04/11/2015
El Ayuntamiento de Alicante dejaba cada año sin pagar 27 millones en facturas la última legislatura
Los datos que maneja la Concejalía de Hacienda indican que se trasladaban a otros ejercicios abonos que se cuadraban con créditos
La situación financiera del Ayuntamiento de Alicante es agobiante, debido a la necesidad de acogerse al rescate financiero de la Administración central del Estado y de un plan de ajuste para volver a cuadrar unas cuentas que se habían desmadrado. El actual equipo de gobierno se ha encontrado con que el anterior había dejado casi cien millones de euros en Operaciones Pendientes de Aplicación (OPAs) la última legislatura, es decir, de facturas en los cajones, según los últimos informes de la Intervención Municipal que maneja la Concejalía de Hacienda y a los que ha tenido acceso este periódico.
De media, superan los 27 millones de euros en pagos que no se realizaban en el mismo año, sino que se aplazaban a ejercicios posteriores y se pagaban aumentando la deuda municipal, según explicaron a este periódico fuentes municipales. Hasta 71 reconocimientos extrajudiciales de crédito se tuvieron que firmar para cubrir gastos desde 2010, según denunció en 2014 el Síndic de Comptes. En este mismo informe se hacía referencia a que no se incluían pagos pendientes a proveedores en los presupuestos desde 2010.
Esta huida hacia adelante provocó que, al final, se tuviera que recurrir a tres planes de rescate del Gobierno central, con créditos 'blandos' (a nulo interés o muy bajo) a cambio de un control de las cuentas que ahora está poniendo en problemas al tripartito para elaborar los presupuestos, ya que tienen que cuadrar ingresos y gastos para rebajar la deuda municipal.
Todo ello obliga a que cualquier contratación o servicio nuevo que se haga conlleve una reducción de la misma cantidad en otros gastos. Estas obligaciones complican la ejecución del futuro presupuesto, que debería estar terminado antes de que concluya el mes para que, una vez pasado por la comisión de Hacienda, lo apruebe el Pleno municipal de diciembre y entre en vigor en enero de 2016. Esta «cuadratura del círculo», según las fuentes consultadas, viene desde la anterior Corporación, a la que culpan de este desfase presupuestario.
En las cuentas que maneja la Concejalía de Hacienda se incluyen tanto los gastos del Consistorio como lo que denominan 'consolidado', es decir, con los organismos autónomos. Se puede apreciar en el cuadro adjunto a esta información cómo el año en el último año electoral (2011), se aumentaron tanto los gastos generales como en los patronatos, fundaciones y demás organismos dependientes del Ayuntamiento. Solo en ese ejercicio, se dejaron sin pagar casi 50 millones.
El gasto fue ya menor los años anteriores, siempre con cifras en la última década por encima de veinte millones de euros al año, salvo en el ejercicio 2014, ya con el control del Ministerio de Hacienda, donde solo se aplazaron 3,5 millones de euros, según las cifras que maneja la Concejalía de Hacienda. Obviamente, no hay cifras de este 2015, ya que todavía no se ha cerrado.
Estas prácticas no son, para nada, ilegales, por lo que la Intervención Municipal no puede actuar, ya que todos los movimientos son correctos. Otra cosa es la gestión de las arcas, que queda al debate político. No hay que obviar que el Ayuntamiento de Alicante se encuentra en la actualidad en un plazo de pago a proveedores de 13 días, muy inferior a los 30 que marca la ley estatal.
El Ayuntamiento tiene ahora que pasar un informe mensual de todos los pagos a proveedores para comprobar que se cumplen los requisitos que obliga la ley, y algunas recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas que el anterior equipo de gobierno incluyó, para que no haya más facturas en los cajones que se puedan trasladar a ejercicios venideros.
las provincias
De media, superan los 27 millones de euros en pagos que no se realizaban en el mismo año, sino que se aplazaban a ejercicios posteriores y se pagaban aumentando la deuda municipal, según explicaron a este periódico fuentes municipales. Hasta 71 reconocimientos extrajudiciales de crédito se tuvieron que firmar para cubrir gastos desde 2010, según denunció en 2014 el Síndic de Comptes. En este mismo informe se hacía referencia a que no se incluían pagos pendientes a proveedores en los presupuestos desde 2010.
Esta huida hacia adelante provocó que, al final, se tuviera que recurrir a tres planes de rescate del Gobierno central, con créditos 'blandos' (a nulo interés o muy bajo) a cambio de un control de las cuentas que ahora está poniendo en problemas al tripartito para elaborar los presupuestos, ya que tienen que cuadrar ingresos y gastos para rebajar la deuda municipal.
Todo ello obliga a que cualquier contratación o servicio nuevo que se haga conlleve una reducción de la misma cantidad en otros gastos. Estas obligaciones complican la ejecución del futuro presupuesto, que debería estar terminado antes de que concluya el mes para que, una vez pasado por la comisión de Hacienda, lo apruebe el Pleno municipal de diciembre y entre en vigor en enero de 2016. Esta «cuadratura del círculo», según las fuentes consultadas, viene desde la anterior Corporación, a la que culpan de este desfase presupuestario.
En las cuentas que maneja la Concejalía de Hacienda se incluyen tanto los gastos del Consistorio como lo que denominan 'consolidado', es decir, con los organismos autónomos. Se puede apreciar en el cuadro adjunto a esta información cómo el año en el último año electoral (2011), se aumentaron tanto los gastos generales como en los patronatos, fundaciones y demás organismos dependientes del Ayuntamiento. Solo en ese ejercicio, se dejaron sin pagar casi 50 millones.
El gasto fue ya menor los años anteriores, siempre con cifras en la última década por encima de veinte millones de euros al año, salvo en el ejercicio 2014, ya con el control del Ministerio de Hacienda, donde solo se aplazaron 3,5 millones de euros, según las cifras que maneja la Concejalía de Hacienda. Obviamente, no hay cifras de este 2015, ya que todavía no se ha cerrado.
Estas prácticas no son, para nada, ilegales, por lo que la Intervención Municipal no puede actuar, ya que todos los movimientos son correctos. Otra cosa es la gestión de las arcas, que queda al debate político. No hay que obviar que el Ayuntamiento de Alicante se encuentra en la actualidad en un plazo de pago a proveedores de 13 días, muy inferior a los 30 que marca la ley estatal.
El Ayuntamiento tiene ahora que pasar un informe mensual de todos los pagos a proveedores para comprobar que se cumplen los requisitos que obliga la ley, y algunas recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas que el anterior equipo de gobierno incluyó, para que no haya más facturas en los cajones que se puedan trasladar a ejercicios venideros.
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