10/12/2015
Economía avala ahora Puerto Mediterráneo tras las críticas al proyecto
La Conselleria ratifica un informe emitido en julio de 2014 por el equipo de Buch sobre el potencial de este proyecto en materia de empleo e inversión
La Dirección General de Economía ha remitido un informe a la Conselleria de Territorio en el que ratifica el pronunciamiento favorable al macrocentro comercial Puerto Mediterráneo, proyectado por el grupo Intu Eurofund Investments en Paterna (Valencia), emitido en julio de 2014 por los anteriores responsables de ese departamento.
Esa iniciativa, que fue declarada Actuación Territorial Estratégica (ATE) por el anterior Consell, con el cambio de gobierno ha recibido múltiples críticas por parte de los nuevos responsables públicos, hasta el punto de ser tildado de «pelotazo con amiguitos» por el conseller de Economía, Rafael Climent.
A falta del último informe de urbanismo y de que la Comisión de Impacto Ambiental determine si la declaración ambiental es favorable o no, el proyecto contaba en julio con 39 informes favorables del Ministerio de Fomento, la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar, entre ellos el emitido por el equipo del exconseller Máximo Buch acerca del potencial del proyecto en materia de empleo, inversión, mejora de la imagen internacional de la Comunitat o incremento de los ingresos públicos municipales.
En octubre, a petición de la Conselleria que dirige María José Salvador, desde Economía se elaboró y remitió un nuevo documento que recoge que no han «encontrado información adicional que modifique el informe» realizado en julio y en el que se respaldaba ese proyecto, en línea con el objetivo estratégico del PP de «crear nuevos espacios terciarios y de ocio que, por su tamaño, características y presencia de firmas reconocidas internacionalmente sean capaces de mejorar la imagen de la Comunitat, tanto a nivel nacional como internacional».
En el informe del departamento de Climent, al que ha tenido acceso este diario, se argumenta no obstante que «sería conveniente tener en cuenta las valoraciones y pronunciamientos que puedan manifestarse desde otras instancias, tanto públicas como privadas, y de la ciudadanía en su conjunto», además de «contemplar y valorar la incidencia de esta ATE en infraestructuras existentes y su posible saturación o desbordamiento, así como conocer el coste y la viabilidad económica que representarían todas aquellas infraestructuras que hubiese que habilitar con objeto de dar respuesta a una intervención de esta índole».
Por este motivo, pide que se cree una comisión interdepartamental, en la que participen todos los colectivos ciudadanos afectado, grupos de interés en la economía local y representativos del comercio, administraciones locales y regionales con competencias en comercio para adoptar una decisión «consensuada y que estuviese avalada por un criterio de bienestar ciudadano».
Desde la Conselleria de Economía han insistido en repetidas ocasiones en que el proyecto no les gusta porque «representa un modelo de ocio, comercio y sociedad» muy distinto al suyo y que no atiende al interés social, aunque también han garantizado que «si legal y técnicamente cumple todos los requisitos, en estricto cumplimiento de la legalidad, se tendrá que hacer».
«Debe ir más allá»
En su informe plantean que si bien «tras la heridas de la crisis que todavía sufre la sociedad valenciana, es fácilmente comprensible la avidez social por lograr inversiones, de ahí que cualquier iniciativa se lea con laxitud y se trate de aplicar con inmediatez», la responsabilidad del Consell «debe ir más allá y escuchar y actuar en consecuencia con los intereses generales, más allá de una respuesta con criterios estrictamente economicistas que no tuviese en cuenta otros valores como la sostenibilidad de la inversión, el impacto medioambiental, la capacidad de carga territorial, la disponibilidad de infraestructuras y su accesibilidad, la perdurabilidad de los beneficios de una ATE de esta envergadura, el efecto social e incluso cultural».
las provincias
Esa iniciativa, que fue declarada Actuación Territorial Estratégica (ATE) por el anterior Consell, con el cambio de gobierno ha recibido múltiples críticas por parte de los nuevos responsables públicos, hasta el punto de ser tildado de «pelotazo con amiguitos» por el conseller de Economía, Rafael Climent.
A falta del último informe de urbanismo y de que la Comisión de Impacto Ambiental determine si la declaración ambiental es favorable o no, el proyecto contaba en julio con 39 informes favorables del Ministerio de Fomento, la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar, entre ellos el emitido por el equipo del exconseller Máximo Buch acerca del potencial del proyecto en materia de empleo, inversión, mejora de la imagen internacional de la Comunitat o incremento de los ingresos públicos municipales.
En octubre, a petición de la Conselleria que dirige María José Salvador, desde Economía se elaboró y remitió un nuevo documento que recoge que no han «encontrado información adicional que modifique el informe» realizado en julio y en el que se respaldaba ese proyecto, en línea con el objetivo estratégico del PP de «crear nuevos espacios terciarios y de ocio que, por su tamaño, características y presencia de firmas reconocidas internacionalmente sean capaces de mejorar la imagen de la Comunitat, tanto a nivel nacional como internacional».
En el informe del departamento de Climent, al que ha tenido acceso este diario, se argumenta no obstante que «sería conveniente tener en cuenta las valoraciones y pronunciamientos que puedan manifestarse desde otras instancias, tanto públicas como privadas, y de la ciudadanía en su conjunto», además de «contemplar y valorar la incidencia de esta ATE en infraestructuras existentes y su posible saturación o desbordamiento, así como conocer el coste y la viabilidad económica que representarían todas aquellas infraestructuras que hubiese que habilitar con objeto de dar respuesta a una intervención de esta índole».
Por este motivo, pide que se cree una comisión interdepartamental, en la que participen todos los colectivos ciudadanos afectado, grupos de interés en la economía local y representativos del comercio, administraciones locales y regionales con competencias en comercio para adoptar una decisión «consensuada y que estuviese avalada por un criterio de bienestar ciudadano».
Desde la Conselleria de Economía han insistido en repetidas ocasiones en que el proyecto no les gusta porque «representa un modelo de ocio, comercio y sociedad» muy distinto al suyo y que no atiende al interés social, aunque también han garantizado que «si legal y técnicamente cumple todos los requisitos, en estricto cumplimiento de la legalidad, se tendrá que hacer».
«Debe ir más allá»
En su informe plantean que si bien «tras la heridas de la crisis que todavía sufre la sociedad valenciana, es fácilmente comprensible la avidez social por lograr inversiones, de ahí que cualquier iniciativa se lea con laxitud y se trate de aplicar con inmediatez», la responsabilidad del Consell «debe ir más allá y escuchar y actuar en consecuencia con los intereses generales, más allá de una respuesta con criterios estrictamente economicistas que no tuviese en cuenta otros valores como la sostenibilidad de la inversión, el impacto medioambiental, la capacidad de carga territorial, la disponibilidad de infraestructuras y su accesibilidad, la perdurabilidad de los beneficios de una ATE de esta envergadura, el efecto social e incluso cultural».
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