19/07/2016
La declaración de zona desfavorecida de las Illes Balears es un reconocimiento explícito de la insularidad
una empresa que, desde el año 1992, se dedica a la producción y comercialización de productos agroalimentarios más del 60 % de los cuales proceden de sus 700 ha de fincas propias en Mallorca y Menorca. Una sociedad agraria de transformación formada por seis socios que apuestan por la innovación, por la mejora de los cultivos y por la producción integrada.
Según Armengol, «Agroilla es una empresa puntera que apuesta por el producto local, por el producto de calidad, que ayuda mucho al sector primario de nuestras islas y que además ha sabido adaptarse para ofrecer un producto de calidad con el formato de las grandes superficies y que lo pueden comercializar». En la misma línea de apoyo al sector primario, Armengol ha querido recordar la ampliación hasta 12 millones de euros de crédito circulante, que se aprobó en el pasado Consell de Govern, de 15 de julio, «para que muchas empresas puedan tener la liquidez suficiente y así mejorar la fórmula para su financiación».
El mismo escenario ha servido para que el conseller Vidal anuncie que en el marco del Plan de Desarrollo Rural (PDR), que es un instrumento de financiación que permite la modernización del sector agrario, por primera vez se ha conseguido la financiación de 146 millones de euros para todo el periodo —2014-2020—, movilizados entre la UE, el Estado y la Comunidad Autónoma. Además, el conseller Vidal ha explicado que la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea ha reconocido, finalmente, todo el territorio agrario de las Illes Balears como zona desfavorecida, ya sea por limitaciones específicas o por zona de montaña: «Hasta ahora solo se consideraban las zonas de la sierra de Tramuntana, ses Salines, Campos, Menorca e Ibiza, y ahora hemos conseguido la declaración de todo el conjunto de las Illes Balears como zona desfavorecida; así se conseguirá una mejora en las inversiones.»
Después del fracaso en un primer intento, a principios de 2015, para declarar zona desfavorecida todo el territorio de las Illes Balears, que acabó con la exclusión de la zona del Pla de Mallorca de este status en la aprobación definitiva del PDR el 18 de noviembre de 2015, se ha conseguido este reconocimiento, a la espera de recibir la carta del Estado que ratifica la decisión europea y que, según la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Representación Permanente de España en la Unión Europea, Esther Díez, está a punto.
La declaración de zona desfavorecida de las Illes Balears es un reconocimiento explícito de la insularidad y, al mismo tiempo, la herramienta básica para poder hacer llegar las ayudas agrarias a todo el territorio. Esta declaración permitirá compensar aspectos generales que afectan a todo el sector, como la insularidad, la competitividad o los gastos de transporte, que disminuyen las rentas agrarias.
En este sentido, los efectos visibles de esta nueva situación se darán sobre todo en dos paquetes de ayudas principales: las ayudas ligadas a la superficie cultivada denominadas indemnizaciones compensatorias (IC), que se podrán dar en todo el territorio, y el aumento de las intensidades subvencionables en líneas de inversión en explotaciones, que pasará del 40 % de porcentaje de base al 50 % en todo el territorio.
Los representantes de la Comisión Europea, sin embargo, consideran que se trata de una cuestión que tendría que reclamar el Estado, y que puede abrir la puerta al hecho de que otros países con regiones insulares soliciten unas ayudas similares, para las cuales, aseguran, no tienen presupuesto. Por ello, han animado a las Illes Balears a trasladar la petición a Madrid para que la recoja en el nuevo periodo de la PAC si lo considera conveniente.
Según Armengol, «Agroilla es una empresa puntera que apuesta por el producto local, por el producto de calidad, que ayuda mucho al sector primario de nuestras islas y que además ha sabido adaptarse para ofrecer un producto de calidad con el formato de las grandes superficies y que lo pueden comercializar». En la misma línea de apoyo al sector primario, Armengol ha querido recordar la ampliación hasta 12 millones de euros de crédito circulante, que se aprobó en el pasado Consell de Govern, de 15 de julio, «para que muchas empresas puedan tener la liquidez suficiente y así mejorar la fórmula para su financiación».
El mismo escenario ha servido para que el conseller Vidal anuncie que en el marco del Plan de Desarrollo Rural (PDR), que es un instrumento de financiación que permite la modernización del sector agrario, por primera vez se ha conseguido la financiación de 146 millones de euros para todo el periodo —2014-2020—, movilizados entre la UE, el Estado y la Comunidad Autónoma. Además, el conseller Vidal ha explicado que la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea ha reconocido, finalmente, todo el territorio agrario de las Illes Balears como zona desfavorecida, ya sea por limitaciones específicas o por zona de montaña: «Hasta ahora solo se consideraban las zonas de la sierra de Tramuntana, ses Salines, Campos, Menorca e Ibiza, y ahora hemos conseguido la declaración de todo el conjunto de las Illes Balears como zona desfavorecida; así se conseguirá una mejora en las inversiones.»
Después del fracaso en un primer intento, a principios de 2015, para declarar zona desfavorecida todo el territorio de las Illes Balears, que acabó con la exclusión de la zona del Pla de Mallorca de este status en la aprobación definitiva del PDR el 18 de noviembre de 2015, se ha conseguido este reconocimiento, a la espera de recibir la carta del Estado que ratifica la decisión europea y que, según la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Representación Permanente de España en la Unión Europea, Esther Díez, está a punto.
La declaración de zona desfavorecida de las Illes Balears es un reconocimiento explícito de la insularidad y, al mismo tiempo, la herramienta básica para poder hacer llegar las ayudas agrarias a todo el territorio. Esta declaración permitirá compensar aspectos generales que afectan a todo el sector, como la insularidad, la competitividad o los gastos de transporte, que disminuyen las rentas agrarias.
En este sentido, los efectos visibles de esta nueva situación se darán sobre todo en dos paquetes de ayudas principales: las ayudas ligadas a la superficie cultivada denominadas indemnizaciones compensatorias (IC), que se podrán dar en todo el territorio, y el aumento de las intensidades subvencionables en líneas de inversión en explotaciones, que pasará del 40 % de porcentaje de base al 50 % en todo el territorio.
Los representantes de la Comisión Europea, sin embargo, consideran que se trata de una cuestión que tendría que reclamar el Estado, y que puede abrir la puerta al hecho de que otros países con regiones insulares soliciten unas ayudas similares, para las cuales, aseguran, no tienen presupuesto. Por ello, han animado a las Illes Balears a trasladar la petición a Madrid para que la recoja en el nuevo periodo de la PAC si lo considera conveniente.
