Sus hijos, ciudadanos norteamericanos, quedaron en poder del Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Nebraska.

El sistema de justicia familiar de Nebraska le era tan ajeno como el espacio exterior. La corte le asignó un defensor de pobres y ausentes que no hizo mucho. María siguió presa hasta ser deportada a Guatemala en junio de ese mismo año (2005). Como fue deportada, no estuvo presente en las audiencias en las que se trató la situación de sus hijos; y como no estuvo presente, el juez resolvió quitárselos.

“La situación de inmigrante indocumentada es, sin duda, muy riesgosa, y este caso parecería ser un ejemplo”, evaluó el juez. Los niños, agregó, nunca habían vivido fuera de Estados Unidos, la cultura guatemalteca les resultaba ajena porque nunca habían estado en Guatemala... Y María no podía darles una buena educación porque ella misma no había pasado de primer grado; además, ya había abandonado a otros dos hijos en Guatemala al emigrar. El juez envió a los niños con una familia que pedía adoptarlos.

María fue deportada y volvió a Joyabaj. De vuelta al comienzo. El juez la dejó hablar con sus hijos por teléfono una vez al mes, pero le negó permiso para conocer el número al que llamarlos. María tenía que esperar que le telefoneara a ella la familia que los tenía en custodia.

En abril de 2009, The New York Times denunció que el Estado estaba quitando sus hijos a María y a otras inmigrantes centroamericanas. Entonces, la suerte de María comenzó a cambiar. Un poderoso bufete de abogados, DLA Piper, se hizo cargo de su caso. El 26 de junio, la Corte Suprema del Estado de Nebraska permitió a María apelar. Era un triunfo inédito, porque hasta entonces el Estado federal impedía a los deportados volver a ser oídos en un tribunal norteamericano aun cuando en sus casos se apreciaran injusticias flagrantes. En julio de 2009, la corte dictaminó que María debía conservar a sus hijos. Poco más de un año pasó hasta que, en agosto pasado, Daniel y Angélica —para entonces, de 12 y 5 años— volvieron con María. Pero en Joyabaj. El Gobierno estadounidense le negó permiso para quedarse y María volvió adonde había empezado, con dos pequeños ciudadanos norteamericanos a su cargo.

Encarnación Bail Romero emigró en 2006 de Guatemala a Carthage (Misuri), donde ya vivían un hermano y una hermana y de donde ella misma había sido deportada un año antes. Consiguió trabajo en una empresa de pollos congelados. Enviaba a su familia en Guatemala, con los que dejó dos hijos pequeños, el dinero que podía. En octubre de 2006 nació en Carthage su tercer hijo, Carlos.

El 22 de mayo de 2007, agentes del servicio migratorio entraron en la empresa y detuvieron a más de cien indocumentados. Encarnación estaba entre ellos, bajo el nombre y el número de Seguridad Social de otra persona. Fue detenida por suplantación de identidad (según un estatuto federal luego derogado por la Corte Suprema) y enviada a un centro de detención en Nuevo México, a 1.300 kilómetros de distancia.

El defensor que le fue asignado no hablaba español y Encarnación no hablaba inglés. Mediante intérprete, le dio un mal consejo que ella aceptó: declararse culpable y pasar dos años en prisión. Luego se quedó sin representación legal, porque su abogado fue condenado por violencia doméstica.

Carlos, de siete meses, había quedado en casa del hermano de Encarnación. Durante semanas, ella no pudo comunicarse con él o con su hermana. Primero debió averiguar adónde había sido llevada; luego no la dejaban hablar por teléfono; cuando se lo permitieron, la llamada era costosa (tres dólares el minuto) que no podía pagarla, y sus hermanos se negaban a aceptar la conferencia a cobro revertido. Entretanto, Carlos pasaba de una casa a otra. El hermano de Encarnación dijo que no podía cuidarlo y lo entregó a su hermana. Esta, que tenía sus propios hijos y trabajaba largas jornadas, lo dejó con los Velazco, pastores de una iglesia evangelista local, que se ofrecieron a hacer de canguros gratis. El pequeño Carlos comenzó a pasar más tiempo con los Velazco, primero de lunes a jueves y luego también los fines de semana.

