28/04/2016
El acto catalanista en la plaza de toros se realizó sin tener las autorizaciones
El PP fuerza a Jorge Rodríguez a condenar el vandalismo registrado en un concierto que logró el permiso de las barras de bebidas 2 días después de celebrarse
El PP en la Diputación de Valencia ha cerrado los dientes sobre el tema del concierto catalanista celebrado el pasado sábado en la plaza de toros de la capital del Turia, y no parece dispuesto a soltar la presa. Ayer, durante el pleno de la institución provincial, en el tiempo de ruegos y preguntas, la portavoz popular, Mari Carmen Contelles, interrogó al diputado de Asuntos Taurinos, Toni Gaspar, sobre las autorizaciones recabadas por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) para celebrar el evento, un debate tras el cual se pueden sacar dos conclusiones indubitables: en el expediente de la Diputación sobre el acto no consta la autorización otorgada para la celebración del espectáculo y el permiso para poder instalar las barras desde donde se despacharon bebidas no se oficializó hasta dos días después de la celebración del macroconcierto.
Durante un acto que, sobre el papel, se autorizó para celebrar el Día del Libro y la Diada del 25 de abril, se produjo el ataque a una escultura situada en el exterior de la plaza, la estatua al torero Manolo Montoliu, que fue pintada de rojo. La Diputación alega que ACPV se encargó de limpiarla con tal celeridad que antes de que terminasen las actuaciones ya se había retirado la pintura de la pieza, si bien se ignora qué protocolo se siguió (si es que se siguió alguno) para retirar la pintura del bronce.
Contelles, durante la crítica a las «irregularidades» encontradas, reprochó durante el pleno que nadie de la institución hubiese condenado el acto vandálico, lo que propició que, en mitad del debate, el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, hiciese una salvedad para señalar: «Que no se diga luego en prensa que he evitado condenar el ataque al patrimonio, así que lo hago de manera enérgica». El dirigente socialista ofreció su condena pública cuatro días después de que se produjese y apareciese incluso en los informativos nacionales, en lo que supone una nueva muestra de la pausada capacidad de reacción del PSPV respecto a las críticas del PP en este asunto.
En la respuesta por escrito (con fecha del 29 de enro) que la Diputación de Valencia dio a ACPV con motivo de la petición de reserva de la plaza, que se cedió gratuitamente por tratarse de un acto cultural (por los conciertos privados de artistas como Alejandro Sanz se cobran 11.000 euros, la institución provincial establece con claridad en su punto cinco que «para la realización del evento, el sujeto de la cesión se someterá a la ley de espectáculos públicos y habrá de presentar en la Diputación y con una antelación de tres días la autorización otrogada para la celebración del espectáculo». Sin embargo, en el expediente no figura esa autorización, que según fuentes conocedoras del procedimiento se libró por parte de la Generalitat el día 21 de abril dos días antes de celebrarse el concierto. Desde la Diputación se considera que la ausencia en el expediente de esta autorización es «algo normal» y que de cara al futuro se eliminará ese polémico punto cinco porque los permisos de la Generalitat se otorgan siempre a última hora, por lo cual la exigencia de presentar la autorización tres días antes es imposible de cumplir. Durante el debate, desde el PSPV se señaló que la institución provincial, dueña de la plaza, no es la responsable de librar ese documento, lo cual provocó que Contelles mostrase su preocupación de que, en el caso de que se produzca algún problema que requiera de reclamar una cobertura de las aseguradoras, las «irregularidades» puedan generar problemas a la corporación.
Lo que ya fue más difícil de justificar por parte de Gaspar fue que el permiso para colocar barras de bebidas en el concierto no se firmó hasta 48 horas después de la celebración del evento. Durante el pleno, el diputado de Asuntos Taurinos admitió que no había firmado la autorización el viernes, un día antes de celebrarse el concierto, sino este pasado lunes, dos días después del acto, si bien «todo estaba en regla, pues antes que yo tienen que firmar hasta siete personas más y todas ellas lo hicieron. Además, ACPV pagó por las barras en tiempo y forma (cerca de 5.000 euros), por lo que se trata de una formalidad». Contelles aprovechó la ausencia de firma que permitiese instalar las barras para reprochar a los socialistas que permitiesen la celebración de la actividad «sin que todo estuviese en orden y bien hecho».
