26/04/2017
El gobierno central acepta consensuar un nuevo modelo de gestión del 0,7% del IRPF con las CCAA y renegociar los criterios de reparto
Las comunidades autónomas progresistas se han negado a votar la propuesta presentada por el Ministerio y piden lealtad a Madrid
Fina Santiago ha asegurado que el gobierno central "ha sido desleal con las comunidades autónomas", porque se les ha propuesto votar hoy un decreto de organización de las subvenciones del IRPF que no ha sido consensuado con los gobiernos autonómicos y los que no se les ha ofrecido tiempo de reflexión, mientras que sí se ha estado negociando desde hace meses con las entidades del tercer sector. Ante esto, la consellera Fina Santiago y consellers de otras comunidades autónomas progresistas se han negado a votar. Se pretendía que "en cinco días votáramos un decreto que modificaba una estructura que desde hace 30 años se estaba practicando de forma centralizada", ha dicho la consellera. Finalmente, se ha acordado fijar una nueva reunión de urgencia, dentro de una semana, y elaborar una nueva propuesta de modelo, esta vez consensuado con las comunidades autónomas y que cumpla con las sentencias judiciales que otorgan los gobiernos autonómicos la gestión de estos fondos. El Ministerio también ha aceptado renegociar el criterio de distribución de los fondos recaudados en cada comunidad autónoma.
La intención de la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación es que las comunidades autónomas gestionen un porcentaje elevado del 0,7 del IRPF para que afecte lo menos posible a las entidades sociales de las Illes Balears y se puedan destinar el dinero a desarrollar políticas sociales.
Por otra parte, la consellera Fina Santiago ha votado en contra de la distribución del presupuesto del plan de prestaciones básicas y atención a la infancia que ha hecho el Ministerio para las Illes Balears. "No sólo no beneficiaba nuestra comunidad autónoma, sino que no era equitativa", asegura la consejera. El presupuesto que Madrid ha propuesto para las islas no llegaba ni al 2%, cuando sólo por criterios de población, le correspondería el 2'5% del presupuesto.