Encarnación llevaba cuatro meses presa cuando su hermano fue a buscar a Carlos, pero los Velazco le dijeron que el Estado se lo había quitado. No era cierto: habían resuelto que el bebé estaría mejor con Seth y Melinda Moser, un matrimonio joven que no podía tener hijos. Los Moser iniciaron los trámites para adoptar al chiquillo.

Encarnación, en la cárcel, lo ignoraba todo. Cuando pudo finalmente hablar con su hermana, esta le dijo que Carlos estaba bajo custodia del Estado.

En medio de este trance la visitó Laura Davenport, especialista en desarrollo infantil para el distrito escolar de Carthage. Davenport hablaba español y en el pasado le había ayudado a conseguir una cuna para Carlos —antes dormía con Encarnación en el suelo— y leche, que el Estado daba gratis, pero que Encarnación no podía conseguir porque no se atrevía a registrar formalmente el nacimiento de Carlos. Encarnación pidió a Davenport que la ayudara a recuperar a su hijo. Davenport replicó que debía entregarlo en adopción porque no era una madre conveniente: era pobre y sería enviada a Guatemala, ese país miserable en el que no había futuro para el niño. Con una familia de clase media norteamericana, Carlos tendría todo lo que ella no podía darle. Encarnación insistió en que no podía separarse de su hijo, pero Davenport se negó a ayudarla.

David Dally, el juez que debía decidir sobre Carlos, pensaba como Davenport. En octubre de 2008, durante una audiencia de 106 minutos a la que Encarnación no pudo asistir porque seguía presa y donde nadie habló en su nombre, Dally resolvió que ella no tenía derecho a ser madre porque había “abandonado” a su bebé. “Su estilo de vida, entrando ilegalmente y delinquiendo en este país, no puede proveer estabilidad alguna para un niño”, sentenció. “Un niño no puede ser educado de este modo: siempre en escondites o en fuga”, agregaba. El juez resolvió que Encarnación no tenía nada para ofrecer: “En el futuro, no podrá proveerle comida, ropa ni un refugio adecuado”. En cambio, los Moser, dueños de una pequeña empresa, con más ingresos que gastos, con tiempo para pasar con el niño, recursos para pagarle una babysitter y darle cobertura médica, eran padres ideales.

Al recibir la noticia, Encarnación logró que las autoridades del penal alertaran a la Embajada de Guatemala, donde ya estaban al tanto de la explosión de casos similares. Con la ayuda de la Embajada, de activistas y del reportaje de The New York Times, Encarnación consiguió los mismos abogados que María: Omar Riojas y Christopher Huck, de DLA Piper. En enero de 2011, la Corte Suprema de Misuri dictaminó que el trámite había sido tan flagrantemente injusto que debía concederse a Encarnación un nuevo juicio. Este comenzará el próximo martes, 28 de febrero, y está previsto que las audiencias duren cuatro días. Al final, el tribunal decidirá si Carlos debe o no volver con su madre. Los argumentos de la Corte Suprema hacen pensar que así será, pero el desenlace está aún pendiente.

Encarnación recibió permiso para quedarse en la ciudad de su hijo mientras espera el fallo. Davenport, la asistente que la traicionó, fue despedida por haber mentido —había dicho que iba a ver a la madre presa para ayudarla— y por haber hecho lobby en favor de los Moser. Estos llevan adelante una campaña para conservar al niño, que ya tiene cinco años, se llama a sí mismo Jamison y no tiene recuerdo de otra familia.

Estas historias personales forman parte de una historia colectiva que las excede. Su efecto, afirma Deborah Anker, directora del Programa de Inmigración y Refugiados de la Universidad de Harvard, será “similar al que tuvo la época de la esclavitud en Estados Unidos”. “La comunidad afroamericana”, añade, “fue dañada gravemente por la ruptura de la unidad familiar cuando los esclavos eran vendidos sin que se tuviera en cuenta su situación familiar. Los efectos reverberaron en el futuro; aún lo hacen en el presente. Las familias están siendo destruidas, y las comunidades, despedazadas”.