06/03/2016
El Gobierno quiere que el Programa de estrategias marinas del Estado incluya el compromiso de declarar ZEPIM el corredor de cetáceos
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha presentado alegaciones al Programa de medidas de estrategias marinas del Estado,
Por medio de la Dirección General de Pesca y Medio Marino se ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "que se incluya como objetivo concreto" la declaración del corredor migratorio de cetáceos, que comprende el espacio marino situado entre las costas de Catalunya, el País Valencià y las Islas Baleares, como zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM). Y es que se ha constatado que aunque el documento recoge esta propuesta en la "declaración de nuevos espacios marinos protegidos" sólo "se plantea la posibilidad" aunque el Ministerio haya comunicado el inicio de esta tramitación al consejero Vicenç Vidal, al presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, Antoni Alorda, y a la plataforma de Alianza Mar Blava.
Por otra parte, la Consejería se muestra sorprendida por los "estudios sísmicos" que el mismo Ministerio quiere llevar a cabo en otra medida que recoge el documento: el programa de prospección y procesamiento de datos de los fondos marinos, en el cual propone el levantamiento cartográfico y la caracterización del lecho marino. "Es sobradamente conocido", detalla la alegación del Gobierno de las Islas Baleares, "que los estudios sísmicos son potencialmente nocivos para los recursos marinos y claramente nocivos para los cetáceos" y, por descontado, no son de vital importancia para el desarrollo de los sectores pesquero, marisquero o de cultivos marinos, ni para la protección, la ordenación o la explotación del medio marino y sus recursos". Es por eso que se solicita que "se suprima la posibilidad de elaborar estudios sísmicos o, en todo caso, que se deje claro que la metodología utilizada en los estudios sea inocua para la fauna marina".
Una tercera alegación hace referencia al Protocolo de alto mar del Convenio de Barcelona, contra la contaminación que proviene de las actividades de exploración y explotación de la plataforma continental y el fondo y el subsuelo del mar. Aunque el Ministerio propone "trabajos preparatorios relativos al plan de acción del Protocolo de alto mar", no especifica el compromiso del Estado de suscribirse el protocolo, motivo por el cual se solicita que se incluya "la ratificación y la implementación como objetivo concreto lo antes posible", atendiendo a la incidencia sobre las propuestas de prospecciones en el Mediterráneo.
El Programa de estrategias marinas del Estado se elabora en despliegue de la Directiva 2008/56/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la cual se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina); la Decisión de la Comisión 2010/477/UE, de 1 de septiembre de 2010, sobre los criterios y las normas metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las aguas marinas, y la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, que es la transposición de la Directiva a la normativa española.
Por otra parte, la Consejería se muestra sorprendida por los "estudios sísmicos" que el mismo Ministerio quiere llevar a cabo en otra medida que recoge el documento: el programa de prospección y procesamiento de datos de los fondos marinos, en el cual propone el levantamiento cartográfico y la caracterización del lecho marino. "Es sobradamente conocido", detalla la alegación del Gobierno de las Islas Baleares, "que los estudios sísmicos son potencialmente nocivos para los recursos marinos y claramente nocivos para los cetáceos" y, por descontado, no son de vital importancia para el desarrollo de los sectores pesquero, marisquero o de cultivos marinos, ni para la protección, la ordenación o la explotación del medio marino y sus recursos". Es por eso que se solicita que "se suprima la posibilidad de elaborar estudios sísmicos o, en todo caso, que se deje claro que la metodología utilizada en los estudios sea inocua para la fauna marina".
Una tercera alegación hace referencia al Protocolo de alto mar del Convenio de Barcelona, contra la contaminación que proviene de las actividades de exploración y explotación de la plataforma continental y el fondo y el subsuelo del mar. Aunque el Ministerio propone "trabajos preparatorios relativos al plan de acción del Protocolo de alto mar", no especifica el compromiso del Estado de suscribirse el protocolo, motivo por el cual se solicita que se incluya "la ratificación y la implementación como objetivo concreto lo antes posible", atendiendo a la incidencia sobre las propuestas de prospecciones en el Mediterráneo.
El Programa de estrategias marinas del Estado se elabora en despliegue de la Directiva 2008/56/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la cual se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina); la Decisión de la Comisión 2010/477/UE, de 1 de septiembre de 2010, sobre los criterios y las normas metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las aguas marinas, y la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, que es la transposición de la Directiva a la normativa española.
