06/07/2018
Los detenidos por el escándalo de la Diputación continúan en sus puestos
Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia, fue detenido el miércoles de la semana pasada junto a otras cinco personas en el marco de la 'Operación Alquería'. Además de Rodríguez, que renunció a principios de la semana a la presidencia provincial, están investigados en la causa Ricard Gallego, jefe de Gabinete de Presidencia; Jorge Cuerda, letrado de la institución provincial; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez; Xavi Simón, cogerente de Divalterra a propuesta del PSPV, y Agustina Brines, la segunda cogerente que representa a Compromís en la nueva Imelsa. Hoy, nueve días después, todos ellos menos Rodríguez, continúan a efectos prácticos en su puesto de trabajo y recibiendo un suelto de la Diputacióntal y como denunció el PP.
Como adelantó la Cadena Ser y confirmaron fuentes populares de la Diputación de Valencia, estas personas siguen en plenas facultades de sus funciones y pueden continuar desempeñando su trabajo. Esta situación es especialmente llamativa en los dos cogerentes de Divalterra. Simón, pese a que ha sido suspendido de militancia en el PSPV, continúa en su puesto y no ha mostrado intención de dimitir y cuenta con poderes para llevar a cabo contrataciones en la empresa provincial de un importe menor de 18.000 euros.
Por su parte, Brines, que anunció que se iba a apartar temporalmente del cargo, anunció el pasado viernes que dejaría temporalmente su puesto en Divalterra hasta que declare delante del juez. Tal y como indicó el miércoles Fran Ferri, portavoz de Compromís en Les Corts, Brines había solicitado una baja para hacer efectivo esta renuncia temporal. Desde el PP provincial indicaron ayer que, pese a que solicitaron saber a qué tipo de baja se iba a acoger Brines (médica o de otro tipo), no les quiso ser notificada y tuvieron que hacer llegar la pregunta por registro de entrada. Además, criticaron que una baja para delegar sus funciones temporalmente no está prevista por la normativa actual. Los otros tres cargos imputados que continúan en su puesto y que dependían directamente del expresidente de la Diputación de Valencia (Gallego, Cuerda y Reguart), también pueden seguir haciendo uso de sus funciones en sus respectivos puestos.
El cogerente socialista tiene facultades para firmar contratos de menos de 18.000 euros
Responsabilidad de Amigó
Ante la decisión de Rodríguez de dimitir como presidente provincial, todas sus funciones recayeron de manera temporal en María Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputación de Valencia y miembro de Compromís, tal y como informó el secretario de la institución. A efectos prácticos la principal consecuencia de esta delegación de funciones hasta que Toni Gaspar, el nuevo candidato socialista, sea investido presidente es que Amigó es la única que podría cesar a estas personas. Por lo que es decisión de la dirigente de Compromís que los imputados sigan desempeñando sus cargos y cobrando su respectiva remuneración.
El grupo popular de la Diputación de Valencia fue muy crítico con esta situación y subrayó que estos ceses ya se deberían haber producido. El PP también pidió coherencia a los socialistas y nacionalistas y recordó que cuando estallaron casos similares en su formación actuaron con los cargos de responsabilidad de manera contundente y desde el primer día. Por ello, consideraron que ha transcurrido un tiempo necesario para que las personas investigadas sean apartadas de sus puestos de responsabilidad.
Respecto a Divalterra, València en Comú (la marca blanca de Podemos en la capital de la Comunitat) reclamó ayer el cierre de Divalterra y el «vaciamiento progresivo» de la Diputación de Valencia en favor de la Generalitat Valenciana en las negociaciones para conformar al nuevo equipo de gobierno. La formación exigirá un plan para vaciar de competencias las diputaciones en favor del Consell y «cuando sea posible» de las mancomunidades y los ayuntamientos. «A la espera de las necesarias reformas legales que permitan eliminar el ente», también pedirá medidas encaminadas a la cesión de competencias a otras instancias «más transparentes, eficaces y con mayor legitimidad», según avanzó en un comunicado. El diputado Berto Jaramillo defendió que «las corporaciones provinciales desempeñan un papel importante para los municipios pequeños, pero esas competencias se podrían transferir».
las provincias
Como adelantó la Cadena Ser y confirmaron fuentes populares de la Diputación de Valencia, estas personas siguen en plenas facultades de sus funciones y pueden continuar desempeñando su trabajo. Esta situación es especialmente llamativa en los dos cogerentes de Divalterra. Simón, pese a que ha sido suspendido de militancia en el PSPV, continúa en su puesto y no ha mostrado intención de dimitir y cuenta con poderes para llevar a cabo contrataciones en la empresa provincial de un importe menor de 18.000 euros.
Por su parte, Brines, que anunció que se iba a apartar temporalmente del cargo, anunció el pasado viernes que dejaría temporalmente su puesto en Divalterra hasta que declare delante del juez. Tal y como indicó el miércoles Fran Ferri, portavoz de Compromís en Les Corts, Brines había solicitado una baja para hacer efectivo esta renuncia temporal. Desde el PP provincial indicaron ayer que, pese a que solicitaron saber a qué tipo de baja se iba a acoger Brines (médica o de otro tipo), no les quiso ser notificada y tuvieron que hacer llegar la pregunta por registro de entrada. Además, criticaron que una baja para delegar sus funciones temporalmente no está prevista por la normativa actual. Los otros tres cargos imputados que continúan en su puesto y que dependían directamente del expresidente de la Diputación de Valencia (Gallego, Cuerda y Reguart), también pueden seguir haciendo uso de sus funciones en sus respectivos puestos.
El cogerente socialista tiene facultades para firmar contratos de menos de 18.000 euros
Responsabilidad de Amigó
Ante la decisión de Rodríguez de dimitir como presidente provincial, todas sus funciones recayeron de manera temporal en María Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputación de Valencia y miembro de Compromís, tal y como informó el secretario de la institución. A efectos prácticos la principal consecuencia de esta delegación de funciones hasta que Toni Gaspar, el nuevo candidato socialista, sea investido presidente es que Amigó es la única que podría cesar a estas personas. Por lo que es decisión de la dirigente de Compromís que los imputados sigan desempeñando sus cargos y cobrando su respectiva remuneración.
El grupo popular de la Diputación de Valencia fue muy crítico con esta situación y subrayó que estos ceses ya se deberían haber producido. El PP también pidió coherencia a los socialistas y nacionalistas y recordó que cuando estallaron casos similares en su formación actuaron con los cargos de responsabilidad de manera contundente y desde el primer día. Por ello, consideraron que ha transcurrido un tiempo necesario para que las personas investigadas sean apartadas de sus puestos de responsabilidad.
Respecto a Divalterra, València en Comú (la marca blanca de Podemos en la capital de la Comunitat) reclamó ayer el cierre de Divalterra y el «vaciamiento progresivo» de la Diputación de Valencia en favor de la Generalitat Valenciana en las negociaciones para conformar al nuevo equipo de gobierno. La formación exigirá un plan para vaciar de competencias las diputaciones en favor del Consell y «cuando sea posible» de las mancomunidades y los ayuntamientos. «A la espera de las necesarias reformas legales que permitan eliminar el ente», también pedirá medidas encaminadas a la cesión de competencias a otras instancias «más transparentes, eficaces y con mayor legitimidad», según avanzó en un comunicado. El diputado Berto Jaramillo defendió que «las corporaciones provinciales desempeñan un papel importante para los municipios pequeños, pero esas competencias se podrían transferir».
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