28/09/2017
El fiscal sostiene que existía una trama de facturas falsas en Unión Naval para lograr ayudas
La fiscalía mantuvo ayer la existencia de una trama de facturas falsas en los astilleros de Unión Naval para lograr captar fondos de la Unión Europea para cursos de formación. «La empresa no estaba bien económicamente. Toda esa facturación sólo pretendía captar inversiones. Nada tenía que ver con los cursos», resumió el fiscal en su informe. Elevó la petición de pena a los siete años y tres meses.
El responsable desgranó la supuesta operativa ilegal que se orquestó durante tres años (2008, 2009 y 2010) para lograr cerca de 350.000 euros extras. La acusación explicó el delito de estafa con el engaño que se produjo al alterar las facturas y enviarlas a la gerencia de la Unión Naviera -la entidad tramitaba las ayudas aunque el dinero procedía de la UE-. «Ellos tenían que demostrar que habían pagado por esa formación para reclamar la subvención. Pero la realidad es que no lo hicieron». Considera a los tres acusados autores, aunque el papel principal parece ser el del responsable de Recursos Humanos que trataba directamente con la empresa Progene, la mercantil que supuestamente impartió los cursos de formación.
La citada sociedad era de un trabajador de Unión Naval. «Necesitaba a alguien de allí y con una dependencia económica respecto a la mercantil» para que aceptara la ilícita propuesta. El entramado se desplomó tras una inspección de la Agencia Tributaria. Era tal cantidad de supuestas jornadas de formación, que el fiscal ironizó ayer con que el personal de la empresa «estaba todo el día recibiendo cursos en vez de construir barcos. Y eso que estaban en crisis». El fiscal no encuentra otra explicación a las licencias contables en la mercantil. «Nadie lleva esa facturación doble durante tres años». El astillero terminó cerrando en 2012. La Abogacía del Estado, por su parte, profundizó en la falsedad de los cursos. «Ni había profesores ni alumnos», resumió.
Las defensas rechazaron la versión anterior. Aclararon que ningún acusado se ha enriquecido personalmente con esas supuestas prácticas. El abogado de la exdirectora financiera negó la participación de su letrada y negó que el hecho de que llegara documentación a su atención le implique directamente en el asunto. Otro de los procesados, recordó que, de inicio, fue testigo. Y más tarde se le investigó por firmar en «tres documentos». También insistieron en que el denunciante -el dueño de Progene- había coaccionado a uno de los empleados con comunicar los hechos a la policía. Los acusados se enfrentan a seis años de cárcel por un delito de estafa y falsedad documental o incluso a siete años y tres meses si el tribunal aprecia un fraude de subvenciones.
las provincias
El responsable desgranó la supuesta operativa ilegal que se orquestó durante tres años (2008, 2009 y 2010) para lograr cerca de 350.000 euros extras. La acusación explicó el delito de estafa con el engaño que se produjo al alterar las facturas y enviarlas a la gerencia de la Unión Naviera -la entidad tramitaba las ayudas aunque el dinero procedía de la UE-. «Ellos tenían que demostrar que habían pagado por esa formación para reclamar la subvención. Pero la realidad es que no lo hicieron». Considera a los tres acusados autores, aunque el papel principal parece ser el del responsable de Recursos Humanos que trataba directamente con la empresa Progene, la mercantil que supuestamente impartió los cursos de formación.
La citada sociedad era de un trabajador de Unión Naval. «Necesitaba a alguien de allí y con una dependencia económica respecto a la mercantil» para que aceptara la ilícita propuesta. El entramado se desplomó tras una inspección de la Agencia Tributaria. Era tal cantidad de supuestas jornadas de formación, que el fiscal ironizó ayer con que el personal de la empresa «estaba todo el día recibiendo cursos en vez de construir barcos. Y eso que estaban en crisis». El fiscal no encuentra otra explicación a las licencias contables en la mercantil. «Nadie lleva esa facturación doble durante tres años». El astillero terminó cerrando en 2012. La Abogacía del Estado, por su parte, profundizó en la falsedad de los cursos. «Ni había profesores ni alumnos», resumió.
Las defensas rechazaron la versión anterior. Aclararon que ningún acusado se ha enriquecido personalmente con esas supuestas prácticas. El abogado de la exdirectora financiera negó la participación de su letrada y negó que el hecho de que llegara documentación a su atención le implique directamente en el asunto. Otro de los procesados, recordó que, de inicio, fue testigo. Y más tarde se le investigó por firmar en «tres documentos». También insistieron en que el denunciante -el dueño de Progene- había coaccionado a uno de los empleados con comunicar los hechos a la policía. Los acusados se enfrentan a seis años de cárcel por un delito de estafa y falsedad documental o incluso a siete años y tres meses si el tribunal aprecia un fraude de subvenciones.
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