27/04/2016
Siete años de inhabilitación y multa de medio millón para el exalcalde de Pego
La Audiencia de Alicante condena a Carlos Pascual por prevaricación y le obliga a devolver el coste de las obras de limpieza de los arrozales que sufragó el Ayuntamiento
Carlos Pascual Sastre, de 63 años, no tendrá que volver a la cárcel, tal y como rogó al tribunal que lo juzgó hace dos semanas acusado de prevaricación y malversación de caudales públicos por contratar las obras para la limpieza de los arrozales de Pego al final de su etapa como alcalde. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Alicante considera que el que fuera primer edil de la localidad de la Marina Alta entre 1996 y 2003 incurrió en el primero de los delitos y le condena a permanecer siete años alejado de cualquier responsabilidad pública y al pago de 496.615 euros abonados por el Ayuntamiento por los trabajos ejecutados por Ruzafa SL.
Para los magistrados de la Sección Segunda queda claro que el exalcalde actuó «al margen de un expediente de contratación», como recoge el fallo, así como sin «proyecto técnico, memoria valorada, sin consignación presupuestaria previa» y sin disponer de un contrato «aprobado por el Ayuntamiento de Pego» en el año 2003, poco antes de abandonar la Alcaldía al frente de un partido independiente. Todo ello, además, «a sabiendas» de la situación.
Carlos Pascual se escudó durante el interrogatorio de las partes en la vista oral en los convenios con la Comunidad de Regantes de la Marjal Pego-Oliva, quien tiene competencia sobre los terrenos dotados de las infraestructuras, para defender su actuación. Además, negó haber encargado él mismo las obras.
LAS CLAVES
Pascual actuó sin previa consignación presupuestaria y sin disponer de un contrato
Las tierras donde se realizan los trabajos facturados no son de propiedad municipal
Los magistrados creen que el acusado no ha sustraído, ni consiente que un tercero lo haga, caudales públicos
Sin embargo, el magistrado ponente del fallo recuerda que Pascual declaró en instrucción que «de no hacerse las actuaciones por parte del Ayuntamiento» la empresa podría denunciarles. La Sala ve en dichas manifestaciones un reconocimiento implícito que efectivamente el encargo partió del exalcalde. Quien, además, «da el visto bueno» a las facturas que Ruzafa SL libró a cargo del Consistorio «estampando su firma» para que fueran abonadas.
El Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de las facturas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estimara en 2007 el recurso interpuesto por la mercantil responsable de las obras. Según Pascual, él solo daba fe de que los trabajos se llevaban a cabo pero, en ningún caso, autorizaba el desembolso.
El tribunal absuelve a Pascual por el delito que la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento, le reclamaba hasta cuatro años entre rejas. Los magistrados sostienen que el antiguo regidor no cometió malversación de caudales públicos, pues concluyen en la resolución que «es evidente que, en el caso que nos ocupa, el acusado no ha sustraído, ni consiente que un tercero sustraiga, caudales o efectos público a su cargo».
El exalcalde de Pego se libra, pese al revés judicial, de ingresar de nuevo en prisión, un destino que quería evitar a toda costa, como hizo patente con su declaración al final del juicio celebrado el 13 de abril: «He pasado siete años en la cárcel y no quiero volver, señorías». Además, la Sala aplica la atenuante de las dilaciones indebidas, pues el procedimiento se inició en 2008 y no ha sido hasta ocho años después cuando se ha dictado la sentencia.
Pascual ya cumplió una pena de seis años entre rejas por un atentado ecológico que afectó a 600 hectáreas del Parque Natural del Marjal Pego-Oliva entre 1996 y 1998, aunque también acumula otras condenas en la vía penal por otros delitos. Por el desastre en el paraje natural, la Audiencia Provincial, además de los años de cárcel, impuso al reo una indemnización de 1,2 millones de euros que sigue abonando a día de hoy.
las provincias
Para los magistrados de la Sección Segunda queda claro que el exalcalde actuó «al margen de un expediente de contratación», como recoge el fallo, así como sin «proyecto técnico, memoria valorada, sin consignación presupuestaria previa» y sin disponer de un contrato «aprobado por el Ayuntamiento de Pego» en el año 2003, poco antes de abandonar la Alcaldía al frente de un partido independiente. Todo ello, además, «a sabiendas» de la situación.
Carlos Pascual se escudó durante el interrogatorio de las partes en la vista oral en los convenios con la Comunidad de Regantes de la Marjal Pego-Oliva, quien tiene competencia sobre los terrenos dotados de las infraestructuras, para defender su actuación. Además, negó haber encargado él mismo las obras.
LAS CLAVES
Pascual actuó sin previa consignación presupuestaria y sin disponer de un contrato
Las tierras donde se realizan los trabajos facturados no son de propiedad municipal
Los magistrados creen que el acusado no ha sustraído, ni consiente que un tercero lo haga, caudales públicos
Sin embargo, el magistrado ponente del fallo recuerda que Pascual declaró en instrucción que «de no hacerse las actuaciones por parte del Ayuntamiento» la empresa podría denunciarles. La Sala ve en dichas manifestaciones un reconocimiento implícito que efectivamente el encargo partió del exalcalde. Quien, además, «da el visto bueno» a las facturas que Ruzafa SL libró a cargo del Consistorio «estampando su firma» para que fueran abonadas.
El Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de las facturas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estimara en 2007 el recurso interpuesto por la mercantil responsable de las obras. Según Pascual, él solo daba fe de que los trabajos se llevaban a cabo pero, en ningún caso, autorizaba el desembolso.
El tribunal absuelve a Pascual por el delito que la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento, le reclamaba hasta cuatro años entre rejas. Los magistrados sostienen que el antiguo regidor no cometió malversación de caudales públicos, pues concluyen en la resolución que «es evidente que, en el caso que nos ocupa, el acusado no ha sustraído, ni consiente que un tercero sustraiga, caudales o efectos público a su cargo».
El exalcalde de Pego se libra, pese al revés judicial, de ingresar de nuevo en prisión, un destino que quería evitar a toda costa, como hizo patente con su declaración al final del juicio celebrado el 13 de abril: «He pasado siete años en la cárcel y no quiero volver, señorías». Además, la Sala aplica la atenuante de las dilaciones indebidas, pues el procedimiento se inició en 2008 y no ha sido hasta ocho años después cuando se ha dictado la sentencia.
Pascual ya cumplió una pena de seis años entre rejas por un atentado ecológico que afectó a 600 hectáreas del Parque Natural del Marjal Pego-Oliva entre 1996 y 1998, aunque también acumula otras condenas en la vía penal por otros delitos. Por el desastre en el paraje natural, la Audiencia Provincial, además de los años de cárcel, impuso al reo una indemnización de 1,2 millones de euros que sigue abonando a día de hoy.
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