16/10/2015
El deshielo llega a Feria Valencia y la ZAL
Alcanzar el poder cambia la perspectiva y, en ocasiones, las posturas. El anuncio del desbloqueo de la comercialización de la Zona de Actividades Turísticas (ZAL) del puerto de Valencia anunciado por su presidente, el socialista Aurelio Martínez, a penas ha incomodado al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, crítico con esta infraestructura cuando estaba en la oposición.
De la misma manera, el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha tenido que aceptar la propuesta de los empresarios para abrir a la participación privada Feria Valencia, tal y como fue consensuada con el Consell de Alberto Fabra, después de haber manifestado públicamente su rechazo.
La necesidad de ceder para obtener unos fines superiores es la razón esgrimida en ambos casos para justificar esta moderación de las actitudes, cuando no una cesión en toda regla a aspectos que antes eran poco menos que innegociables. En el caso de la ZAL, aunque Compromís asumió como propias las reivindicaciones de los colectivos afectados y respaldó movimientos como Salvem l’horta, el alcalde reconoce ahora que la situación es "muy complicada" y plantea el estudio de una solución de tipo salomónico que pueda satisfacer a ambas partes y que no establezca un ganador absoluto en la contienda. "Me parece que de momento se debería trabajar en las coordenadas de que la parte de la ZAL que está más lejos del mar después de la autovía se pudiera recuperar; no sé si directamente como huerta, pero valdría la pena", ha señalado Ribó.
Para el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), el socialista Aurelio Martínez, el alcalde es "una persona razonable" y encontrará con él una solución válida que pasa porque la entidad portuaria no renuncie a la ZAL, al ser "absolutamente vital" para su futuro y poder crear "entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo", según sus propias palabras.
De hecho, todos estos años de bloqueo por distintas discrepancias entre administraciones y partidos ha sido un tiempo perdido, en opinión de Martínez que no ha de prolongarse más. Para explicarlo, recuerda que la ZAL de Valencia comenzó a la vez que la de Barcelona y mientras que la catalana está operativa desde hace 15 años con 212 hectáreas y 130 empresas asentadas que generan 5.000 puestos de trabajo, en Valencia el espacio reservado es tres veces menor, y no ha podido estar operativo.
Además, señala que algunas de las empresas que están en Barcelona "pidieron ubicarse en Valencia, pero tras 20 años de desesperación se fueron a un lugar más seguro".
Por su parte, el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha cambiado su postura respecto al futuro de Feria Valencia en tres meses, hasta terminar aceptándolo. Aunque en un primer momento aseguró que no estaba de acuerdo con la reestructuración que los responsables de la institución habían llevado antes de las elecciones a la Generalitat, finalmente se ha conformado con esperar un "dictamen técnico" que diga si se pueden modificar de los estatutos de la institución "ciertas competencias" con las que él no estaba de acuerdo y que afectan a la influencia de los poderes públicos en el devenir de la entidad ferial valenciana.
El nuevo modelo, defendido por el presidente de la institución y de la patronal autónoma Cierval, José Vicente González, pasa por la división de la actual Feria Valencia en dos sociedades mercantiles. Una de ellas, que seguiría siendo pública, asumiría el edificio y los 700 millones de euros en deuda que arrastra desde su ampliación. La otra parte, que se encargaría de la comercialización de los certámenes y la gestión del complejo, tendría participación de un socio privado que aportara negocio.
Es esto último lo que más fricción había generado y lo que Climent ha tenido que aceptar contra su voluntad inicial. De ser plenamente pública, como exigía el equipo de Economía en junio, se ha pasado a que haya una participación privada que ya se verá si además es mayoritaria. De hecho, tanto Climent como Ribó y González están ahora de acuerdo en que la nueva entidad se regirá "por criterios de legislación mercantil, como cualquier empresa", aunque esto "no implica que necesariamente tenga que ser 100% privada", como matizó González.
