12/12/2015
El Govern reclama al Estado el cumplimiento del compromiso con las inversiones estatutarias en la Platja de Palma
El requerimiento, firmado por la presidenta Armengol, insta al Gobierno del Estado a cumplir todas las obligaciones que impone el citado convenio de colaboración, ya convocar urgentemente una reunión de la Comisión Mixta de Programación, Seguimiento y Control del convenio, a fin de valorar la viabilidad de las reprogramaciones propuestas por la CAIB, así como la conveniencia de modificar el convenio suscrito, manteniendo los importes comprometidos pero variando, en su caso, los proyectos y los plazos previstos.
Barceló ha explicado que, con el acuerdo firmado en 2009, el Estado se comprometía a invertir un total de 83 millones para la remodelación de la Platja de Palma. De estos, llegaron en su día 20 millones, de los cuales 5 están ejecutados y justificados, y de los 15 restantes ahora el Estado reclama el reintegro "porque el Gobierno anterior no fue capaz de llevar a cabo las inversiones que correspondían en la Platja de Palma". Los 63 que faltarían no han llegado nunca a las Islas Baleares.
El vicepresidente precisó que el protocolo firmado la semana pasada con el Ministerio de Hacienda sólo prevé la compensación por los 15 millones que el Estado reclama, y no incluye el mantenimiento del compromiso con respecto a los 63 millones que faltan. Por ello, Biel Barceló ha afirmado: "El Govern de les Illes Balears no renuncia a ninguna de las inversiones que en su día se conveniaron con el Estado, porque es la obligación del Estado llevarlas a cabo y no dejaremos de reclamarlas por la vía judicial mientras sea necesario. Hoy recordaremos a los representantes del Gobierno español los compromisos a los que llegaron, y les diremos que desde el Govern de les Illes Balears defenderemos los derechos de los ciudadanos de las Islas Baleares por todas las vías necesarias ".
Hay que recordar que el objetivo del requerimiento presentado es dar cumplimiento al convenio mencionado y al Estatuto de Autonomía, que establece la obligación del Estado de ejecutar inversiones en Baleares para compensar la insularidad y de manera transitoria, mientras no se aprueba un nuevo Régimen Especial para las Islas Baleares.