Al margen de lo que se recaudase por el servicio de bebidas a través de las barras instaladas sin la autorización oficial, ACPV recaudó cerca de 100.000 euros por la venta de entradas a un acto en el que se reivindicó «hacer visible que un proyecto de País Valenciano de cambio y de futuro debe apostar de manera decidida por la lengua y la cultura, y traducir la apuesta en hechos concretos». Con un coso con el aforo completo y bajo el lema 'Festa per la Cultura', la plaza registró proclamas a favor de la independencia entre un público asistente entre el que se enarbolaban algunas banderas esteladas.
las provincias
Durante un acto que, sobre el papel, se autorizó para celebrar el Día del Libro y la Diada del 25 de abril, se produjo el ataque a una escultura situada en el exterior de la plaza, la estatua al torero Manolo Montoliu, que fue pintada de rojo. La Diputación alega que ACPV se encargó de limpiarla con tal celeridad que antes de que terminasen las actuaciones ya se había retirado la pintura de la pieza, si bien se ignora qué protocolo se siguió (si es que se siguió alguno) para retirar la pintura del bronce.
Contelles, durante la crítica a las «irregularidades» encontradas, reprochó durante el pleno que nadie de la institución hubiese condenado el acto vandálico, lo que propició que, en mitad del debate, el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, hiciese una salvedad para señalar: «Que no se diga luego en prensa que he evitado condenar el ataque al patrimonio, así que lo hago de manera enérgica». El dirigente socialista ofreció su condena pública cuatro días después de que se produjese y apareciese incluso en los informativos nacionales, en lo que supone una nueva muestra de la pausada capacidad de reacción del PSPV respecto a las críticas del PP en este asunto.
En la respuesta por escrito (con fecha del 29 de enro) que la Diputación de Valencia dio a ACPV con motivo de la petición de reserva de la plaza, que se cedió gratuitamente por tratarse de un acto cultural (por los conciertos privados de artistas como Alejandro Sanz se cobran 11.000 euros, la institución provincial establece con claridad en su punto cinco que «para la realización del evento, el sujeto de la cesión se someterá a la ley de espectáculos públicos y habrá de presentar en la Diputación y con una antelación de tres días la autorización otrogada para la celebración del espectáculo». Sin embargo, en el expediente no figura esa autorización, que según fuentes conocedoras del procedimiento se libró por parte de la Generalitat el día 21 de abril dos días antes de celebrarse el concierto. Desde la Diputación se considera que la ausencia en el expediente de esta autorización es «algo normal» y que de cara al futuro se eliminará ese polémico punto cinco porque los permisos de la Generalitat se otorgan siempre a última hora, por lo cual la exigencia de presentar la autorización tres días antes es imposible de cumplir. Durante el debate, desde el PSPV se señaló que la institución provincial, dueña de la plaza, no es la responsable de librar ese documento, lo cual provocó que Contelles mostrase su preocupación de que, en el caso de que se produzca algún problema que requiera de reclamar una cobertura de las aseguradoras, las «irregularidades» puedan generar problemas a la corporación.
Lo que ya fue más difícil de justificar por parte de Gaspar fue que el permiso para colocar barras de bebidas en el concierto no se firmó hasta 48 horas después de la celebración del evento. Durante el pleno, el diputado de Asuntos Taurinos admitió que no había firmado la autorización el viernes, un día antes de celebrarse el concierto, sino este pasado lunes, dos días después del acto, si bien «todo estaba en regla, pues antes que yo tienen que firmar hasta siete personas más y todas ellas lo hicieron. Además, ACPV pagó por las barras en tiempo y forma (cerca de 5.000 euros), por lo que se trata de una formalidad». Contelles aprovechó la ausencia de firma que permitiese instalar las barras para reprochar a los socialistas que permitiesen la celebración de la actividad «sin que todo estuviese en orden y bien hecho».
Al margen de lo que se recaudase por el servicio de bebidas a través de las barras instaladas sin la autorización oficial, ACPV recaudó cerca de 100.000 euros por la venta de entradas a un acto en el que se reivindicó «hacer visible que un proyecto de País Valenciano de cambio y de futuro debe apostar de manera decidida por la lengua y la cultura, y traducir la apuesta en hechos concretos». Con un coso con el aforo completo y bajo el lema 'Festa per la Cultura', la plaza registró proclamas a favor de la independencia entre un público asistente entre el que se enarbolaban algunas banderas esteladas.
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