26/01/2016
El laberinto de XarxaLlibres
«Marzà no sabe cómo resolver la chapuza de XarxaLlibres, que está creando numerosos conflictos con Hacienda, ayuntamientos y diputaciones». Así se expresó ayer la Portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, en referencia al plan autonómico de ayudas para libros de texto. Ante estas críticas, a las que se suman las vertidas recientemente por padres de alumnos, la formación solicitará la comparecencia conjunta en Les Corts del conseller de Educación y el de Hacienda, Vicent Soler.
«El PP apoya todas las medidas que mejoren la vida de las familias, pero no cometer ilegalidades a sabiendas», expuso Gascó. La portavoz popular critica que Marzà «ha decidido echar adelante y autorizar este modelo cumpliendo una ilegalidad, pese a los informes contrarios de Hacienda y ayuntamientos».
Según remarcó la responsable popular, «existen informes de directores generales de Educación al respecto que rozan la prevaricación». Justificó así la petición de comparecencia conjunta de los consellers «para tener claridad en un tema que preocupa mucho a los alcaldes».
Retirada de ayudas a libros en mal estado o citas precipitadas son algunas críticas de los progenitores
Y ahondó en sus críticas: «Mucho anuncio pero, tras cinco meses, la mayoría de las familias aún no ha visto un euro. Marzà presume de consenso y diálogo pero no se ha sentado con nadie sobre un programa que sigue generando dudas como la legalidad del mecanismo de pago, el banco de libros, la evaluación de su estado y la capacidad de los centros para ejecutarlo». Según Gascó, «por desgracia ya nos estamos acostumbrando a que todas las medidas en Educación se hacen por la puerta de atrás y sin consenso». Y puso el ejemplo del «modelo lingüístico único en el que están trabajando».
El arranque de XarxaLlibres ha estado salpicado de polémica. Tal y como informó LAS PROVINCIAS, el Ayuntamiento de Valencia pretende retirar la ayuda de los libros escolares, de hasta 300 euros, si se encuentran en mal estado. El consistorio exige a los padres el compromiso de reponer el material deteriorado, una condición que, sin embargo, no contempla la orden autonómica.
Las bases fijan el reintegro de las cantidades recibidas por el beneficiario si no se cumplen las condiciones. La Conselleria de Educación lo achaca a una «cuestión burocrática», pero se ha sembrado la duda entre progenitores. De hecho, las asociaciones de padres de alumnos han alertado de que las familias no participarán en el programa si en Valencia les obligan a reponer el material deteriorado.
Otras familias de estudiantes valencianos han lamentado las precipitadas citas para presentarse ante los equipos municipales que recogen la documentación de las solicitudes. O los ajustados turnos de dos minutos para cada padre en este trámite, resultado del escaso personal designado para esta función. A razón de 70 solicitudes en una hora.
las provincias
«El PP apoya todas las medidas que mejoren la vida de las familias, pero no cometer ilegalidades a sabiendas», expuso Gascó. La portavoz popular critica que Marzà «ha decidido echar adelante y autorizar este modelo cumpliendo una ilegalidad, pese a los informes contrarios de Hacienda y ayuntamientos».
Según remarcó la responsable popular, «existen informes de directores generales de Educación al respecto que rozan la prevaricación». Justificó así la petición de comparecencia conjunta de los consellers «para tener claridad en un tema que preocupa mucho a los alcaldes».
Retirada de ayudas a libros en mal estado o citas precipitadas son algunas críticas de los progenitores
Y ahondó en sus críticas: «Mucho anuncio pero, tras cinco meses, la mayoría de las familias aún no ha visto un euro. Marzà presume de consenso y diálogo pero no se ha sentado con nadie sobre un programa que sigue generando dudas como la legalidad del mecanismo de pago, el banco de libros, la evaluación de su estado y la capacidad de los centros para ejecutarlo». Según Gascó, «por desgracia ya nos estamos acostumbrando a que todas las medidas en Educación se hacen por la puerta de atrás y sin consenso». Y puso el ejemplo del «modelo lingüístico único en el que están trabajando».
El arranque de XarxaLlibres ha estado salpicado de polémica. Tal y como informó LAS PROVINCIAS, el Ayuntamiento de Valencia pretende retirar la ayuda de los libros escolares, de hasta 300 euros, si se encuentran en mal estado. El consistorio exige a los padres el compromiso de reponer el material deteriorado, una condición que, sin embargo, no contempla la orden autonómica.
Las bases fijan el reintegro de las cantidades recibidas por el beneficiario si no se cumplen las condiciones. La Conselleria de Educación lo achaca a una «cuestión burocrática», pero se ha sembrado la duda entre progenitores. De hecho, las asociaciones de padres de alumnos han alertado de que las familias no participarán en el programa si en Valencia les obligan a reponer el material deteriorado.
Otras familias de estudiantes valencianos han lamentado las precipitadas citas para presentarse ante los equipos municipales que recogen la documentación de las solicitudes. O los ajustados turnos de dos minutos para cada padre en este trámite, resultado del escaso personal designado para esta función. A razón de 70 solicitudes en una hora.
las provincias
