26/10/2015
La reforma fiscal pendiente
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha expuesto ante el Ministerio de Educación la urgencia de modificar las condiciones de acceso a becas universitarias de los hijos de las familias profesionales del campo, puesto que se ven obligados a cumplir unos umbrales máximos de patrimonio familiar que a la hora de la verdad no puede cumplirse en buena lógica.
La organización agraria Unión recuerda que viene denunciando desde hace tiempo la discriminación que sufren en este aspecto los hijos de agricultores y ganaderos, por lo que ha presentado una reclamación, exigiendo que se corrijan los requisitos abusivos exigidos para acceder a becas.
Este es uno de tantos aspectos relacionados con la fiscalidad agraria que sigue pendiente de modificaciones que fueron prometidas de forma reiterada por todos los gobiernos, sin que a la hora de la verdad se hayan acometido las actualizaciones convenientes, empezando por establecer un marco amplio fiscal que contemple el conjunto de las peculiaridades del mundo rural.
Las fincas del agricultor profesional no son su patrimonio de lujo sino la base de su actividad
Los procedimientos de concesión de becas oficiales para estudios se basan sobre todo en el valor del patrimonio de cada familia, como modo de establecer un límite entre quienes deben ser consideradas merecedores o no de dicho apoyo.
Sin embargo, mientras que el umbral de patrimonio de fincas urbanas está fijado actualmente en 42.900 euros, el de fincas rústicas se sitúa en 13.130 euros de valor catastral, menos de un tercio, incluyendo el valor de la propia vivienda habitual.
Como consecuencia de ello se produce la injusticia de que la mayor parte de los hijos de agricultores y ganaderos quedan excluidos del acceso a becas porque, sobre el papel, sus padres tienen un potencial de riqueza que no les hace merecedores a ello.
Pero la situación es tremendamente anómala, porque hoy en día, tan escaso valor catastral corresponde, en la inmensa mayoría de los casos, a una escasa entidad de empresa agraria, por lo que cabe deducir que las rentas tampoco deben ser holgadas; en definitiva, que no se trata de casas ricas, sino más bien humildes.
La razón de esta diferencia de valoraciones catastrales se basa, supuestamente, en que las valoraciones catastrales de bienes rústicos no están tan actualizados como los urbanos, pero esto encierra una falacia, porque, en todo caso, los bienes rústicos pueden ser los que sean, pero no por ello deben justificar niveles concretos de renta, cuando es bien sabido que incluso en mayores propiedades las ganancias son escasas, y en todo caso no quedaría justificado venderlas porque con ello se extinguiría la propia explotación agraria.
Unión de Uniones advierte que con la aplicación a todos los municipios de una circular interna de la Dirección General del Catastro, a través de la cual se equipara el valor de las construcciones agrarias con los valores urbanos, «esta discriminación se ha hecho más latente, al no haberse realizado siquiera los estudios de mercados perceptivos necesarios en relación a las construcciones indispensables para las actividades agrícolas, ganaderas o forestales». Señala que «los valores catastrales rústicos tienen incrementos desproporcionados y contrarios a la legislación tributaria y catastral».
Lo peor es que de esas anómalas revalorizaciones catastrales se derivan negativas consecuencias para los propietarios. Sobre el papel aparecen como teóricos ricos, aunque no lo sean para nada, y se equipara el concepto de la propiedad rústica como el compendio del ahorro capitalizado de excedentes de otras actividades, como puede ocurrir en otras actividades, cuando en realidad comprende la base territorial imprescindible para la propia actividad agraria, que sin esas fincas deja de existir.
Además de limitar los accesos a becas, estas erróneos criterios en las valoraciones catastrales rústicas tienen repercusiones negativas para los agricultores en el impuesto del patrimonio, el de bienes inmuebles, donaciones o sucesiones, transmisiones patrimoniales, etc. Y todo ello conduce a considerar que es necesario estudiar y aplicar todo un marco fiscal amplio que comprenda las especiales características del medio agrario y la complejidad de sus actividades económicas.
las provincias
La organización agraria Unión recuerda que viene denunciando desde hace tiempo la discriminación que sufren en este aspecto los hijos de agricultores y ganaderos, por lo que ha presentado una reclamación, exigiendo que se corrijan los requisitos abusivos exigidos para acceder a becas.
Este es uno de tantos aspectos relacionados con la fiscalidad agraria que sigue pendiente de modificaciones que fueron prometidas de forma reiterada por todos los gobiernos, sin que a la hora de la verdad se hayan acometido las actualizaciones convenientes, empezando por establecer un marco amplio fiscal que contemple el conjunto de las peculiaridades del mundo rural.
Las fincas del agricultor profesional no son su patrimonio de lujo sino la base de su actividad
Los procedimientos de concesión de becas oficiales para estudios se basan sobre todo en el valor del patrimonio de cada familia, como modo de establecer un límite entre quienes deben ser consideradas merecedores o no de dicho apoyo.
Sin embargo, mientras que el umbral de patrimonio de fincas urbanas está fijado actualmente en 42.900 euros, el de fincas rústicas se sitúa en 13.130 euros de valor catastral, menos de un tercio, incluyendo el valor de la propia vivienda habitual.
Como consecuencia de ello se produce la injusticia de que la mayor parte de los hijos de agricultores y ganaderos quedan excluidos del acceso a becas porque, sobre el papel, sus padres tienen un potencial de riqueza que no les hace merecedores a ello.
Pero la situación es tremendamente anómala, porque hoy en día, tan escaso valor catastral corresponde, en la inmensa mayoría de los casos, a una escasa entidad de empresa agraria, por lo que cabe deducir que las rentas tampoco deben ser holgadas; en definitiva, que no se trata de casas ricas, sino más bien humildes.
La razón de esta diferencia de valoraciones catastrales se basa, supuestamente, en que las valoraciones catastrales de bienes rústicos no están tan actualizados como los urbanos, pero esto encierra una falacia, porque, en todo caso, los bienes rústicos pueden ser los que sean, pero no por ello deben justificar niveles concretos de renta, cuando es bien sabido que incluso en mayores propiedades las ganancias son escasas, y en todo caso no quedaría justificado venderlas porque con ello se extinguiría la propia explotación agraria.
Unión de Uniones advierte que con la aplicación a todos los municipios de una circular interna de la Dirección General del Catastro, a través de la cual se equipara el valor de las construcciones agrarias con los valores urbanos, «esta discriminación se ha hecho más latente, al no haberse realizado siquiera los estudios de mercados perceptivos necesarios en relación a las construcciones indispensables para las actividades agrícolas, ganaderas o forestales». Señala que «los valores catastrales rústicos tienen incrementos desproporcionados y contrarios a la legislación tributaria y catastral».
Lo peor es que de esas anómalas revalorizaciones catastrales se derivan negativas consecuencias para los propietarios. Sobre el papel aparecen como teóricos ricos, aunque no lo sean para nada, y se equipara el concepto de la propiedad rústica como el compendio del ahorro capitalizado de excedentes de otras actividades, como puede ocurrir en otras actividades, cuando en realidad comprende la base territorial imprescindible para la propia actividad agraria, que sin esas fincas deja de existir.
Además de limitar los accesos a becas, estas erróneos criterios en las valoraciones catastrales rústicas tienen repercusiones negativas para los agricultores en el impuesto del patrimonio, el de bienes inmuebles, donaciones o sucesiones, transmisiones patrimoniales, etc. Y todo ello conduce a considerar que es necesario estudiar y aplicar todo un marco fiscal amplio que comprenda las especiales características del medio agrario y la complejidad de sus actividades económicas.
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