02/02/2016
La gestión de Císcar regresa al IVAM
El museo celebra con carácter de urgencia una reunión en la que se analizará el auto que imputa a la exdirectora por los sobrecostes en la compra de obras de arte
El consejo rector estudiará mañana cómo retirar a la exgerente el reconocimiento de directora honoraria
José Miguel G. Cortés no quiere hablar del pasado, desea cerrar etapas pretéritas y fijarse en el futuro. Sin embargo, la gestión de su predecesora sigue acaparando la actualidad del IVAM. Escribió Gustave Flaubert que «el pasado nos encadena», una máxima que guía algunas instituciones, como el museo valenciano. El pasado nunca pasa y el mandato de Consuelo Císcar, ahora investigado en sede judicial, tampoco.
Hace justo una semana el IVAM solicitó a la exgerente su dimisión como directora honoraria del museo «para evitar males mayores a la imagen y prestigio del IVAM». La pinacoteca, además, informó sobre la necesidad de «solicitar al consejo rector una reunión de carácter urgente y extraordinario para tratar este asunto», según un comunicado. «Este asunto» hace referencia al auto del 20 de enero de 2016 por el que el juzgado de instrucción número 21 investiga a Consuelo Císcar por presunta malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, delitos cometidos durante su gestión al frente del museo desde 2009 a 2013 y que quedaron reflejados en un sinfín de irregularidades recogidas en el informe de la Intervención General de la Generalitat. El equipo de confianza de la exdirectora, es decir, sus cuatro subdirectores, también son investigados por los supuestos delitos. Se trata de Juan Carlos Lledó, subdirector económico; Juan Bría, subdirector de gestión interna; Norberto Martínez, subdirector de publicaciones; y Raquel Gutiérrez, subdirectora técnico-artística. De los investigados Raquel Gutiérrez es la única que continúa trabajando en el museo.
Mientras el Consell Valencià de Cultura se toma su tiempo para elaborar un código ético que marque la pauta de sus miembros (tiene dos integrantes investigados en casos de presunta corrupción, Vicente Farnós y Consuelo Císcar, ambos propuestos por el PP), el IVAM ya ha movido ficha. Mañana se celebrará la reunión del consejo rector al que previsiblemente asistirá el conseller de Cultura, Vicent Marzà.
El equipo de Cortés no ha sido tibio respecto a la gestión de Consuelo Císcar. «La dirección del IVAM lamenta profundamente que la imagen del museo se vea dañada por esta causa judicial que corresponde al pasado y está en manos de la justicia. Al mismo tiempo, desea subrayar que el protagonismo del IVAM debe corresponder a su presente y a su futuro a través de sus programas expositivos y de sus actividades culturales».
Fue Joan Llinares, el primer y fugaz subdirector económico de Cortés, el encargado de arrojar luz sobre las cuentas del IVAM durante la etapa de Císcar. Llinares, incluso antes de que fuera el responsable de auditar el pasado económico del museo, siempre se mostró crítico con la gestión de Císcar. Ahora será un juzgado quien decida sobre el futuro de la investigada en función del informe de la Intervención General de la Generalitat y de otro elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).
El IVAM no tiene establecido un procedimiento para retirar los cargos distintivos de sus directores. Fue una decisión del órgano rector el que estableció en la década de los 90 que los exresponsables fueron distinguidos como directores honorarios. El consejo rector del museo abordará mañana por la tarde cómo regular la eliminación de tales honores e incluso puede que de la reunión se tome alguna decisión definitiva al respecto porque la imputación de Císcar es una cuestión que desagrada tanto a la Conselleria como al IVAM. De hecho fue el propio conseller el que firmó la personación de la Generalitat en la causa judicial.
Además de la situación de Císcar, el IVAM tiene otro frente abierto con Raquel Gutiérrez, técnico que trabaja actualmente en el museo y que fue subdirectora bajo el mandado de la exgerente. Ella también está investigada por la justicia y se le atribuyen los mismos delitos. Comisiones Obreras presentó un recurso contra la trabajadora porque después de ocupar la subdirección artística volvió a su plaza pese a que Gutiérrez no es funcionaria. El sindicato entiende que a la trabajadora no se le puede aplicar un beneficio propio del funcionariado y por eso recurrió la decisión de la empresa el pasado diciembre. La dirección anunció la semana pasada que abriría un expediente disciplinario a Gutiérrez.
En el auto judicial por el que se imputa a Císcar y a su equipo se recogen beneficios a artistas, facturas irregulares a favor del personal de confianza de Císcar y pagos injustificados a empresas. Todo por valor superior a más de siete millones de euros, es decir, se investiga un presunto desfalco cuya cantidad supera el presupuesto del IVAM para 2016, que asciende a 5,6 millones.
El juzgado número 21 investiga la adquisición de 63 obras a Espacio Tao, gestionado por Gao Ping -presunto cabecilla del «caso Emperador»-; la compra-donación de 77 piezas de Gerardo Rueda, de las que 33 obras no figuran en el patrimonio del museo; sobrecostes en publicaciones; y gastos no justificados de representación pública. Lledó y Gutiérrez formaban parte de la Comisión de Adquisición de Obras Artísticas (CAOA), el área «donde mayores quebrantos económicos se ha cometido».
