30/09/2015
Parra e Izquierdo ocultaron al Banco de Valencia ser socios en negocios que financiaban
Los dos directivos utilizaron sociedades intermedias o empresas participadas por sus esposas para encubrir su vinculación con clientes
El ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra junto al ex director general de Bancaja, y durante unos meses presidente del Banco de Valencia (BdV), Aurelio Izquierdo ganaron 11,3 millones de euros «gracias a sus relaciones con clientes de Banco de Valencia» y ocultaron a la entidad su participación en empresas a las que financiaba.
Esta es la conclusión de los inspectores del Banco de España Luis Rubio y Juan Antonio Casado en un informe pericial presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en la investigación de varias de las operaciones de financiación llevadas a cabo por Banco de Valencia, que acabó siendo intervenido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el 21 de noviembre de 2011 y vendido por un euro a CaixaBank en 2012.
En su informe, los peritos explican que desde mayo de 2003 Parra e Izquierdo tuvieron una participación minoritaria, «de forma directa o indirecta a través de la sociedad IZPA» en la empresa de promoción inmobiliaria Capital Residencial, que fue constituida en abril de ese mismo año por el grupo de Vicente Llácer y Vicente Giner junto a familiares de ambos.
En enero de 2004, los hermanos de Calabuig Gimeno, socios del Banco de Valencia en Aguas de Valencia, adquirieron parte del capital social de esta firma a través de su empresa Galbis Inversiones, hasta que en 2009 el Grupo Llácer se hizo de nuevo con la totalidad de las participaciones de Capital Residencial. Los peritos precisan que la sociedad limitada Gestor Inversiones IZPA estaba participada por las esposas de Parra e Izquierdo, Esmeralda López y María Josefa Aznar. Además, los expertos advierten de que Domingo Parra y Aurelio Izquierdo utilizaron «sociedades intermedias para ocultar la participación que estaban llevando a cabo en las actividades empresariales inmobiliarias de determinados clientes del Banco de Valencia».
Concretamente, ocultaron que en el accionariado de Capital Residencial se encontraba su participada Capital Costa y que ellos recibían dividendos de esta última compañía. Los peritos ponen de relieve que el Banco de Valencia comenzó a financiar en un contexto de «bonanza» en 2006 a Capital Residencial, pero que la situación económica de esta empresa «empezó a torcerse un año después. A pesar de lo cual se aumentó el riesgo y únicamente a partir de 2009 el Banco de Valencia reestructura la deuda incorporando garantías pignoraticias y de socios, en consonancia con lo que venían haciendo las entidades financieras con los grupos inmobiliarios», según el informe al que ha acceso Europa Press.
«Las propuestas de financiación a Capital Residencial omitían la participación de los señores Parra e Izquierdo en Capital Residencial, tanto a titulo propio como a través de Capital Costa, propiedad a su vez de IZPA, lo que suponía un incumplimiento de la buena práctica bancaria, que obliga a que la entidad tenga constancia completa y correcta de los accionistas de las sociedades a las que concede financiación», con mayor motivo cuando esos socios son «sus máximos directivos».
Por último, ponen de manifiesto que el Grupo Calabuig «adquirió a IZPA activos que previamente había vendido a esta sociedad pagando un sobreprecio del 138% en función de unas expectativas de dudoso cumplimiento en un contexto de profunda crisis del sector inmobiliario en España y Portugal» y que Parra e Izquierdo obtuvieron la «mayor plusvalía» con el accionariado de Casa Amiga Portugal. El FROB interpuso varias querellas en la Audiencia Nacional centradas en el diseño y la aprobación, por parte de distintos exdirectivos de la entidad, de operaciones de financiación «verdaderamente ruinosas», principalmente negocios inmobiliarios a los que se aparejó la concesión de créditos presuntamente irregulares, y que depararon un elevado perjuicio económico al banco.
las provincias
Esta es la conclusión de los inspectores del Banco de España Luis Rubio y Juan Antonio Casado en un informe pericial presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en la investigación de varias de las operaciones de financiación llevadas a cabo por Banco de Valencia, que acabó siendo intervenido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el 21 de noviembre de 2011 y vendido por un euro a CaixaBank en 2012.
En su informe, los peritos explican que desde mayo de 2003 Parra e Izquierdo tuvieron una participación minoritaria, «de forma directa o indirecta a través de la sociedad IZPA» en la empresa de promoción inmobiliaria Capital Residencial, que fue constituida en abril de ese mismo año por el grupo de Vicente Llácer y Vicente Giner junto a familiares de ambos.
En enero de 2004, los hermanos de Calabuig Gimeno, socios del Banco de Valencia en Aguas de Valencia, adquirieron parte del capital social de esta firma a través de su empresa Galbis Inversiones, hasta que en 2009 el Grupo Llácer se hizo de nuevo con la totalidad de las participaciones de Capital Residencial. Los peritos precisan que la sociedad limitada Gestor Inversiones IZPA estaba participada por las esposas de Parra e Izquierdo, Esmeralda López y María Josefa Aznar. Además, los expertos advierten de que Domingo Parra y Aurelio Izquierdo utilizaron «sociedades intermedias para ocultar la participación que estaban llevando a cabo en las actividades empresariales inmobiliarias de determinados clientes del Banco de Valencia».
Concretamente, ocultaron que en el accionariado de Capital Residencial se encontraba su participada Capital Costa y que ellos recibían dividendos de esta última compañía. Los peritos ponen de relieve que el Banco de Valencia comenzó a financiar en un contexto de «bonanza» en 2006 a Capital Residencial, pero que la situación económica de esta empresa «empezó a torcerse un año después. A pesar de lo cual se aumentó el riesgo y únicamente a partir de 2009 el Banco de Valencia reestructura la deuda incorporando garantías pignoraticias y de socios, en consonancia con lo que venían haciendo las entidades financieras con los grupos inmobiliarios», según el informe al que ha acceso Europa Press.
«Las propuestas de financiación a Capital Residencial omitían la participación de los señores Parra e Izquierdo en Capital Residencial, tanto a titulo propio como a través de Capital Costa, propiedad a su vez de IZPA, lo que suponía un incumplimiento de la buena práctica bancaria, que obliga a que la entidad tenga constancia completa y correcta de los accionistas de las sociedades a las que concede financiación», con mayor motivo cuando esos socios son «sus máximos directivos».
Por último, ponen de manifiesto que el Grupo Calabuig «adquirió a IZPA activos que previamente había vendido a esta sociedad pagando un sobreprecio del 138% en función de unas expectativas de dudoso cumplimiento en un contexto de profunda crisis del sector inmobiliario en España y Portugal» y que Parra e Izquierdo obtuvieron la «mayor plusvalía» con el accionariado de Casa Amiga Portugal. El FROB interpuso varias querellas en la Audiencia Nacional centradas en el diseño y la aprobación, por parte de distintos exdirectivos de la entidad, de operaciones de financiación «verdaderamente ruinosas», principalmente negocios inmobiliarios a los que se aparejó la concesión de créditos presuntamente irregulares, y que depararon un elevado perjuicio económico al banco.
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