04/05/2016
El Consell sepulta Gran Manises, el proyecto que preveía 9.000 viviendas
La comisión territorial de Urbanismo de la Conselleria de Vivienda ha dado carpetazo definitivo al Plan Parcial del PAI Gran Manises, un mastodóntico proyecto urbanístico que pretendía transformar 1,4 millones de metros cuadrados para construir más de 9.000 viviendas y torres de hasta doce alturas.
Once años después de echar a andar, el proyecto que implicaba, prácticamente, duplicar la población actual del municipio, queda cancelado definitivamente tras formalizarse este último trámite, y puesto que «ni la empresa constructora ni el propio ayuntamiento habían presentando alegaciones a la propuesta de cancelación del PAI realizada desde la Conselleria».
Según explicó ayer el alcalde Jesús Borrás con esa decisión «se cierra un proyecto urbanístico que Manises no se podía permitir porque era totalmente inviable, una barbaridad, por lo tanto estamos ante una noticia muy positiva para todos».
El proyecto iniciado en 2005 pretendía el despegue urbanístico de una extensa área de terreno calificado como no urbanizable, recalificándolo como terreno «urbanizable de uso global residencial. Se trataba de una superficie de 1.403.520 metros cuadrados donde se planteaba edificar 1.007.257 que serían residenciales, en torres de hasta 12 alturas donde se iban a crear más de 9.000 viviendas, con 67.150 metros cuadrados para uso terciario», lo que iba a suponer «en líneas generales duplicar la población actual», explicaron fuentes municipales.
Devorar territorio
El concejal de Urbanismo, Ángel Mora i Blasco, ha acogido con «entusiasmo» esta resolución que cierra «una época donde primaban la especulación y la codicia por encima de los intereses de los ciudadanos y la preservación del patrimonio medio ambiental».
Mora recalcó que este proyecto ha sido «una gran especulación urbanística realizada por el Partido Popular, llena de proyectos macrourbanísticos sin sentido ni límites de gasto y que devoraban el territorio sin tener en cuenta las consecuencias que podría suponer para las futuras generaciones».
En diciembre del año pasado la comisión territorial de Urbanismo acordó denegar la aprobación del expediente de homologación y plan parcial del proyecto. La mercantil promotora estaba participada por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y una de las empresas del constructor Enrique Ortiz, implicado en el caso Brugal.
La comisión de Urbanismo basó entonces su informe desfavorable en el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar y en que no se adecuaba al modelo territorial sostenible de la Generalitat, «contradiciendo con ello la normativa territorial y urbanística donde se promueve una proporcionada ocupación del suelo por los crecimientos urbanos y un modelo de ciudad compacta evitando una implantación urbanística dispersa».
Tampoco quedó justificada la viabilidad económica del plan. El director general de Ordenación del Territorio, Lluís Ferrando destacó entonces que estos proyectos no cabían «en la nueva política de racionalización del uso del suelo y no se ajustaban a las necesidades reales y de protección del medio ambiente». Además, la operación «era desproporcionada y estaba mal dimensionada».
El proyecto de Gran Manises cosechó durante varios años numerosas críticas por parte de colectivos ecologistas y formaciones políticas que tacharon la iniciativa de desproporcionada.
las provincias
Once años después de echar a andar, el proyecto que implicaba, prácticamente, duplicar la población actual del municipio, queda cancelado definitivamente tras formalizarse este último trámite, y puesto que «ni la empresa constructora ni el propio ayuntamiento habían presentando alegaciones a la propuesta de cancelación del PAI realizada desde la Conselleria».
Según explicó ayer el alcalde Jesús Borrás con esa decisión «se cierra un proyecto urbanístico que Manises no se podía permitir porque era totalmente inviable, una barbaridad, por lo tanto estamos ante una noticia muy positiva para todos».
El proyecto iniciado en 2005 pretendía el despegue urbanístico de una extensa área de terreno calificado como no urbanizable, recalificándolo como terreno «urbanizable de uso global residencial. Se trataba de una superficie de 1.403.520 metros cuadrados donde se planteaba edificar 1.007.257 que serían residenciales, en torres de hasta 12 alturas donde se iban a crear más de 9.000 viviendas, con 67.150 metros cuadrados para uso terciario», lo que iba a suponer «en líneas generales duplicar la población actual», explicaron fuentes municipales.
Devorar territorio
El concejal de Urbanismo, Ángel Mora i Blasco, ha acogido con «entusiasmo» esta resolución que cierra «una época donde primaban la especulación y la codicia por encima de los intereses de los ciudadanos y la preservación del patrimonio medio ambiental».
Mora recalcó que este proyecto ha sido «una gran especulación urbanística realizada por el Partido Popular, llena de proyectos macrourbanísticos sin sentido ni límites de gasto y que devoraban el territorio sin tener en cuenta las consecuencias que podría suponer para las futuras generaciones».
En diciembre del año pasado la comisión territorial de Urbanismo acordó denegar la aprobación del expediente de homologación y plan parcial del proyecto. La mercantil promotora estaba participada por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) y una de las empresas del constructor Enrique Ortiz, implicado en el caso Brugal.
La comisión de Urbanismo basó entonces su informe desfavorable en el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar y en que no se adecuaba al modelo territorial sostenible de la Generalitat, «contradiciendo con ello la normativa territorial y urbanística donde se promueve una proporcionada ocupación del suelo por los crecimientos urbanos y un modelo de ciudad compacta evitando una implantación urbanística dispersa».
Tampoco quedó justificada la viabilidad económica del plan. El director general de Ordenación del Territorio, Lluís Ferrando destacó entonces que estos proyectos no cabían «en la nueva política de racionalización del uso del suelo y no se ajustaban a las necesidades reales y de protección del medio ambiente». Además, la operación «era desproporcionada y estaba mal dimensionada».
El proyecto de Gran Manises cosechó durante varios años numerosas críticas por parte de colectivos ecologistas y formaciones políticas que tacharon la iniciativa de desproporcionada.
las provincias