Como circunstancia curiosa, la investigación la lleva el mismo juzgado -diferente juez- que en su día instruyó el caso contra Rafael Blasco, marido de Císcar. Sí coincide, en cambio, el fiscal encargado de ejercer la acusación contra el exconseller que finalmente resultó condenado a seis años.
las provincias
El consejo rector estudiará mañana cómo retirar a la exgerente el reconocimiento de directora honoraria
José Miguel G. Cortés no quiere hablar del pasado, desea cerrar etapas pretéritas y fijarse en el futuro. Sin embargo, la gestión de su predecesora sigue acaparando la actualidad del IVAM. Escribió Gustave Flaubert que «el pasado nos encadena», una máxima que guía algunas instituciones, como el museo valenciano. El pasado nunca pasa y el mandato de Consuelo Císcar, ahora investigado en sede judicial, tampoco.
Hace justo una semana el IVAM solicitó a la exgerente su dimisión como directora honoraria del museo «para evitar males mayores a la imagen y prestigio del IVAM». La pinacoteca, además, informó sobre la necesidad de «solicitar al consejo rector una reunión de carácter urgente y extraordinario para tratar este asunto», según un comunicado. «Este asunto» hace referencia al auto del 20 de enero de 2016 por el que el juzgado de instrucción número 21 investiga a Consuelo Císcar por presunta malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, delitos cometidos durante su gestión al frente del museo desde 2009 a 2013 y que quedaron reflejados en un sinfín de irregularidades recogidas en el informe de la Intervención General de la Generalitat. El equipo de confianza de la exdirectora, es decir, sus cuatro subdirectores, también son investigados por los supuestos delitos. Se trata de Juan Carlos Lledó, subdirector económico; Juan Bría, subdirector de gestión interna; Norberto Martínez, subdirector de publicaciones; y Raquel Gutiérrez, subdirectora técnico-artística. De los investigados Raquel Gutiérrez es la única que continúa trabajando en el museo.
Mientras el Consell Valencià de Cultura se toma su tiempo para elaborar un código ético que marque la pauta de sus miembros (tiene dos integrantes investigados en casos de presunta corrupción, Vicente Farnós y Consuelo Císcar, ambos propuestos por el PP), el IVAM ya ha movido ficha. Mañana se celebrará la reunión del consejo rector al que previsiblemente asistirá el conseller de Cultura, Vicent Marzà.
El equipo de Cortés no ha sido tibio respecto a la gestión de Consuelo Císcar. «La dirección del IVAM lamenta profundamente que la imagen del museo se vea dañada por esta causa judicial que corresponde al pasado y está en manos de la justicia. Al mismo tiempo, desea subrayar que el protagonismo del IVAM debe corresponder a su presente y a su futuro a través de sus programas expositivos y de sus actividades culturales».
Fue Joan Llinares, el primer y fugaz subdirector económico de Cortés, el encargado de arrojar luz sobre las cuentas del IVAM durante la etapa de Císcar. Llinares, incluso antes de que fuera el responsable de auditar el pasado económico del museo, siempre se mostró crítico con la gestión de Císcar. Ahora será un juzgado quien decida sobre el futuro de la investigada en función del informe de la Intervención General de la Generalitat y de otro elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).
El IVAM no tiene establecido un procedimiento para retirar los cargos distintivos de sus directores. Fue una decisión del órgano rector el que estableció en la década de los 90 que los exresponsables fueron distinguidos como directores honorarios. El consejo rector del museo abordará mañana por la tarde cómo regular la eliminación de tales honores e incluso puede que de la reunión se tome alguna decisión definitiva al respecto porque la imputación de Císcar es una cuestión que desagrada tanto a la Conselleria como al IVAM. De hecho fue el propio conseller el que firmó la personación de la Generalitat en la causa judicial.
Además de la situación de Císcar, el IVAM tiene otro frente abierto con Raquel Gutiérrez, técnico que trabaja actualmente en el museo y que fue subdirectora bajo el mandado de la exgerente. Ella también está investigada por la justicia y se le atribuyen los mismos delitos. Comisiones Obreras presentó un recurso contra la trabajadora porque después de ocupar la subdirección artística volvió a su plaza pese a que Gutiérrez no es funcionaria. El sindicato entiende que a la trabajadora no se le puede aplicar un beneficio propio del funcionariado y por eso recurrió la decisión de la empresa el pasado diciembre. La dirección anunció la semana pasada que abriría un expediente disciplinario a Gutiérrez.
En el auto judicial por el que se imputa a Císcar y a su equipo se recogen beneficios a artistas, facturas irregulares a favor del personal de confianza de Císcar y pagos injustificados a empresas. Todo por valor superior a más de siete millones de euros, es decir, se investiga un presunto desfalco cuya cantidad supera el presupuesto del IVAM para 2016, que asciende a 5,6 millones.
El juzgado número 21 investiga la adquisición de 63 obras a Espacio Tao, gestionado por Gao Ping -presunto cabecilla del «caso Emperador»-; la compra-donación de 77 piezas de Gerardo Rueda, de las que 33 obras no figuran en el patrimonio del museo; sobrecostes en publicaciones; y gastos no justificados de representación pública. Lledó y Gutiérrez formaban parte de la Comisión de Adquisición de Obras Artísticas (CAOA), el área «donde mayores quebrantos económicos se ha cometido».
Como circunstancia curiosa, la investigación la lleva el mismo juzgado -diferente juez- que en su día instruyó el caso contra Rafael Blasco, marido de Císcar. Sí coincide, en cambio, el fiscal encargado de ejercer la acusación contra el exconseller que finalmente resultó condenado a seis años.
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