El presidente patronal entiende que se ha de escuchar también a los operadores privados interesados en participar, ya que el objetivo principal es que haya muchos certámenes de éxito que reporten buenos resultados económicos y otros operadores con los que podrían intercambiar ferias.
las provincias
De la misma manera, el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha tenido que aceptar la propuesta de los empresarios para abrir a la participación privada Feria Valencia, tal y como fue consensuada con el Consell de Alberto Fabra, después de haber manifestado públicamente su rechazo.
La necesidad de ceder para obtener unos fines superiores es la razón esgrimida en ambos casos para justificar esta moderación de las actitudes, cuando no una cesión en toda regla a aspectos que antes eran poco menos que innegociables. En el caso de la ZAL, aunque Compromís asumió como propias las reivindicaciones de los colectivos afectados y respaldó movimientos como Salvem l’horta, el alcalde reconoce ahora que la situación es "muy complicada" y plantea el estudio de una solución de tipo salomónico que pueda satisfacer a ambas partes y que no establezca un ganador absoluto en la contienda. "Me parece que de momento se debería trabajar en las coordenadas de que la parte de la ZAL que está más lejos del mar después de la autovía se pudiera recuperar; no sé si directamente como huerta, pero valdría la pena", ha señalado Ribó.
Para el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), el socialista Aurelio Martínez, el alcalde es "una persona razonable" y encontrará con él una solución válida que pasa porque la entidad portuaria no renuncie a la ZAL, al ser "absolutamente vital" para su futuro y poder crear "entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo", según sus propias palabras.
De hecho, todos estos años de bloqueo por distintas discrepancias entre administraciones y partidos ha sido un tiempo perdido, en opinión de Martínez que no ha de prolongarse más. Para explicarlo, recuerda que la ZAL de Valencia comenzó a la vez que la de Barcelona y mientras que la catalana está operativa desde hace 15 años con 212 hectáreas y 130 empresas asentadas que generan 5.000 puestos de trabajo, en Valencia el espacio reservado es tres veces menor, y no ha podido estar operativo.
Además, señala que algunas de las empresas que están en Barcelona "pidieron ubicarse en Valencia, pero tras 20 años de desesperación se fueron a un lugar más seguro".
Por su parte, el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha cambiado su postura respecto al futuro de Feria Valencia en tres meses, hasta terminar aceptándolo. Aunque en un primer momento aseguró que no estaba de acuerdo con la reestructuración que los responsables de la institución habían llevado antes de las elecciones a la Generalitat, finalmente se ha conformado con esperar un "dictamen técnico" que diga si se pueden modificar de los estatutos de la institución "ciertas competencias" con las que él no estaba de acuerdo y que afectan a la influencia de los poderes públicos en el devenir de la entidad ferial valenciana.
El nuevo modelo, defendido por el presidente de la institución y de la patronal autónoma Cierval, José Vicente González, pasa por la división de la actual Feria Valencia en dos sociedades mercantiles. Una de ellas, que seguiría siendo pública, asumiría el edificio y los 700 millones de euros en deuda que arrastra desde su ampliación. La otra parte, que se encargaría de la comercialización de los certámenes y la gestión del complejo, tendría participación de un socio privado que aportara negocio.
Es esto último lo que más fricción había generado y lo que Climent ha tenido que aceptar contra su voluntad inicial. De ser plenamente pública, como exigía el equipo de Economía en junio, se ha pasado a que haya una participación privada que ya se verá si además es mayoritaria. De hecho, tanto Climent como Ribó y González están ahora de acuerdo en que la nueva entidad se regirá "por criterios de legislación mercantil, como cualquier empresa", aunque esto "no implica que necesariamente tenga que ser 100% privada", como matizó González.
El presidente patronal entiende que se ha de escuchar también a los operadores privados interesados en participar, ya que el objetivo principal es que haya muchos certámenes de éxito que reporten buenos resultados económicos y otros operadores con los que podrían intercambiar ferias.
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