01/08/2016
Incluidos en el sistema de red de alerta un total de 35 productos industriales inseguros durante el primer semestre de este año
En total, la Dirección General de Consumo ha retirado 10.100 unidades de productos incluidos en la red de alerta de productos industriales
La red de alerta es el sistema de intercambio rápido de información con el fin de que los peligros detectados en los productos industriales (no alimentarios) puedan ser comunicados entre las Comunidades Autónomas y, en su caso, también a nivel de los Estados miembros, y proceder a su retirada del mercado.
En total, la Dirección General de Consumo ha retirado en Baleares un total de 10.100 unidades de productos incluidos en la red alerta.
Asimismo, en Baleares se notificó un total de 35 productos inseguros a lo largo del primer semestre de 2016. Los productos de los que se notificó alerta fueron:
22 juguetes, por haberse detectado que presentaban algunos de los siguientes riesgos: asfixia, toxicidad, quemaduras y ahogamiento.
3 pequeños electrodomésticos, por presentar riesgo de cortes y choque eléctrico.
2 equipos de protección individual, por presentar riesgo de lesiones.
2 equipos de bricolaje, por riesgo de choque eléctrico.
2 artículos de material eléctrico, por riesgo de choque eléctrico.
2 artículos decorativos, por riesgo de incendio.
1 kit de bisutería, por riesgo de toxicidad.
La inspección de consumo de la Dirección General realiza, entre otras, actuaciones dirigidas a controlar el mercado y la seguridad de productos que se encuentran a la venta en los establecimientos comerciales. Dicha actividad inspectora se desarrolla en almacenes de importación y/o distribución y en el comercio minorista como las grandes superficies, comercios tradicionales, comercios multiprecio y souvenirs.
Cuando mediante análisis o verificación directa se comprueba que un producto industrial (no alimentario) resulta inseguro por presentar algún riesgo para la salud o seguridad de los consumidores, dicho producto es incluido en el sistema red de alerta, lo que comporta su retirada del mercado en todo el ámbito autonómico y estatal, y actuaciones de inspección para llevar a cabo la comprobación de que esta retirada sea efectiva.