10/03/2016
El Gobierno pide a las eléctricas que se amplíe el plazo para solucionar los casos de impagos
Las compañías afirman que este año no se han producido interrupciones del servicio en casos de pobreza energética remitidos por los Servicios Sociales o las ONG
Durante la reunión, los representantes de las distintas compañías han asegurado al director general que no se ha cortado la electricidad a ningún ciudadano que no pudiera pagar por problemas económicos acreditados mediante un informe de una ONG o de los Servicios Sociales de los distintos ayuntamientos, tal y como se acordó en la Mesa. Han asistido a lareunión miembros de Elèctrica Sollerense, Fenie Energia, Gas Natural Fenosa, Som Energia, Iberdrola y Sampol Energia SL.
Igualmente, durante la reunión, desde la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad se ha avanzado en la redacción de los convenios formales que amparen este compromiso que, de hecho, se está llevando a cabo en la práctica.
La propuesta de convenio que ha planteado hoy la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad a las compañías eléctricas incluye, además del compromiso de no cortar la luz a quien se encuentre en situación de dificultad -siempre acreditada por los Servicios Sociales de un ayuntamiento o por una ONG reconocida-, nuevas medidas que ayudarían a mejorar la lucha contra la pobreza energética. Así, la Consejería ha propuesto a las eléctricas que se amplíe el plazo de tres meses que actualmente transcurren desde el impago de un recibo a un eventual corte de suministro. Esta ampliación, según ha explicado el director general de Energía y Cambio Climático, permitiría a las ONG y administraciones públicas, tener más margen de tiempo para articular una solución para las personas afectadas.
El director ha destacado la necesidad de que las personas que, por su situación económica, no tengan la posibilidad de pagar el recibo, acudan lo antes posible a los servicios sociales de los ayuntamientos o a las ONG (como Cáritas o Cruz Roja, entre otros) porque son el canal adecuado para hacer llegar a las eléctricas la petición de mantenimiento del suministro por motivos de pobreza energética. Aunque la Mesa de Lucha contra la Pobreza Energética está trabajando en la redacción de los protocolos y condiciones a seguir —con el objetivo de que todo el mundo tenga claros los requisitos y circunstancias en que se puede acceder a esta ayuda—, en el día a día los Servicios Sociales y las entidades sociales ya están canalizando estas peticiones.
Groizard también ha pedido a los representantes de las compañías eléctricas sobre su disposición a hacer aportaciones económicas al fondo autonómico de lucha contra la pobreza energética que ha creado el Gobierno de las Islas Baleares. La disposición de las compañías, según ha indicado Joan Groizard, ha sido positiva y algunas han apuntado que hoy por hoy, a través de sus fundaciones sociales, ya hacen aportaciones a algunas de las entidades sociales. En este sentido, el director general ha insistido en que "lo fundamental es que las comercializadoras se impliquen económicamente en la lucha contra la pobreza energética. Será en el seno de la Mesa de lucha contra la pobreza energètica, en la que también están representadas las entidades sociales, el marco en el que es definirá la coordinación entre los distintos actores para que se pueda hacer un uso efectivo de las aportaciones económicas".
Igualmente, durante la reunión, desde la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad se ha avanzado en la redacción de los convenios formales que amparen este compromiso que, de hecho, se está llevando a cabo en la práctica.
La propuesta de convenio que ha planteado hoy la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad a las compañías eléctricas incluye, además del compromiso de no cortar la luz a quien se encuentre en situación de dificultad -siempre acreditada por los Servicios Sociales de un ayuntamiento o por una ONG reconocida-, nuevas medidas que ayudarían a mejorar la lucha contra la pobreza energética. Así, la Consejería ha propuesto a las eléctricas que se amplíe el plazo de tres meses que actualmente transcurren desde el impago de un recibo a un eventual corte de suministro. Esta ampliación, según ha explicado el director general de Energía y Cambio Climático, permitiría a las ONG y administraciones públicas, tener más margen de tiempo para articular una solución para las personas afectadas.
El director ha destacado la necesidad de que las personas que, por su situación económica, no tengan la posibilidad de pagar el recibo, acudan lo antes posible a los servicios sociales de los ayuntamientos o a las ONG (como Cáritas o Cruz Roja, entre otros) porque son el canal adecuado para hacer llegar a las eléctricas la petición de mantenimiento del suministro por motivos de pobreza energética. Aunque la Mesa de Lucha contra la Pobreza Energética está trabajando en la redacción de los protocolos y condiciones a seguir —con el objetivo de que todo el mundo tenga claros los requisitos y circunstancias en que se puede acceder a esta ayuda—, en el día a día los Servicios Sociales y las entidades sociales ya están canalizando estas peticiones.
Groizard también ha pedido a los representantes de las compañías eléctricas sobre su disposición a hacer aportaciones económicas al fondo autonómico de lucha contra la pobreza energética que ha creado el Gobierno de las Islas Baleares. La disposición de las compañías, según ha indicado Joan Groizard, ha sido positiva y algunas han apuntado que hoy por hoy, a través de sus fundaciones sociales, ya hacen aportaciones a algunas de las entidades sociales. En este sentido, el director general ha insistido en que "lo fundamental es que las comercializadoras se impliquen económicamente en la lucha contra la pobreza energética. Será en el seno de la Mesa de lucha contra la pobreza energètica, en la que también están representadas las entidades sociales, el marco en el que es definirá la coordinación entre los distintos actores para que se pueda hacer un uso efectivo de las aportaciones económicas".
